El jueves 4 de enero, a pesar de que las sesiones extraordinarias estuvieran convocadas desde el 26 de diciembre, hubo por primera vez actividad en el Congreso Nacional. Se trató de la conformación de cuatro comisiones, tres de las cuales son necesarias para la aprobación de la ley ómnibus enviada por el Poder Ejecutivo.

El gobierno busca la imposición de un nuevo régimen político y normativo, modificando más de 300 leyes sobre la base de dos iniciativas concretas: la ley en cuestión y el DNU, lanzado el 20 derrotó el protocolo represivo de Milei y Bullrich.

El parlamento se encuentra en el centro de la crisis, ya que es el poder legislativo quien tiene la potestad de rechazar la ley y el decreto (en este segundo caso también el poder judicial), impidiendo la legalización de un nuevo régimen todavía más represivo, más antiobrero y hambreador. Sin embargo las presiones de la burguesía se hacen sentir y se dilatan los pasos a seguir, porque en definitiva Milei es la versión brutal y extrema de 40 años de una democracia que defendió a los intereses económicos concentrados que están detrás del atropello gubernamental. Nadie puede decir que los Elsztain, Roca, Magnetto, Blaquier o Galperín no hayan sido beneficiados en el pasado. Con relación a esto, todos los bloques se encuentran transando: la movida más extrema la protagonizó el propio Massa quien salió de su ostracismo exclusivamente para frenar el paro del 24.

La comisión bicameral (integrada por 8 diputados y 8 senadores) tiene 10 días hábiles para revisar el DNU ya vigente que ya están corriendo, sin embargo aún no fue conformada. Es solamente la parálisis y la quietud de una oposición encabezada por el peronismo lo que explica que hasta ahora ni siquiera se hayan definido quienes son los diputados que serán parte de dicha comisión, mientras las patronales han comenzado su ofensiva contra los trabajadores, amparadas por el decreto.

Pasado ese tiempo, si la bicameral no ha actuado, desde lo reglamentario puede hacerlo el pleno convocando a sesión especial tal como lo aclara la exdiputada pejotista Graciela Camaño, de larga experiencia.

La crisis política, a su turno, ha derivado en una atomización sin precedentes en la historia reciente de la Cámara de Diputados. La implosión de Juntos por el Cambio, por un lado, y un oficialismo totalmente minoritario, por el otro, dan lugar a toda clase de acuerdos, negociación y roscas. La elección de las autoridades de la Cámara votada por la totalidad del bloque pejotista y solo rechazada por el FIT-U y la conformación de las comisiones han sido las primeras pruebas de esto.

Estamos frente a un congreso en el que el peronismo es la primera minoría y donde se deja correr la política mileista, aun cuando el poder legislativo cuenta con recursos formales para rechazar y frenar los ataques que ya empezó a sufrir la clase obrera. La UCR, que posó de opositora, está cumpliendo un papel relevante en darle un barniz institucional a la política anticonstitucional del gobierno, presentando leyes espejo al DNU y votando juntos en las comisiones. El PRO, menos que una colectora de LLA. En Jujuy el radicalismo procede a poner en marcha brutales expresiones de violencia institucional, como lo es la detención de dos personas por tuitear algo que al exgobernador Morales no le gustó, que agravan las ya planteadas con la reforma constitucional y antes con códigos contravencionales anticonstitucionales mostrándose en sintonía con los apetitos autoritarios del mileísmo. Es fundamental que la población visibilice que en este punto que no hay grietas en el radicalismo. El propio Lousteau planteó en la campaña electoral llevar a CABA este modelo autoritario de Jujuy. Jorge Macro está dispuesto a cumplirle los deseos y el radicalismo ya negoció sus puestos en CABA con Macri para eso.

¿Tratamiento exprés?

La ley ómnibus y el DNU tienen una dinámica inversa: mientras que la primera necesita ser aprobada para entrar en vigencia, el decreto se aplica hasta tanto no sea rechazado. La dilación general que de acuerdo a diversos medios ha exasperado a Milei valiéndole un tirón de orejas a su brazo parlamentario no es necesariamente conveniente para el gobierno. En tanto un tribunal laboral empezó a dar lugar a diversos amparos que podrían pausar algunos capítulos del decreto como el laboral, el gobierno decidió apurar el trámite parlamentario.

No sorprende entonces el alto grado de desprolijidad e improvisación que se ha visto en la jornada del jueves y más en general en la vida legislativa desde la asunción de Milei. El mayor ejemplo de esto es que un proyecto de ley que cuenta con 664 artículos se trate en solamente tres comisiones, cuando impacta sobre la legislación de al menos unas 25.

No es solo la premura del oficialismo lo que reduce la cantidad de comisiones, sino también la falta de personal político con experiencia para manejar un congreso convulsionado. Por eso se vale de aliados nefastos, reclutados en los diversos bloques patronales, especialmente de Juntos por el Cambio y el schiarettismo.

Es el caso de Espert y de Fernando Iglesias, dos reaccionarios recalcitrantes que han sido colocados al frente de las comisiones de presupuesto y relaciones exteriores, respectivamente. Ambos han merecido repudios por haber amenazado y agraviado a los diputados del Frente de Izquierda, en el caso de Espert con su ya clásico “cárcel o bala” a través del cual promueve que tanto las fuerzas represivas como cualquier civil aplique por sus propios medios su receta ya sea a Belliboni, Del Caño, Bregman o Del Plá. Esto hay que mirarlo con atención: el Congreso es un ámbito que se maneja con reglas antidemocráticas y para el caso de la designación de autoridades por acuerdos de mayorías que a través de la historia se han expresado de diferentes maneras. Es lo que explica que por esos acuerdos muy poco de los numerosos proyectos presentados por la izquierda haya sido tratado en el recinto, ya que hoy la población puede votar a minorías pero luego sus posiciones no logran hacerse escuchar en el Congreso por la prepotencia de las mayorias.

La impugnación a la presidencia de la comisión de presupuesto de Espert, (quien integra un monobloque, algo que históricamente en el procedimiento de las mayorías siempre fue considerado un impedimento para dirigir una comisión) que ha presentado desde el FIT-U, nos distingue de un kirchnerismo y un peronismo que no ha hecho nada para impedir el éxito del gobierno en sus maniobras Se limitan a impulsar que la ley ómnibus pase por más comisiones (para dilatarla y negociar. No es posible enfrentar esta política de casta de la mano de la casta parlamentaria ni judicial. [1]

Desde el FIT-U tenemos una postura clara: rechazar en las calles, en el parlamento, en los lugares de trabajo y los barrios populares este plan de hambre y regimentación que quieren imponer. Impugnar la forma y el contenido de ambas iniciativas oficiales. La acción popular que hoy crece de la mano de las asambleas en lugares de trabajo y en los barrios, los cacerolazos y ruidazos, la acción masiva que se hará desde el campo de la cultura el miércoles 10, no debe depositar en la dirigencia pejotista ninguna confianza porque lo que se ha visto hasta ahora es a un bloque silencioso que está negociando con el facho de Milei, por cuenta de la burguesía a la que siempre le dieron su beneficios. La movilización del 24 de enero y la necesidad de darle continuidad a través de un plan de lucha son fundamentales para demostrar el rechazo popular a esta política.