Uno de los mitos más difundidos respecto al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que habilita el fundamento para hacer pasar la impunidad a los genocidas y el reforzamiento represivo, es la tesis de que la dictadura militar es la resultante de la “guerra contra el terrorismo” de las guerrillas armadas: un planteo que justifica el asesinato sistemático contra el activismo obrero y estudiantil por parte del Estado. El ejemplo más reciente de esta orientación es el de Javier Milei, cuyos legisladores porteños acaban de presentar un proyecto negacionista.

Este mito supone reivindicar el accionar represivo y criminal del Estado para combatir la supuesta guerrilla armada. La teoría de los dos demonios es indulgente con el accionar genocida, considerándolo un “mal necesario” y exculpando a los responsable materiales e intelectuales de estos crímenes de lesa humanidad.

Pero se trata de un mito difundido, justamente, con este propósito, que no responde a los hechos históricos. Al momento del golpe de Estado del 76 los diversos grupos guerrilleros preexistentes se encontraban desarticulados por el accionar de la Triple A y por sus propias contradicciones políticas.

Además, si uno revisa los archivos disponibles, la mayor parte de las y los desaparecidos eran trabajadores y activistas obreros, seguidos por activistas y militantes estudiantiles. Lo que contrasta con la ausencia de un “ejército” enemigo, que supondría una guerra.

La represión militar no apuntaba a “liquidar la guerrilla armada” sino a sistematizar el exterminio de la vanguardia sindical, obrera y militante, que ofrecía resistencia a las medidas de ajuste de los sucesivos gobiernos de facto y democráticos, y que impedía avanzar a fondo con nuevas medidas antiobreras que instauraría la dictadura militar a la fuerza. El objetivo era terminar con la generación obrera protagonista del Cordobazo, o lo que el dirigente radical Balbín denominó “la guerrilla fabril”.

La base de este discurso es la impunidad de los genocidas de la dictadura, con un aparato que se recicló con la democracia y que se benefició de la Obediencia Debida, Punto Final y el indulto.

La dictadura cívico-militar tuvo como sustrato la defensa de los intereses de una burguesía que no ha sido juzgada por su responsabilidad, y que ha transmutado la forma de llevar sus asuntos con la transición democrática, pero preservando el legado antiobrero del régimen de facto.

Este 24 de marzo movilizamos con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y con el Partido obrero en el Frente de Izquierda contra la impunidad de ayer y de hoy, por cárcel para los genocidas y para que no avancen los discursos negacionistas que buscan allanar el camino a una mayor represión contra el pueblo trabajador.