El 22 de agosto de 1972, 16 presos políticos, militantes peronistas y de izquierda de varias organizaciones políticas armadas, como ERP, FAR y Montoneros, fueron fusilados por la Armada en la Base Aeronaval Almirante Zar de Trelew.

En octubre de 2012, el Tribunal Federal de Comodoro Rivadavia condenó a prisión perpetua a los militares responsables de los asesinatos, los capitanes de fragata Emilio Del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino. Dicho fallo absolvió al capitán de navío Rubén Paccagnini, al juez Jorge Enrique Bautista y al almirante Horacio Mayorga, por problemas de salud.

A 48 años de este crimen de Estado, lejos de la “necrológica” que en su momento Perón se remitió a enviar desde el exilio (luego crearía la Triple A), y del recuerdo casi historiográfico, solemne, que numerosos dirigentes políticos de Chubut hoy postearán en las redes sociales para lavarse la cara, consideramos necesario poner de relieve los aspectos políticos latentes, vivos, de la Masacre de Trelew, y sus vinculaciones con las luchas del presente.

Una secuencia hasta el presente

El docente y militante del PC, Elvio Ángel Bel, desaparecido en Trelew el 5 de noviembre de 1976, formó parte de los comités de solidaridad que desarrolló la población de Trelew con los presos políticos del penal de Rawson, y de hecho fue el “apoderado” (así se denominaba dicha relación) de Roberto Santucho. Este fenómeno de solidaridad de Trelew con los militantes apresados, y la posterior represión por parte del Estado a las y los miembros de esta red, fue lo que generó, meses después, el 11 de octubre de 1972, el llamado “Trelewazo”, una pueblada votada en una asamblea popular masiva, que dio lugar a protestas y huelgas de masas, inscriptas en la saga de rebeliones obreras como el Cordobazo de 1969.

Uno de los responsables de la desaparición de Bel fue Tito Nichols, titular del Departamento de Informaciones de la Policía del Chubut. A mediados de mayo de este año, Nichols fue declarado por el Tribunal Federal en lo Criminal “partícipe secundario” de la desaparición del docente, mientras que el exmarino, Hernán Álvaro Hermelo, fue absuelto. Si bien los familiares de Bel y los organismos de Derechos Humanos de la provincia comprenden esta condena como una conquista, y efectivamente lo es, los responsables políticos de la desaparición de Bel siguen impunes, así como las redes de inteligencia de las fuerzas de seguridad.

En democracia, Nichols fue concejal del Partido Justicialista (1999-2003) y presidente de la Cooperativa Eléctrica de Trelew.

En 2019, durante el aniversario N° 44 de la Escuela de Personal Subalterno de Rawson, el entonces ministro de Gobierno de Chubut, hoy ministro de Seguridad, Federico Massoni, distinguió a Nichols entre otros: “me provoca mucho orgullo acompañarlos en este aniversario y contar con la presencia de los exdirectores”. Lo secundó a Massoni en el acto el jefe de la Policía del Chubut, Miguel Gómez. Entre los homenajeados estaba también el comisario Juan Ale, hace días condenado por delitos de abuso sexual contra dos mujeres menores de edad, ocurridos entre 1998 y 2002.

El hilo entre los militantes fusilados por la Armada en Trelew en 1972, la desaparición de Elvio Ángel Bel en 1976 con la participación de Tito Nichols y el “orgullo” hacia este personaje por parte del actual ministro de Seguridad, Federico Massoni, es la historia de la represión de las luchas sociales por parte del Estado, las fuerzas de seguridad y los sucesivos gobiernos, incluso en democracia.

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¿Qué representa Massoni?

La condecoración de Massoni a Nichols es solo una foja de su impune prontuario. Massoni fue quien liberó la zona en rutas 3 y 26 en Comodoro Rivadavia el 4 de septiembre de 2019 para que la patota del burócrata “Loma” Ávila sacara a los golpes de la ruta a docentes y estatales que reclamaban por sus salarios, piquetes que contaban con la “peligrosa” solidaridad de las bases petroleras. Meses después, Massoni detenía en Casa de Gobierno al secretario general del gremio docente Atech, en el marco de una protesta, hecho que le supuso su renuncia como secretario de Gobierno y su posterior reposición como ministro de Seguridad meses después. Massoni, con el jefe de Policía Gómez como brazo ejecutor, es responsable de más de 40 denuncias formales de violencia institucional durante la pandemia en toda la provincia, número récord en Argentina, que generó incluso pedidos de informe por parte de Amnistía Internacional. Operativos “de saturación” en barrios populares de toda la provincia con la coartada del “narcotráfico”, entre los que destaca el caso de relevancia nacional, del albañil fusilado en la cara en el barrio Inta de Trelew, Ricardo Fredes, solo por salir de su casa a ver qué estaba pasando. Massoni denostó en las redes oficiales del ministerio de Seguridad a “la gente de los Derechos Humanos”, entre los que están, por ejemplo, las y los trabajadores del Centro Cultural por la Memoria de Trelew, como “defensores de delincuentes”, hecho que generó el repudio de más de 140 organizaciones de DD.HH. reclamando la renuncia del ministro.

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Ante todo este prontuario, la reciente visita de la ministra de Seguridad de Nación, Sabina Frederic, hizo el más absoluto silencio, al margen de coordinar, como parte de su agenda, la próxima instalación de un destacamento de Gendarmería Nacional en ruta 3 y 26, para no tener que acudir a la liberación de zonas y a la burocracia sindical para reprimir las protestas sociales en un punto estratégico de las rutas del petróleo. Para las y los luchadores de Chubut debe quedar claro el apoyo del gobierno nacional de Alberto Fernández al gobernador Arcioni y por ende a su ministro de Seguridad, Federico Massoni.

En Chubut, la violencia estatal perpetrada hace 48 años en Trelew por la dictadura de Lanusse, no es historia pasada, tiene sus expresiones latentes en el marco de las luchas presentes, con el atropello de las libertades democráticas con bravuconadas fascistizantes, pero sobre todo con acciones represivas concretas, en pos imponer un régimen de saqueo, ajuste y represión contra la clase trabajadora, en defensa de los intereses de los capitalistas como Bulgheroni, Madanes Quintanilla, Lewis, Benneton, los empresarios de la pesca y el lobby minero.

La independencia política de las organizaciones de derechos humanos, así como de las organizaciones obreras deviene estratégica para construir una salida propia a la crisis.

A 48 años de la Masacre de Trelew, está más claro que nunca que este crimen de Estado no fue solo contra los 16 militantes de las organizaciones armadas, hecho sobre el cual es necesaria una investigación a fondo y el juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales, como señaló al momento de los hechos Política Obrera, el crimen fue contra el conjunto de la clase trabajadora y sus organizaciones sindicales y democráticas.

La memoria debe traducirse en lucha y organización contra los crímenes del presente.

Redoblemos la organización y avancemos en la campaña por un Plenario Nacional Antirrepresivo, para unir todas las luchas contra el gatillo fácil y la represión estatal.

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