Como hemos reflejado en estas páginas, la sesión que aprobó el Presupuesto 2022 de la provincia de Buenos Aires estuvo atravesada por extensas negociaciones que derivaron en un pacto entre el Frente de Todos y Juntos. Entre los elementos de negociación, uno de los más resonantes fue el acuerdo para habilitar que 94 Intendentes peronistas, macristas y radicales, pudieran ir por su re-re-elección en el 2023.

La habilitación del tratamiento sobre tablas de ese proyecto precisaba más de dos tercios de la cámara. Los votos se reunieron gracias a la mayoría de los diputados del bloque del Frente de Todos y de Juntos, como también por dos de los tres diputados de Avanza Libertad, que dieron el quórum pero luego, cuando sus votos no fueron necesarios, votaron en contra.

Pero eso no fue todo. Horas después de la sesión, aunque parezca mentira, se dio a conocer el texto final del Presupuesto provincial, que ya había sido aprobado. La letra final del acuerdo por la Ley de Re-re-elecciones y por la Ley de Presupuesto se selló horas antes de la votación y solo tuvieron acceso a él quienes participaron en la negociación. Mientras tanto, al conjunto de los bloques las autoridades de la cámara les enviaron un enlace vacío y el viejo proyecto de Ley de Presupuesto, sin los nuevos artículos.

¿En qué consisten las modificaciones al Presupuesto?

Al analizar los artículos agregados al proyecto del Ejecutivo, queda claro el motivo por el cual el texto final fue escondido por ambos sectores de una supuesta “grieta” que no es tal. El grueso de las modificaciones están colocadas en el capítulo dedicado a los municipios, donde se agregan 11 artículos a los solo 5 que tenía el proyecto original.

De esta forma, se suman al acuerdo por las re-re-elecciones distintos artículos que estipulan recursos para manejo discrecional de los intendentes y hasta el perdón a sanciones que pudieran recaer sobre los municipios o funcionarios por diversos motivos. La restitución del “Fondo de Infraestructura Municipal”, que otorga 17 mil millones de pesos a los municipios, y que Kicillof había omitido adrede, forma parte del pacto.

En su artículo 41, por ejemplo, se otorga la potestad al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires a no imponer sanciones previstas frente a ejercicios deficitarios en los municipios. Dentro del artículo 43, se exime de sanciones “a aquellos funcionarios que hubieran autorizado recursos afectados independientemente de su origen para un destino distinto al asignado (…)”.

Es decir, si un intendente hubiera utilizado el Fondo de Infraestructura para organizar festivales, o vaya a saber uno para qué, todo bien. No importa si la población sigue sin acceso a las cloacas o no funciona la iluminación en las calles.

En cuanto al Fondo Educativo, que estaba en el proyecto presentado en noviembre, se perpetúa una situación de larga data. La propia “Ley de leyes”, año tras año, estipula que solo un porcentaje de ese fondo se dirija a la infraestructura escolar (nuevos edificios, arreglos, mobiliario). El resto, cada intendente tiene vía libre para aplicarlo en “otros posibles destinos” relacionados a la educación. Esta es, digamos, la “teoría”, porque en la práctica hemos visto cómo esos fondos se convierten en verdaderas cajas negras, mientras nuestras escuelas atraviesan una grave crisis de infraestructura.

Enfrentemos este pacto

La letra chica del acuerdo sellado en la Legislatura reafirma la justeza de haber establecido una oposición desde un punto de vista de los trabajadores a todo este paquete. Las movilizaciones callejeras, como también la intervención de los Diputados del Frente de Izquierda, marcan un contrapunto real frente a la falsa “grieta” de los ajustadores.

En ese sentido, tomó trascendencia el rechazo de nuestra bancada no solo al Presupuesto de ajuste y endeudamiento, sino también al acuerdo por la re-re-elección de los intendentes. Como señaló Guillermo Kane en su intervención, “un frente de los intendentes del PJ, el PRO y la UCR metieron en el debate cómo extender el mandato de los intendentes, en lugar de discutir cómo resolver la situación crítica que atraviesa la provincia”.

La denuncia de este pacto debe ser llevada a todos los terrenos. En ese sentido, es un error el voto de abstención de la diputada Graciela Calderón de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda a la re-re-elección, el cual no refleja una comprensión común de este problema. No corresponde la abstención en este capítulo de la crisis política en la provincia, sino el rechazo al acuerdo político entre el PJ, la UCR y el PRO para extender el mandato de los intendentes. Tenemos que oponernos claramente a este pacto que busca la auto-preservación de un aparato de opresión contra el pueblo en cada distrito. No hay ninguna duda, además, del carácter anti-democrático del acuerdo que fue suscripto por estas fuerzas. De nuestra parte, ratificamos el voto en contra a ese proyecto y al Presupuesto y Ley Impositiva que se trataron.

Desde nuestra bancada en la Legislatura, como en cada lugar de trabajo y de estudio y en cada barrio, organizaremos el rechazo a este pacto espurio entre el Frente de Todos y Juntos y reforzaremos la pelea contra el ajuste, por una salida de los trabajadores a la crisis nacional y provincial.