10/11/2020
TUCUMÁN

La justicia tucumana en crisis

La movilización popular contra los jueces, fiscales y funcionarios que abandonan a las mujeres a su suerte es una obligación para todas las organizaciones que se consideren del campo popular.

A pesar de la pandemia y el cierre parcial de los tribunales provinciales, los escándalos en la justicia tucumana no han dejado de florecer, todos ellos apuntan a un poder judicial corrompido y enfrascado en una crisis de la cual todavía no podemos determinar su alcance.

El juez que debió intervenir para salvaguardar a Paola Tacacho, una de las últimas víctimas de un femicidio en la provincia, es uno de los tantos jueces sospechados de carecer de independencia alguna y que juegan sus fallos en función de los dictámenes de la casa de gobierno. Pisa es parte de un entramado judicial en el cual los magistrados, fiscales y defensores oficiales, manipulan causas a gusto y piacere, todo condicionado a las necesidades del poder político de turno.

Existen numerosos casos en los cuales ha primado la impunidad, algunos cobraron más difusión que otros. El caso de Paulina Lebbos y su entramado de encubrimiento desde el poder judicial es uno de los más aberrantes con el fiscal Albaca a la cabeza que mantuvo la causa paralizada durante años, este personaje que luego fue removido e imputado por numerosos delitos, finalmente cumplió con su cometido, a saber, mantener la causa dormida una cantidad de tiempo suficiente como para que su correcta investigación sea ya imposible. Pruebas desaparecidas, testigos que ya no recuerdan nada, otros que murieron y algunos a los cuales ya es imposible recurrir; en resumen se consumó la impunidad.

La causa por abuso que se sigue contra el senador Alperovich es también parte de la descomposición general en la que se encuentra la justicia tucumana. A principio de año fue ascendido el juez que interviene en la causa, Facundo Maggio. Esto a pesar de las constantes impugnaciones por parte de los organismos de derechos humanos por su actuación como defensor de genocidas y reivindicando el terrorismo de estado. Maggio casualmente también fue uno de los intervinientes en las causas de las valijas de la legislatura, allí actuó para archivar una de las causas que involucraron a Manzur. Maggio trato de derivar la causa Alperovich a Buenos Aires para sacarla de la presión de las movilizaciones de mujeres en Tucumán, por ahora ha fracasado en ese intento, pero hay que decir que si triunfa en adormecerla todo lo posibles. Durante la pandemia la causa Alperovich no ha avanzado ni un centímetro.

Un tercer caso notorio es el que involucra a un miembro de la corte provincial, Daniel Leiva. Hace unos meses un juez que se desempeña como vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción hizo una denuncia contra un miembro de la corte. En la denuncia plantea que el magistrado le pidió en una conversación presencial que intervenga para “manejar la intensidad” de la causa que reza contra Ricardo Bussi por acoso sexual a una empleada suya. Sucede que Bussi juega como aliado del gobierno provincial en la legislatura y en el concejo deliberante de la capital, esto no es novedad para nadie, lo que sí es novedoso es que en el marco de la interna desatada entre Manzur y Jaldo el apoyo del defensor de genocidas puede jugar un rol. Luego de que se conocieran públicamente los audios donde el integrante de la Corte hace este pedido en nombre de Manzur y Jaldo se desató una batalla legal en la provincia en la que intervino el juez Pisa (si, el mismo juez responsable por el asesinato de Paola Tacacho) para determinar que los audios no son prueba válida y así desmantelar la causa con contra el integrante de la corte. Luego de su accionar a favor del poder político y contra las mujeres Pisa presentó la renuncia y solicitó acogerse al 82% que rige para los jueces, una salida de impunidad al servicio del estado.

Está perfectamente claro que el régimen político en la provincia está en una absoluta decadencia, su armado es obra de los sucesivos gobiernos. Cuatro de los cinco miembros de la Corte Provincial fueron funcionarios de Manzur o de Alperovich, lo mismo con el Ministro Fiscal que fue funcionario y armador del PJ por décadas. Jueces en todos los niveles tienen que pasar por el tamiz de la casa de gobierno para conseguir un cargo, en especial cuando se trata del fuero penal donde se juegan las causas de mayor peso. Jueces como Pisa son moneda corriente en la provincia, exigirles juicio político para destituirlos es solo una parte de la lucha. Recordemos que el juicio político debe ser tramitado en la legislatura, dónde priman los misóginos y contrarios a los derechos de la mujeres.

La movilización popular contra los jueces, fiscales y funcionarios que abandonan a las mujeres a su suerte es una obligación para todas las organizaciones que se consideren del campo “popular”. Alperovich, Manzur y Jaldo han armado un poder judicial a su antojo, todo con la anuencia de las distintas alas del PJ, por eso desde el Partido Obrero planteamos que los jueces y fiscales deben ser electos por el voto popular y revocables. A un régimen de miseria y opresión hay que oponerle una salida obrera y socialista.

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