Como era de preverse, la inflación de julio fue la más alta de todo el año, ubicándose en el 7,4% mensual. A su vez, en siete meses del 2022 acumuló un aumento del 46,2% y del 71% en términos interanuales. De este modo, continúa la suba irrefrenable de precios que erosiona los ingresos de la población trabajadora.

Los datos se desprenden del último informe del Indec, el cual arroja que los índices inflacionarios más altos en el mes de julio se registraron en el rubro recreación y cultura (13%) y en equipos y mantenimiento del hogar (10%).

Es preciso señalar que el gobierno promovió el salto inflacionario, ya que en julio impactaron los aumentos en los precios regulados como en la boleta de agua, en los servicios de telefonía, internet y televisión y en las cuotas de las prepagas. En ese sentido, promete agravar la situación con los cambios fijados en la segmentación tarifaria en función quitarle los subsidios a una mayor cantidad de boletas de luz y gas, como parte de la hoja de ruta trazada por el FMI.

De más está decir que No solo que fracasaron todas las políticas gubernamentales para controlar los precios, tales como el fideicomiso del trigo o el programa Precios Cuidados, acerca del cual el nuevo secretario de Comercio anunció sin sonrojarse que prepara una “versión light”.

Por otro lado, en la inflación de julio se hicieron sentir las consecuencias de la corrida, ya que muchas empresas se valieron de la ampliación de la brecha cambiaria para remarcar los precios utilizando como referencia el dólar paralelo. Al mismo tiempo, los pulpos agroexportadores trasladaron los altos precios internacionales de las materias primas al mercado interno, encareciendo los alimentos, con la intención de obtener en el país los mismos beneficios que les reporta vender al exterior.

El gobierno da vía libre a estas prácticas desde el momento en que deja en manos de los capitalistas los resortes económicos -como la banca y el comercio exterior. Por el mismo motivo es incapaz de contrarrestar las presiones que viene ejerciendo el mercado sobre el tipo de cambio, con lo cual, de producirse una devaluación, los efectos sobre los precios y las tarifas serían brutales. En ese sentido, el economista Álvarez Agis estimó que si se procede a devaluar la moneda en un 50%, la inflación anual treparía al 113%, una cifra insoportable para el bolsillo popular.

Como manotazo de ahogado, Alberto Fernández convocó nuevamente a empresarios y representantes sindicales para establecer un acuerdo de precios y salarios por 60 días. Una maniobra remanida que solo busca ponerle coto a las paritarias y abonar a la teoría de que los salarios serían inflacionarios como pretexto para pisotearlos más todavía, con la complicidad de la burocracia sindical. Mientras tanto, los precios seguirán su curso y el gobierno ni siquiera atinará a abrir los libros de las empresas para escudriñar cuáles son los costos reales.

A todo esto, la caída del salario real no se detiene: en el primer semestre fue del 1,8% en general y del 8,3% en el sector privado no registrado. Por su parte, las jubilaciones quedaron 7 puntos por debajo de la inflación en ese período y 12 puntos por detrás del incremento de la Canasta Básica Alimentaria (CBA). Asimismo, mientras la CBA varió un 41% entre enero y junio, el índice salarial lo hizo en un 34,3%.

Frente a la escalada inflacionaria es necesario pelear por aumentos salariales indexados, un mínimo de $180 mil y trabajo bajo convenio para todxs. El índice récord de julio demuestra la urgencia del paro nacional y el plan de lucha.