Sorpresivamente, en los inicios de esta semana se conoció un comunicado del gobierno convocando a las cuatro entidades del campo, Aapresid, Crea, la Mesa de Enlace y a las empresas semilleras a debatir para sacar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) reflotando de alguna manera el proyecto cuyo tratamiento se frustró en las Cámaras.

Llamó la atención la iniciativa por parte de un gobierno en retirada, que perdió estrepitosamente las elecciones (2.063.202 votos abajo). Persiste en un intento de beneficiar a un puñado de grandes empresas semilleras con recursos millonarios, hundiendo al país sólo en defensa de los intereses de quienes lo sustentaron.

Sin embargo, tanto las gremiales del campo, como los semilleros, consideraron que no era el momento ni la manera y por lo tanto el gobierno desistió. Es probable que estas entidades ya den por muerto al actual gobierno y prefieran esperar la nueva composición del Congreso y discutir con el próximo.

La modificación de la Ley de Semillas ha sido un tema complicado para el Gobierno. En diciembre de 2015, tuvo que afrontar un conflicto con la multinacional Monsanto y convencer a la empresa de que desistiera de hacer controles privados en los puertos para detectar si la soja tenía una tecnología suya resistente a insectos. Luego, en 2018, emitió un dictamen que limita el uso propio  y lo grava, salvo para pueblos originarios, agricultores familiares y productores que no superen un nivel de $4,8 millones de facturación.

Durante el presente año, volvió a intentar darle tratamiento en las Cámaras y sin llegar a perder el estado parlamentario, tuvo que ceder ante la negativa de la oposición de acompañarlo.

Hoy la venta de semillas fiscalizadas de soja, ronda el 20% de la superficie que se siembra, y el valor alcanza aproximadamente los US$200 millones, pero con la ayudita del gobierno ese valor podría ascender a unos US$1000 millones. Esto principalmente al consagrar la protección del derecho del obtentor y el pago de regalías.

Las empresas semilleras vienen amenazando que no largarán nuevas tecnologías hasta que no haya un marco regulatorio que proteja la propiedad intelectual. Pero eso no se ha verificado.

La preocupación por modificar la Ley de Semillas no es sólo del gobierno macrista. Desde 2012 existen intentos sistemáticos por modificar la ley, con la intención de brindarle mayor certidumbre a las empresas biotecnológicas y restringir el denominado “uso propio” de las semillas. Los proyectos conocidos tienen como objetivo cercenar la práctica de los productores agrarios de guardar, conservar, intercambiar y reproducir sus propias semillas. Es prácticamente un hecho que el próximo gobierno reflotará este proyecto, quizás con alguna modificación pero manteniendo las regalías.

Las semillas colocan al productor ante una gran dependencia del capital financiero y aún mucho más cuando se aplique un proyecto de ley reemplazando a la actual.

El PO sostiene la necesidad de un plan de industrialización y de desarrollo nacional basado en las necesidades de los trabajadores, ese es el pilar para un verdadero avance de la ciencia. Esto supone un centro de investigación y producción de semillas en manos del Estado y bajo control de trabajadores y técnicos, la nacionalización de los latifundios y el arrendamiento en favor de cooperativas, campesinos y trabajadores sin tierra que defiendan un interés colectivo del cuidado del ambiente y de la salud de la población. El problema no es la semilla sino el régimen social.