La ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa, sostuvo este martes 11 que las crecientes tomas de tierras en el país “tienen más que ver con situaciones delictivas” que con la necesidad de quienes las protagonizan.

Con esas palabras, salía al cruce de Juan Grabois, quien había advertido que existe una “oleada de tomas” resultante de la crisis económica, y que esta camina a profundizarse porque, lógicamente, “la gente no va a querer seguir viviendo hacinada en una casa con cuarenta personas con el virus dando vueltas”. Un formato habitual en el dirigente de la CTEP, que consiste en reparar en el desangre social creciente para acto seguido manifestar su apoyo al gobierno, buscando ceñir toda crítica posible en el redil del oficialismo y ahuyentar la movilización popular.

Las afirmaciones de la “progresista” Bielsa son una verdadera provocación contra un pueblo sobre el que se descarga cada día más el peso de la crisis. Los medios refieren en estos días un déficit habitacional de 4 millones de viviendas (de las cuales 1,5 millones son faltantes y 2,5 millones no tienen condiciones adecuadas), pero este número es en verdad el mismo que se contabilizaba a mediados de 2019. El panorama se ha agravado sustancialmente con el alza de la inflación, de la desocupación y del peso de los alquileres sobre los salarios (que hoy representa un 42% promedio para los 9 millones de inquilinos), con particular dureza en los meses de pandemia y parate económico, con centenares de miles de nuevos desocupados.

Grabois se queda corto al mencionar solo los procesos que tienen lugar en las provincias de Buenos Aires, Chaco y Corrientes. Las ocupaciones se multiplican en Salta, en Jujuy (con particular fuerza en Ledesma, asolado por el coronavirus), en Neuquén, en Río Negro, en Córdoba y en incontables municipios del país, como emergente de una situación desesperante. Bielsa les recomienda "que busquen soluciones consensuadas", sosteniendo que ellos vendrían "lanzando programas para atender al crecimiento vegetativo de la población", algo que queda desmentido por la expansión imparable de los asentamientos y por las cifras colosales de hacinamiento que destapó la pandemia.

Las declaraciones de la ministra sintetizan una política de “zanahoria y garrote”, bien pequeña la primera y bien macizo el segundo. En cuanto a lo primero, el gobierno presenta con bombos y platillos planes como el Procrear, que él mismo reconoce que tuvo el grueso de su demanda en microcréditos de 50.000 para arreglos menores (IProfesional, 11/8), en una muestra de la “mishiadura” popular, y alcanzará en el mejor de los casos a una ínfima parte de los solicitantes. Lo propio sucede con el pomposamente llamado “Plan Marshall Criollo”: presentado por el Ejecutivo junto a Grabois y asociados y a la burocracia de la Uocra y la CGT, supone la reconversión de los programas sociales en trabajo ultraprecario, mientras promete un “repoblamiento nacional” que es inviable con el FMI respirando en la nuca del país.

Lo central reside en el garrote. Bielsa coloca a las tomas en la sección policial de los diarios para reforzar la política de desalojos represivos, que se extiende por todo el país, desde la Formosa de Insfrán a la Córdoba de Schiaretti. El ministro de Seguridad bonaerense, el represor Sergio Berni, alimentaba hace unos días las páginas de La Nación (1/8) con los datos de la provincia, donde se registran cinco intentos de tomas por semana (140 a lo largo del año), con el evidente propósito de justificar expulsiones policiales, en un artículo que -como Bielsa- machacaba sobre las muchas ocupaciones que no responderían a la necesidad y daba literalmente un solo ejemplo. Otra nac&pop como Bielsa, la quilmeña Mayra Mendoza, expulsó con la infantería a 36 familias a fines de julio, semanas después de que hiciera lo propio el mandatario cambiemita Julio Garro sobre el Barrio Aeropuerto de La Plata.

La “situación delictiva” que asola al país es la política de ajuste y represión que aplican el gobierno nacional, los mandatarios provinciales y locales sobre una población crecientemente empobrecida y hacinada, mientras entregan desde hace décadas tierras públicas al capital inmobiliario. El pueblo tiene derecho a luchar por la tierra y la vivienda que le niegan, y necesidad de un programa que dé salida a la crisis habitacional, a través de planes de construcción y vivienda bajo control de los trabajadores, ejecutados con trabajo bajo convenio y financiados mediante impuestos al gran capital inmobiliario y al no pago a los usureros del país.

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