El “acuerdo buitre” que cerraron en la Legislatura el oficialismo y Juntos por el Cambio para habilitar al gobernador Axel Kicillof a tomar deuda por 500 millones de dólares y 28 mil millones de pesos, tuvo como telón de fondo una serie de negociaciones entre ambos bandos. Una de ellas estuvo referida a la posible aprobación de una ley para que la ciudad de La Plata cobre la “Tasa de Capitalidad”, un monto que debe pagar Provincia por mantenimientos de los edificios ministeriales, y que hoy acumula una deuda de 1265 millones de pesos, o sea, más del 10% del presupuesto local.

El proyecto que está en análisis fue argumentado desde la Cámara de Diputados en que “gran parte del funcionamiento de este distrito depende de sus universidades, el comercio y el sector público, y estas tres actividades hoy están completamente paradas (y) por eso creemos que la tasa de capitalidad es una deuda a pagar más necesaria que nunca”. Sin embargo, tanto Provincia como el municipio saben que está muy lejos de concretarse esa devolución.

En primer lugar, el giro que debería realizar el gobierno provincial según los cálculos propuestos por el legislador de Cambio Federal, Guillermo Bardón, en su proyecto, sería de unos 400 millones anuales en 2024, suma a la que se llegaría a través de un porcentaje progresivo aplicado al presupuesto provincial. Este año, la provincia debería comenzar abonando unos 130 millones por la deuda en concepto de barrido, recolección y alumbrado de los edificios bonaerenses, lo que choca con la realidad de las cuentas bonaerenses, con un 40% de caída de la recaudación y la carga de más de 12 mil millones de dólares de deuda. A su vez, se le suma el precedente de que la última contribución que hizo Provincia en este sentido fue en 2016, con Vidal, y por un monto de apenas 25 millones de pesos, cuando la deuda alcanzaba los 238 millones.

En segundo lugar, el mismo intendente Julio Garro advirtió que está “dispuesto a renegociar” la propuesta. De hecho, planteó como “alternativa” la condonación del pago que la comuna realiza mensualmente a la Ceamse por la disposición final de residuos, que actualmente se descuentan automáticamente por coparticipación y está estimada en 27 millones de pesos mensuales (El Día, 7/8). Esta “condonación” no sería más que un recorte en regla del presupuesto en recolección de residuos que pretenderán traducirlo en bajas salariales y despidos, mientras se tiren la pelota entre municipio y provincia sobre quién se hará finalmente cargo.

Que, además de defender el proyecto, el municipio haya presentado una “alternativa” de cobro, reafirma que se encuentra con la “soga al cuello”. En otros años incluían la “tasa de capitalidad” en los proyectos de presupuesto sólo “por no renunciar al cobro”, según el concejal  de Cambiemos Julio Irurueta (RealPolitik, 27/12/2018).

La “condonación” que propone Garro se da en un cuadro de fuerte ajuste en el municipio con cientos de despidos en numerosos sectores municipales, entre ellos, en cooperativas de recolección de residuos que trabajan para ESUR SA, empresa que tiene convenio con la Ceamse, y se beneficia de la profunda precarización laboral que avala el cooperativismo, sin tener que garantizar un convenio colectivo de trabajo. Contratos de 3 meses a un año, salarios de 12 mil pesos y ningún tipo de protección sanitaria. A todo esto, el Sindicato de Obreros y Trabajadores Municipales de La Plata (SOEMLP) brilla por su ausencia, mientras el Ministerio de Trabajo bonaerense y el gobernador Kicillof aplican el mismo plan de ajuste que el intendente.

La situación sanitaria

A su vez, la situación sanitaria en la ciudad se hace cada vez más precaria en medio del avance de la pandemia. No se garantiza la provisión de servicios básicos y a esto se suma un aumento del abandono de basurales en diferentes  barrios de toda la región por “falta o irregularidad en el servicio de recolección de residuos” (La letra chica, 27/5). Hace unas semanas resurgió una vieja denuncia desde el Municipio de Ensenada por el grado de contaminación de residuos sólidos que llegan por el Arroyo del Gato a la desembocadura del Río de La Plata que perjudica a un sector importante de la población de la región principalmente por la contaminación de aguas.

El pacto buitre de la Legislatura del Frente de Todos con Juntos por el Cambio por un endeudamiento multimillonario será un paso más en la crisis financiera de los municipios y la provincia que tendrá inevitablemente como contraparte un ajuste a la medida de esa crisis. La capital bonaerense viene siendo testigo de concentraciones de trabajadores estatales, municipales y provinciales, que vienen sufriendo estos ataques.

Planteamos que se abran públicamente los libros municipales y los convenios con empresas como ESUR-Ceamse. Por un plan de seguridad e higiene para la ciudad bajo control obrero y popular, que contemple una eficiente recolección de residuos, que deberá empezar por el pase a planta de los precarizados y la reincorporación de los despedidos. No al pago de la deuda provincial. Impuesto a las grandes riquezas para colocar esos recursos en la satisfacción de las demandas populares como la urbanización de los asentamientos y villas, y presupuesto para hospitales y centros de salud, para trabajo y jubilaciones.

Desde el Partido Obrero y Tribuna Estatal convocamos al conjunto de lxs trabajadores de la región a organizarse en sus lugares de trabajo, escuelas, hospitales, y en sus barrios, para enfrentar este ajuste y que la crisis la paguen los capitalistas.

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