09/04/2021

La imputación del gobierno a las alimenticias, mucho ruido y pocas nueces

La gestión oficial permite que las empresas sorteen la regulación estatal sobre los precios sistemáticamente.

La Secretaría de Comercio Interior imputó a las alimenticias Bagley, Mondelez y Pepsico, por incumplir con el Sistema de Fiscalización de Rótulos y Etiquetas (Sifre). Las empresas vienen presentando en las góndolas, con un empaquetado idéntico,  tanto los productos que forman parte de los programas Precios Cuidados y Precios Máximos, como los que están por fuera de las regulaciones estatales. Esta práctica busca confundir a los consumidores con el objetivo de que terminen comprando los productos más caros. El gobierno alza la voz sobre lo mencionado anteriormente, sin embargo, permite que avance todo el resto de las maniobras que utilizan las patronales para eludir el control de precios.

No se ha tomado ninguna medida oficial contra el desabastecimiento de los productos con precios regulados que provocan las empresas de la alimentación. Tampoco contra los cambios de rótulos, o el lanzamiento de productos novedosos con mínimas modificaciones para quitarlos de la lista de Precios Máximos. Incluso, las alimenticias han procedido a disminuir la calidad de los productos incluidos en los programas de control de precios, sin que eso redundara en una penalización.

El carácter tamizado del control estatal sobre los precios ha dado como resultado un aumento del 22,8% de la Canasta Góndola y del 45% de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) en el transcurso del 2020. Con acuerdos salariales que cerraron muy por detrás de ese porcentaje, sumado a la desocupación creciente, las subas en los alimentos han creado una realidad devastadora: según datos del Indec, solo en el Área Metropolitana de Buenos Aires, 1 de cada 3 familias redujo el consumo de alimentos durante la pandemia; mientras que 4,7 millones de personas en el país no llegan a cubrir con sus ingresos lo que está estipulado en la CBA. No existe en el horizonte ninguna política gubernamental que apunte a revertir este escenario, por el contrario, Alberto Fernández no está dispuesto siquiera a reponer el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) ante la llegada de la segunda ola de la pandemia, dado que los compromisos con el FMI son una prioridad en su agenda.

Es el propio gobierno, además, es quien se ha encargado de ir desmantelando el Programa de Precios Máximos de manera paulatina. Sufrió un aumento del 13% el año pasado y fue reduciendo la cantidad de productos susceptibles a regulaciones en tres oportunidades. Por otra parte, distintos funcionarios se encargan de remarcar constantemente la transitoriedad del programa y la intención de eliminarlo en algún momento, como respuesta a los reclamos empresariales. De concretarse ese anuncio, el cuadro inflacionario del país -que ronda el 5% mensual- se agravaría considerablemente.

De más está decir, que las hortalizas y las frutas carecen de precios regulados, los cuales se dispararon un 58% y 64,4% respectivamente el año pasado. A  su vez, el Acuerdo de Precios para la Carne, sancionado luego de haber dejado pasar aumentos del 74% en un año, que estipula el descuento de un 30% en los cortes más representativos, no evitó que la carne aumentara un 55,6% en el 2020.

A partir de este mes rige la iniciativa del Sistema Operativo para Implementación de Políticas de Reactivación Económica (Sipre), una suerte de registro oficial donde las empresas deberán volcar un informe sobre sus ventas, stock y precios.  A pesar de lo limitado de la medida, puesto que no releva los costos reales de producción, las grandes alimenticias ya anunciaron acciones legales para no brindar la información requerida. Si tomamos el ejemplo de lo que ocurrió con «Aporte Solidario a las Grandes Fortunas», donde finalmente el Estado tan solo recaudará el 10% de lo que tenía proyectado, podemos adivinar perfectamente el destino del Sipre, con un gobierno acostumbrado a ceder sistemáticamente frente al gran capital.

Así las cosas, la pretensión por parte de la Secretaría de Comercio Interior de sancionar a este puñado de empresas por trasgredir las normas vigentes de rotulación y etiquetado, no es más que una aguja en un pajal de mecanismos a través de los cuales las patronales logran burlar las regulaciones sobre los precios, sin recibir reprimenda alguna por parte del gobierno. Por sobre todas las cosas, es un acto de demagogia que busca ocultar que la gestión de Alberto Fernández, no solo no tomará resoluciones de fondo a fin de controlar la suba de los precios provocada por la ambición patronal, sino que su política le echa leña al fuego continuamente a la inflación, a través de naftazos, emisión monetaria, reponiendo el IVA y devaluando la moneda.

La apertura de los libros de toda la cadena comercial para evaluar los costos reales, junto con la nacionalización bajo control obrero del comercio exterior, aparecen como medidas fundamentales para que la inflación deje de pulverizar los ingresos de los trabajadores. Así como también, romper con el FMI y repudiar el conjunto de la deuda, nacionalizando la banca bajo control obrero, en función de preservar el ahorro nacional y cortar el drenaje que trae aparejado la fuga de capitales.

 

 

       

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