El gobierno logró colar en las sesiones extraordinarias del Congreso la denominada “ley de barras” que aumenta las penas para los delitos ya contemplados en la legislación e incorpora otros nuevos. De todas maneras, el aún proyecto de ley (finalmente se tratará el 18 en Diputados) es de una avanzada superficial contra esas patotas y lejos está de atacar a fondo todo el entramado de los barrabravas.

El centro del articulado está puesto en la respuesta penal a los elementos “agresivos” que provoquen desmanes en los espectáculos futbolísticos o ingresen con armas, a los que comercialicen entradas o ingresen sin ellas y a los trapitos “cuidacoches”.

En una muestra del carácter oportunista de la iniciativa, el proyecto penaliza, puntualmente, “al que impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes e instalaciones afectadas a los mismos hacia o desde los estadios con motivo o en ocasión del espectáculo futbolístico”.

Un dato del articulado: las penas por ingresar armas o artefactos explosivos a un estadio de fútbol o para quien “en grupo, mediante el empleo de violencia o intimidación, alterare el normal desarrollo de un espectáculo futbolístico” (2 a 6 años de cárcel) son menores que las que corresponden por la venta de entradas adulteradas (2 a 8 años). Y los “trapitos”, que suelen ser miembros menores de las barras o autorizados por estas, pueden recibir una pena de hasta 4 años de prisión si exigen una suma determinada de dinero.

Aunque estos y los de las entradas son algunos de negocios que le proveen sus ingresos, la trama de las barras va mucho más allá. Manejan negocios legales e ilegales de montos suculentos, tienen vínculos aceitados con los dirigentes de los clubes, con burócratas sindicales, dirigentes políticos e intendentes y relaciones también aceitadas con sectores de la Justicia.

Nada de esto aparece ni de costado en el articulado del proyecto. Los integrantes de las barras son útiles y utilizados por dirigentes, políticos, funcionarios y burócratas sindicales (Mariano Ferreyra). Y no se trata de morderse la cola.

La ley fue justificada por el ataque que sufriera el micro que transportaba a los jugadores de Boca hacia el estadio de River. Este argumento ya incluye un encubrimiento y es que el ataque se produjo en el marco del “territorio liberado” por las fuerzas de seguridad que estaban en la zona para evitar, justamente, que no se produjeran incidentes.

Como quedó claro con los audios que el periodista Gustavo Grabia emitió al aire en el marco de un reportaje a Patricia Bullrich, la Prefectura –que depende de la ministra del gatillo fácil– desoyó el pedido de que desalojara el lugar. Ese es el cuadro en el que se produce la agresión y que los coloca como los principales responsables de la misma. 

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Si efectivamente los agresores son miembros de la barra de River, ni el gobierno ni la justicia han hecho nada para identificarlos y detenerlos. Hasta ahora, solo un hincha aislado (ya liberado), que nadie vincula con la barra, ha sido detenido por tirar piedras ese día, aunque la agresión se le adjudica a más de una decena de “inadaptados” de la barra.

El gobierno intenta, por un lado, recomponerse de la crisis que le provocara el desmadre que produjo el ataque a piedrazos y que llevó a la renuncia del ministro de Seguridad porteño, como resultado del cruce de factura. En la iniciativa, es clarificador, ha sido nuevamente acompañado por buena parte de PJ y el Frente Renovador que se propone como “oposición para el 2019”.

Por el otro, se monta en la generalizada bronca con los delincuentes de las barras por parte de los hinchas genuinos que van a la cancha a ver los partidos y sufren las consecuencias del accionar de aquellos.

Pero, además, se sube a este sentir popular, potenciado hoy por las consecuencias que tuvo el ataque al micro sobre el desarrollo del partido Boca-River, para colocar un elemento más de justificación del accionar represivo oficial.

Los barras tienen presencia permanente en todos los clubes y sus dirigentes son personajes públicos. Macri fue durante 12 años presidente de Boca y convivió con los Di Zeo y los Mazzaro. No tienen ninguna voluntad de ir a fondo para terminar con ellos.

Con el marco de una crisis económica y política que se profundiza día a día y que genera un creciente repudio obrero y popular, el gobierno apuesta a una campaña electoral “bolsonarista”. En este cuadro se inscribe la ley de barras.

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