En el día de hoy, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, reunió a representantes de las cámaras inmobiliarias y de agrupaciones de inquilinos con el objetivo de constituir una mesa de trabajo que discuta posibles modificaciones a la Ley de Alquileres. Considerando que los actores mencionados tienen intereses irreconciliables, la conformación de esta mesa no es más que una cobertura para transformar la ley en los términos del capital inmobiliario, que exige desregular el mercado locativo.

Cuando ya se estaba haciendo muy evidente el lobby de las inmobiliarias dentro del gobierno, con Massa y Cerruti diciendo a viva voz que se debía regresar a contratos de alquileres más cortos, con actualizaciones semestrales y sin injerencia del Afip, Feletti salió a terciar en esta crisis con un discurso en apariencia más permeable a los reclamos de los inquilinos y hasta llegó a esbozar la posibilidad de aplicar una especie de impuesto a la vivienda ociosa en función de incrementar la oferta de alquileres.

Sin embargo, el gobierno no tomó ninguna definición en ese sentido y Feletti se limitó a impulsar esta mesa de trabajo citando a las partes involucradas, alimentando así la farsa de que ambas posiciones pueden convivir al interior de la nueva legislación. El desenlace de semejante maniobra está anunciado: las cámaras inmobiliarias se saldrán con la suya, mientras que posiblemente el oficialismo introduzca algunas “zanahorias” para viabilizar este ataque a los inquilinos.

Los detractores de la Ley de Alquileres fundan sus argumentos en el hecho de que las regulaciones vigentes no han resuelto la crisis que existe en el sector, donde propietarios sacan sus inmuebles de la oferta porque alquilarlos no les resulta rentable, reducción que encarece el precio de los alquileres perjudicando a los inquilinos. No obstante, se trata de un planteo pérfido ya que la problemática mencionada trasciende la ley en cuestión y las modificaciones propuestas solo agravarían el cuadro.

Empezando por el hecho de que el Estado ni siquiera vela por el cumplimiento de la ley: la asociación de Inquilinos Agrupados informa que de 3 millones de contratos firmados en un año solo yacen registrados 170 mil. Tampoco hay ningún control estatal sobre los montos en los que cada propietario alquila su vivienda, hoy en día irrisorios, llegando al punto tal que  alquilar un monoambiente en CABA cuesta en promedio $34.000 mensuales, superando al salario mínimo, según el Centro de Estudios Económicos y Sociales. Así las cosas, mientras que en 1975 el pago del alquiler insumía el 25% del salario promedio, en la actualidad este porcentaje asciende al 50% (BAE, 16/2), algo verdaderamente inviable y expulsivo para la población trabajadora. En este punto, que el aumento de los alquileres esté atado al índice inflacionario es a todas luces un aspecto negativo de la normativa actual.

Estamos entonces frente a alquileres impagables en un contexto de caída del salario real. La contradicción radica en que, aún así, los montos actuales no son rentables para los propietarios, constituyendo una de las razones por las cuales viene en caída la oferta de alquileres. A modo de ejemplo, en el caso de poseer un inmueble valuado en USD 100.000, si se alquila a $50.000 o $55.000 llevaría entre 42 y 43 años recuperar la inversión. El nudo del problema es que el precio de las propiedades está dolarizado, fruto de la especulación inmobiliaria, y las sucesivas devaluaciones y la brecha cambiaria actual encarecen el metro cuadrado, a pesar de que su valuación en dólares se encuentre en franco descenso (el m2 cayó un 0,5% en diciembre 2021 en el Amba según un estudio publicado por la Universidad de San Andrés junto a Mercado Libre).

Otro aspecto de la crisis es que los desarrolladores inmobiliarios se dedican a construir complejos lujosos, que en muchos casos quedan inhabitados y funcionan únicamente como reserva de valor de los capitalistas. Lo anterior eleva el precio del metro cuadrado, repercutiendo directamente en los alquileres. El ejemplo más nítido lo encontramos en CABA, donde prolifera la especulación inmobiliaria mediante emprendimientos como las megatorres de Distrito Joven, que hacen de la ciudad un lugar cada vez más expulsivo para las familias trabajadoras. Tal es así que desde 1947 prácticamente no crece en cantidad de habitantes y el 34% de su población alquila.

De manera interesada, el lobby inmobiliario pretende convencer a la opinión pública de que la oferta de alquileres crecerá una vez que habiliten más de un aumento anual en los contratos y se le otorguen mayores incentivos a los propietarios, cuando lo cierto es que la escasez imperante tiene causas más profundas. Es decir, este sector aprovecha los padecimientos que atraviesan los trabajadores a la hora de alquilar para llevar agua para su molino, sugiriendo cambios en la ley, que, lejos atenuar la vulnerabilidad inquilina, no harán otra cosa que acentuarla.

Como vimos, la problemática de los alquileres obedece a la preeminencia de los negociados inmobiliarios -con el aval de todos los gobiernos- en desmedro de las necesidades habitacionales de la población. Por lo tanto, no es posible arrimar posiciones entre quienes defienden el lucro capitalista en materia de vivienda y los inquilinos que reclaman un alquiler acorde a su nivel de ingresos. El llamado a contemporizar por parte de Feletti es absolutamente inconducente y funcional a las cámaras inmobiliarias.

Finalmente, es preciso organizarnos de manera independiente a los gobiernos para luchar por el derecho a la vivienda. Es clave avanzar de inmediato en un impuesto progresivo y permanente a la vivienda ociosa y a los desarrolladores inmobiliarios y destinar estos recursos en un plan de viviendas y extensión de servicios públicos que dé solución a las necesidades habitacionales, gestionado por los vecinos y que emplee mano de obra desocupada bajo convenio. En cuanto a los alquileres, estos deberán adecuarse a los ingresos familiares, al mismo tiempo que el salario mínimo no puede ser menor a $130.000. La creación de un banco de tierras ociosas y fiscales para construir  allí vivienda popular y el lanzamiento de créditos a tasa cero cuya cuota no supere el 10% del ingreso del hogar forman parte de este programa, en contraposición a la demagogia de los Feletti y compañía.