A dos semanas del 24 de marzo el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y consejero del PJ, Sergio Berni, montó una nueva provocación xenófoba contra los migrantes; esta vez asumiendo como propia la defensa del decreto de Macri que habilitaba la expulsión sumaria de extranjeros.

Las declaraciones de la mano derecha de Kicillof no dejan lugar a dudas sobre su respaldo a Patricia Bullrich, sugiriendo incluso que su rechazo a la derogación del DNU 70/17 responde a una política compartida con el gobernador y, por ende, con su jefa política, Cristina Kirchner. Doblando la apuesta derechista, el cuartelero Berni comparó la derogación del decreto con la “liberación de presos” en la pandemia, en una defensa cerrada del siniestro y superpoblado sistema carcelario bonaerense. Agreguemos que al día de hoy no hay informes ni cronograma de aplicación de vacunas en las cárceles, a pesar de la falta de condiciones sanitarias, higiénicas y de espacio.

Las repercusiones de este mensaje persecutorio y racista son significativas por los que hicieron causa común con Berni –entre éstos el facho Ruckauf y el macrista Rogelio Frigerio–, como por los silencios cómplices de Kicillof y de los ministros del gobierno provincial, que hicieron mutis por el foro. Kicillof no cuestionó a Berni por el “exabrupto” ni tampoco desmintió que se trate de una decisión asumida por todo el gobierno provincial, lo que es aún más grave. Cabe aquello de que el que calla otorga y esto vale para todo el gabinete. Tan solo unos días atrás, y por contraste, el gobernador había reivindicado en la apertura de la Asamblea Legislativa la brutal represión en Guernica que movilizó a más de 4.000 efectivos de la Bonaerense. Berni actúa como vocero oficial para exigir la “mano dura” y el endurecimiento de las penas, incluida la expulsión de los migrantes y la baja de la edad punible para los menores.

La “frontalidad” de Sergio Berni no reside en su carácter sino en los vínculos políticos estrechos, de negocios e inteligencia, que lo unen a la camarilla kirchnerista. Estos se remontan a la gobernación de Santa Cruz en tiempos de Néstor Kirchner y fue lo que lo llevó a ocupar la titularidad del Ministerio de Seguridad con Cristina, jugando un papel clave en el caso “Nisman”.

La alianza entre el kirchnerismo y la maldita Policía de la provincia de Buenos Aires funge como un pilar del gobierno de Kicillof, el mismo al que las burocracias sindicales de las dos CTA´s defienden a capa y espada. Mientras los “progresistas” baten el parche del “gobierno amigo de los trabajadores”, para justificar las paritarias a la baja y el avance de la precarización laboral, Berni equilibra la balanza a la derecha defendiendo la mano dura de la Bonaerense, encubriendo a los asesinos de Facundo Astudillo Castro, justificando al gatillo fácil y a Chocobar, arrasando con las 1.200 familias de Guernica, persiguiendo a la juventud en las barriadas y bancando ahora al decreto macrista que niega derechos constitucionales a los inmigrantes.

No se ha escuchado a un solo dirigente de Suteba (gremio docente), ATE (estatales), o de las direcciones kirchneristas denunciar a Berni como “funcional a la derecha” o al “retorno” de Macri y Vidal. Este latiguillo lo aplican solo contra la izquierda y los sindicatos combativos para frenar todo reclamo y toda movilización que desnude el ajuste en la provincia de Buenos Aires y en el país.

En rigor a la verdad, Alberto Fernández se tomó un largo año para derogar un decreto claramente inconstitucional que violaba el principio de debido proceso y derecho a contar con asistencia y defensa legal para los migrantes acusados. Tardíamente lo hace el gobierno nacional después de los pronunciamientos del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité contra la Tortura que denunciaban este atropello judicial.

El nuevo decreto 138/2021 tiene los límites de un gobierno sometido al FMI, que necesita de las fuerzas represivas y el ataque a los derechos de organización y movilización para descargar la crisis capitalista sobre los trabajadores. Los trabajadores migrantes son el eslabón más débil de la clase obrera y las víctimas directas del trabajo en negro, semiesclavo y de la superxplotación patronal.

La demagogia “derechohumanista” de Alberto Fernández no alcanzó siquiera a levantar vuelo cuando la provincia de Formosa fue conmovida por una brutal represión ordenada por el gobernador pejotista Gildo Insfrán. Acoplándose al discurso derechista de los Berni y Cía, la ministra Sabina Frederic calificó las denuncias contra Insfrán como “inadmisibles”, y al estado de sitio que rige de hecho en la provincia como una “campaña antiformoseña” para encubrir a un gobierno represivo y agente de la oligarquía sojera.

La reivindicación de la mano dura de Macri atiza la crisis interna del Frente de Todos y la disputa por la confección de las listas para las elecciones bonaerenses. El “juego propio” que despliega Sergio Berni es alentado desde la propia jefatura kirchnerista para aspirar votos por derecha en las próximas, y complicadas, elecciones legislativas de este año, y de paso para retener a un ala del PJ bonaerense que se opone al avance de La Cámpora y aún a la presidencia de Máximo Kirchner al frente del Partido Justicialista de la provincia.

Para los trabajadores y la juventud, esta nueva provocación de Berni es una razón extra para movilizar masivamente denunciando a los genocidas y represores de ayer y de hoy. La consigna “Fuera Berni” es una de las grandes banderas de lucha y delimitación con el gobierno del Frente de Todos en este 24 de marzo.

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