Tanto Sergio Massa, como Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, quienes plantean la baja de la edad de imputabilidad, están relacionados a los peores negocios delictivos. Quieren descargar sobre la juventud una responsabilidad por la situación de inseguridad que recae fundamentalmente en el Estado y los partidos patronales. Los vínculos narco con las fuerzas del régimen salen permanentemente a la luz.

El desarrollo del narcotráfico en Tigre no habría podido tener lugar sin la complicidad de la gestión de Massa, que estuvo cuatro años al frente de su municipio. En la zona norte, el fiscal Claudio Scapolán, de San Isidro, fue destituido por su colaboración con bandas narco; gozaba, según diversas fuentes (inclusive Horacio Verbitsky), de la protección de Massa. Elisa Carrió denunció que otro de los protectores de Scapolán fue Cristian Ritondo.

Pullaro, el amigo de Larreta, fue denunciado por su propia competidora en la interna, Carolina Losada, por proteger a la narco policía santafesina desde su lugar como ministro de Seguridad del gobernador Miguel Lifschitz. Pullaro ha bancado a Alejandro Druetta, jefe de Drogas Peligrosas bajo su gestión, quien fue organizador de una red narco.

La droga pasa por los puertos privados, que toda la política capitalista defiende, o a través de las fronteras con la complicidad de Gendarmería nacional, de los intendentes y de las fuerzas de seguridad provinciales.

La Masacre de Monte, uno de los casos de gatillo fácil más resonantes de los últimos tiempos, mostró la podredumbre de los políticos capitalistas y sus fuerzas de seguridad. Los jóvenes acribillados por la Bonaerense habrían visto a los efectivos de esa fuerza realizando maniobras relacionadas con la venta de drogas, lo que habría desencadenado la persecución que terminó en el asesinato de los cinco menores.

La exintendenta de San Miguel del Monte, Sandra Mayol, que intervino en persona para garantizar la impunidad, pertenece al Frente Renovador de Massa. Y la exgobernadora María Eugenia Vidal y su ministro de Seguridad Ritondo se encargaron de proteger a la Policía Bonaerense.

Que Massa tenga esta postura sobre el régimen penal juvenil, asimismo, deja en offside a Juan Grabois, que dice representar los intereses de los sectores más golpeados del país pero su candidatura funcionará como la colectora de un hombre que quiere encarcelar a los hijos de las familias obreras.

En definitiva, como dijo Gabriel Solano, precandidato a presidente por el Frente de Izquierda Unidad, “el debate sobre el régimen penal juvenil muestra la basura que son las fuerzas políticas que nos vienen gobernando”. El dirigente del Partido Obrero sostuvo que “los que defienden la propuesta de endurecer este régimen penal juvenil, que ya es totalmente represivo, son los mismos responsables de que el 60% de los menores de 16 años estén en condiciones de pobreza”.

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