Los precios internacionales del gas y el petróleo ya estaban altos, en el marco de la crisis energética. La invasión a Ucrania terminó de disparar la cotización de los hidrocarburos, ya que en ambos casos Rusia es la segunda mayor productora del mundo. Esto agrava el peso del déficit energético de Argentina, que debe importar gas para satisfacer la demanda interna y que a la vez compra en el exterior combustibles -que podrían producirse en el país, pero se prioriza el negocio de exportación de los pulpos petroleros. Se redoblan las presiones por una hoja de ruta de tarifazos y naftazos, es decir que los platos rotos los vamos a pagar los consumidores.

El gas es el principal insumo de toda la matriz energética de nuestro país, por lo que su alza encarece todo el esquema de generación de energía (más aún cuando la sequía afecta la producción hidroeléctrica). Esto opera como un dedo en la llaga ante el intento de reducir los subsidios al sector, como demanda el FMI, y golpea a su vez sobre la balanza comercial que es la única fuente de divisas con que el gobierno pretende dar garantías de repago de la deuda -se estima que las importaciones en este ítem demandarían al menos 4.000 millones de dólares, y que la factura será mayor si la suba se mantiene.

La producción de gas en Argentina alcanza para satisfacer aproximadamente algo menos de tres cuartas partes de la demanda interna, y el resto debe importarse. Ya antes de que sonaran los primeros misiles en suelo ucraniano el precio que se pagaba por importar gas natural licuado era tres veces superior al promedio del año pasado, y se proyecta que en 2022 crezca 15% la cantidad de buques que traigan el fluido desde el exterior. Así las cosas, el monto de los tarifazos promete ser mucho más alto que el 20% con que apenas debuta el esquema “transitorio” de boletas de gas y luz.

También repercute la escalada de los precios del petróleo, con el barril traspasando la barrera de los 100 dólares. El hecho puso al desnudo lo leonino de la política de incentivos a los pulpos petroleros. La Secretaría de Energía debió convocar a las empresas del sector para atender una crisis en puerta en torno al abastecimiento de combustibles, porque con esa cotización internacional las compañías como la yanqui Chevron o Tecpetrol (del grupo Techint) priorizan exportar el crudo, embolsando casi el doble de lo que pagan las refinadoras locales.

Es un negocio que contó con incentivo oficial el año pasado, permitiendo la venta al extranjero de hasta casi un tercio de la producción (2021 cerró con un aumento interanual del 45% en las exportaciones de combustibles, según Indec). La operación se hace a costa de YPF, que debe importar crudo para cubrir la demanda de sus refinerías. Ahora el costo de esto es prohibitivo, y tanto Raizen (Shell) como Trafigura (Puma) acusaron dificultades para abastecerse. La reunión en Energía apenas sirvió para que funcionarios plantearan el problema… para dejarlo librado a que lo resuelvan las compañías entre sí.

La crisis quedó así abierta. La política propetroleras del gobierno es reticente a tocar este negoción, cuando para incentivar a que abandonen la huelga de inversiones ya les otorga subsidios como el Plan Gas, y les promete una ley de beneficios impositivos y hasta flexibilización del cepo cambiario para que puedan girar sus ganancias en dólares al exterior. El primer efecto será un sendero de nuevos naftazos, tras la suba del 9% de este mes y la que rondaría el 7% en marzo.

Hay otros dos agravantes que presionan por nuevos aumentos. El primero es que la devaluación del peso aleja cada vez más lo que ganan las petroleras por exportar el crudo que por venderlo adentro. El segundo es que el conflicto en Europa del Este también mantiene en récords la cotización internacional de la soja y el maíz, base del biodiésel y el bioetanol, y por lo tanto las productoras de biocombustibles salieron a reclamar la suba de sus precios (están regulados por el Estado, y ya vienen con un cronograma de incrementos mensuales que vence en marzo).

El rumbo de naftazos y tarifazos permanentes es una muestra no solo de que el acuerdo con el FMI implica un ajuste frontal contra la población trabajadora, sino que además representa una orientación colonial que nos deja de rodillas ante el gran capital y las oscilaciones de un mercado mundial caracterizado por la crisis y las confrontaciones entre potencias. La inviabilidad de este esquema evidencia la justeza de la consigna que liga el rechazo a esta confiscación con el reclamo de la apertura de los libros de las empresas al control obrero, y el planteo de salida de nacionalizar toda la industria energética y el comercio exterior para que la renta de exportación -aprovechando los menores costos locales- sea invertida en un desarrollo en función de las necesidades sociales y productivas del país.

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