Políticas
19/6/2026
La Hidrovía se la queda la privatizada de siempre y la rapiña yanqui
Seguirá la concesión en manos de la multinacional que durante 30 años garantizó el saqueo, el contrabando, la subfacturación y el narcotráfico.
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Hidrovía sigue operada por la belga Jan de Nul.
El gobierno nacional adjudicó la privatización de la Hidrovía, con una concesión por 25 años al consorcio liderado por la multinacional belga Jan de Nul en asociación con la local Servimagnus, en un negocio millonario donde además está en juego la disputa de intereses norteamericanos en la guerra comercial contra China y el control de la principal vía fluvial de salida de granos y minerales –declarados y sin declarar- y de funcionamiento de los puertos privados por donde se mueve el narcotráfico, colocando nuevamente intereses estratégicos del país en manos del capital privado.
La contienda de la concesión de dio entre el consorcio ganador y otra empresa belga Dredging Environmental and Marine Engineering (Deme), con fuerte sustento norteamericano, con pliegos y propuesta similares, terminando el gobierno de inclinarse por la conocida Jan de Nul, empresa que ya tuvo a su cargo la concesión desde 1996 hasta 2021 y que siguió operando hasta la fecha, hizo negocios fabulosos durante el boom de las exportaciones de soja en los 90 y posteriormente de los negocios y recursos mineros.
Por la Hidrovía circulan el 80% de las exportaciones y se ubican alrededor de 60 terminales portuarias, lo que la convierte en la principal ruta logística del país y en un recurso estratégico de intereses para las potencias mundiales e imperialistas, que llegaron a esta licitación desenvolviendo una pelea a fondo por el control de la misma.
La perdidosa Deme denunció a su competidora Jan de Nul como una empresa vinculada con capitales chinos, lo que tuvo que ser “desmentido” por esta con algo más que declaraciones, solicitando una reunión con el embajador norteamericano Peter Lamelas y comprometiéndose con el gobierno yanqui a que la tecnología, dragas e insumos a utilizar provendrán de proveedores occidentales y, particularmente, norteamericanos.
Se estima que solamente en lo económico estamos ante un negocio que supera los 15.000 millones de dólares, con un compromiso de rebaja inicial de las tarifas de peaje, que luego de las obras y la inversión pactada pasarán a superar la tarifa previa (4,30 dólares por tonelada de registro neto), llegando primero a 4,65 dólares y luego a 5,78 dólares.
Todo esto sin considerar la dimensión no declarada de un negocio donde abunda el contrabando y las cargas no declaradas y la operatoria desde puertos privados que son la ruta preferencias de gran parte del narcotráfico, a quienes el gobierno nacional le facilita la tarea con nulos o escasos controles.
Al continuar con la privatización de esta vía estratégica de comunicación y logística el gobierno renuncia a controlar un recurso fundamental de la economía y la seguridad nacional, poniéndolo en manos de empresas subordinadas a los intereses del capital internacional. Cabe destacar que la adjudicataria Jan de Nul fue a pedir la bendición del embajador norteamericano en la Argentina, y no así de las autoridades locales, poniendo de manifiesto de a quien le rinde cuenta la patronal al frente de la Hidrovía. Además, Estados Unidos condicionó previamente todo el proceso, modificando la licitación para evitar la intromisión China.
Tampoco queda claro que la reunión con Lamelas implique un aislamiento total de los intereses chinos, cuando gran parte de las exportaciones que circulan por la Hidrovía tienen como destinatario final al país oriental, aunque es de esperarse que la batuta la lleven desde los Estados Unidos, en un acuerdo precario donde subsisten intereses de ambos lados. Por más relato que Milei construya, el presidente de la Nación no puede desentenderse de uno de sus principales financistas y socios comerciales.
Que haya ganado la misma empresa que obtuvo la licitación en los '90 plantea la existencia de una continuidad saqueadora, administrando todos los mecanismos de subfacturación, contrabando y fuga en beneficio de los agronegocios, la minería y otros rubros, tanto legales como ilegales.
El comercio exterior argentino es puesto por este gobierno en manos de los intereses y las disputas del capital imperialista, y bajo el control de los intereses privados, subordinando toda política económica y de seguridad a los cómplices de la evasión y el narcotráfico, mientras se persigue a los trabajadores y se allanan los barrios populares en ciudades como CABA para montar una falsa política “antinarco”.
Es necesaria la nacionalización del comercio exterior bajo control obrero, para que ésta esté al servicio del desarrollo del país y la satisfacción de las necesidades sociales.
