El pasado 27 de marzo la Legislatura neuquina aprobó un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, con el voto de prácticamente todo el arco patronal. Se trata de la ley N.º 3.498 que “implementa el Instituto de Ficha Limpia”. Dicha ley introduce un cambio sustancial sobre un principio básico del derecho burgués: el de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. De esta forma, personas sin condena alguna, puede perder sus derechos electorales, y aún electas, pueden ser impedidas de asumir el cargo para el cual fueron electas.

El artículo 2º, inciso a) hace perder estos derechos, si la persona está sometida a “medidas restrictivas de la libertad”. Un concepto genérico, que puede incluir, por ejemplo, un arresto temporario por alguna banalidad o una prohibición de ausentarse de la provincia. Una medida muy práctica para el poder de turno para ser aplicada arbitrariamente en fechas de presentación de candidaturas, con causas armadas y truchas.

No hace falta que la persona esté sometida a “prisión preventiva” como establecía antes la ley electoral, sino que ahora se generaliza a cualquier “medida restrictiva de la libertad”. Otra situación puede darse con la famosa “demora en averiguación de antecedentes” tan utilizada por el aparato judicial y policial.
Pero, además, en el inciso j) se inhabilita a una persona a ser electo y también a ser proclamado una vez electo, si la persona ha “sido beneficiada con una suspensión de juicio a prueba”, en los términos de artículo 76º bis del Código Penal Nacional. “Esta inhabilitación es de carácter perpetuo”, dice la ley de “Ficha Limpia”. O sea de allí en adelante para el resto de su vida.

El uso del aparato judicial en función de los intereses y objetivos de los gobiernos de turno es el instrumento que estos tienen en sus manos como herramienta proscriptiva circunstancial de opositores patronales, pero fundamentalmente para ser utilizada contra las candidaturas de luchadores y la izquierda.

Es muy sintomático, que la audiencia se formulación de cargos de la causa trucha armada por el fiscal Pablo Vignaroli contra el FOL y militantes de izquierda, se haya postergado a último momento dos veces, y recién se haya realizado una vez que la Legislatura votó esa ley llamada de “Ficha Limpia”, que modifica la ley electoral vigente hasta ese momento.

De esta manera la casta que tiene el poder real, tiene un arma poderosa contra quienes disputen su poder o sean referentes de luchas sindicales, sociales, etc.

Se trata de una cuestión muy grave.

… y contradictoria

La ley neuquina de “Ficha Limpia” inhabilita perpetuamente a una persona “beneficiada” por la suspensión del juicio a prueba, pero según el artículo 76º bis del Código Penal Nacional, la persona no puede optar por solicitar la suspensión del juicio a prueba si el delito incluía pena de inhabilitación.
Es decir, si a una o un neuquino se le otorga la suspensión del juicio a prueba no se libra a perpetuidad de su inhabilitación electoral, pero como ciudadano argentino, solo pierde el derecho a suspender el juicio a prueba, si la sentencia incluye únicamente una inhabilitación. La Legislatura neuquina ha votado un gran bucle legal.

Ahora bien, la suspensión del juicio a prueba la establece el artículo 76º del Código Penal Nacional de acuerdo a las “leyes procesales correspondientes”. El Código Procesal Penal de la provincia del Neuquén, dice que “la persecución penal podrá ser suspendida cuando al imputado pueda corresponderle una pena de ejecución condicional y no se trate de un delito doloso imputado a un funcionario público en el ejercicio de su cargo o por razón de él”.

Para el Código neuquino no corresponde la suspensión de juicio a prueba cuando la condena sea por “delito doloso” y que sea cometido por un “funcionario público en el ejercicio de su cargo o por razón de él”. Para el resto de los mortales la suspensión de juicio a prueba tiene validez. Pero llamativamente, la ley de “Ficha Limpia”, introduce una modificación a tono con la campaña de la causas truchas de la Fiscalía, ya que cualquier mortal empadronado en la provincia, si suspende el juicio a prueba, no puede ser candidata/o para cargos electivos, aunque no sean “funcionarios públicos”.

Este es un aspecto central, porque tiene abierta relación con la actuación del Ministerio Público Fiscal contra las organizaciones sociales, sus dirigentes y militantes de la izquierda, si optaran por el derecho que le otorga el artículo 76º del Código Penal Nacional.

El intento del fiscal Vignaroli

En el período de la transición entre la victoria electoral del actual gobernador Rolando Figueroa sobre el exgobernador Omar Gutiérrez, se “destapó” un infame negociado de recaudación para la corona que ejecutaba desde el ministro de Desarrollo Social y altos funcionarios, hasta un equipo de punteros que oficiaban de cobradores de planes sociales “truchos”. Con bombos y platillos, la defraudación al fisco fue convenientemente hecha pública hacia octubre de 2.023.

Pero … para el Ministerio Público Fiscal, esa maniobra de defraudación no era una novedad. Más bien era un delito que ya tenía siete años de trajinar por la justicia provincial. Es que en el año 2016, una empleada del Ministerio de Desarrollo Social había realizado una denuncia en la causa Nº 69.463 “Montoya Isabel Natalia s/ denuncia malversación fondos públicos” (Minuto Neuquén, 15/10/2023), la que tramitó ante el fiscal Marcelo Jara, quien la terminó archivando. Mucho de los denunciados beneficiados con ese archivo, finalmente fueron los mismos imputados luego en la causa que estalló en 2023.

Unos de los imputados en 2023 confirmó que la estafa arrancó en el año 2016, e involucró en ella al actual intendente capitalino, Mariano Gaido, al entonces gobernador Omar Gutiérrez (cuyo vice en esa época era el actual gobernador Rolando Figueroa). También involucró a funcionarios del Banco Provincia, incluso a un diputado del MPN y otros. Pero respecto a estos funcionarios el fiscal Vignaroli se apresuró a desechar las imputaciones. Como sabemos, para este Fiscal cuando le conviene al poder de turno, las denuncias “no son tan lineales” o “carecen de sustento”.

Pero no se priva de pretender ligar la causa trucha contra las organizaciones sociales, con la causa del fraude ejecutado por los funcionarios del ministerio, ya que la fiscalía ha dicho que citará como testigos en la causa contra las organizaciones sociales, a los funcionarios involucrados en la anterior causa. ¿Sería muy equivocado suponer que a cambio que hundan a los luchadores por lo que digan como testigos en la causa contra los “zurdos”, les alivie la situación en la que están imputados? Todo puede ser en el mundo tenebroso y trenzero del aparato judicial.

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