Los índices de pobreza e indigencia correspondientes al primer semestre, publicados hoy por el Indec, muestran la masacre social a la que han llevado las políticas de ajuste acordadas con el FMI. La pobreza subió 8,1 puntos en el último año, llegando a abarcar en junio/julio al 35,4% de la población: casi 16 millones de personas. De estas, 3,4 millones (un 7,7% de la población) en la indigencia. La demolición alcanza con particular dureza a las mujeres y a los niños y adolescentes –la pobreza en este último grupo alcanza el 52%.

 

Frente a este escenario, los ministros Carolina Stanley (Desarrollo Social) y Dante Sica brindaron una conferencia de prensa vergonzosa, en la que no anunciaron literalmente nada ni ofrecieron respuesta alguna a los interrogantes de los periodistas.

 

Los funcionarios buscaron diluir la responsabilidad de esta miseria en “las situaciones económicas (sic) que vienen sufriendo las familias”, como si fuesen algo disociado de las políticas de ajuste del gobierno de turno y sus cómplices en el parlamento y los gobiernos provinciales. Pero la causa fundamental de este acrecentamiento de la miseria responde a la destrucción salarial, resultante de paritarias a la baja promovidas por el Ejecutivo y rubricadas por la burocracia sindical; y al ascenso imparable de la desocupación, subocupación y precarización laboral, en la medida en que los capitalistas vuelcan, con el respaldo de su gobierno, la crisis sobre las espaldas de los trabajadores, mediante despidos, suspensiones y convenios a la baja. El Estado da la pauta, con el achique de las plantas y el escalonamiento de los salarios (¡Chubut!).

 

 

Stanley no le rehuyó a los papelones cuando, consultada por si tenían previstas medidas extraordinarias a partir del conocimiento de estos números, señaló que “estos índices responden al primer semestre de 2019” y, en la medida en que habían tomado algunas medidas asistenciales durante este año, “no hay hoy una medida concreta”. Es evidente para cualquier hijo de vecino que la inflación derivada del golpe devaluatorio de agosto se llevó puestos los escuálidos incrementos en la Asignación Universal por Hijo y las medidas de emergencia poselectorales –IVA, bonos que ahora salen en cuotas- y que el informe sobre el segundo semestre será peor que el primero.

 

 

La ministra machacó en la idea de que “más allá de la pobreza por ingresos, hay medidas de fondo que venimos trabajando y permiten reducir la pobreza estructural y para siempre (…) cloacas, asfalto y transporte, todo lo que hace a las posibilidades de que las familias vivan mejor, con todos los servicios”. La mentira no podría ser mayor. Cifras del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) de meses atrás mostraban que los niños en estado de pobreza estructural –que “no tienen ingresos suficientes para vivir, están mal alimentados, duermen en casas sin agua potable o cloacas, tienen problemas para acceder a la educación y escaso nivel de atención sanitaria”– ascendieron de 37,1% en 2017 a 41,2% en 2018 (y que el 63,4% estaba privado de al menos un derecho) (Infobae, 29/4). En materia de “vivir con todos los servicios”, los tarifazos han llevado a masivas desconexiones de las familias a las redes de gas natural y hasta a la introducción de medidores prepagos de la electricidad.

 

 

La ministra celebró a su vez la “desintermediación” en la entrega de planes sociales, cuando no ha cesado de reforzar el manejo discrecional de estos con el Triunvirato Cayetano, y de negar la reapertura y el aumento de programas reclamado por el movimiento piquetero independiente.

 

Sica, por su parte, se “lamentó” por el no avance del proyecto de “blanqueo laboral” oficialista, ocultando que el objetivo del mismo era bloquear los juicios por fraude laboral, reventar las indemnizaciones y facilitar los despidos y la flexibilización, algo que viene ocurriendo por la vía de los hechos y que se procura profundizar en los planes de reforma laboral que comparten el macrismo y los Fernández-Fernández, en distintos formatos.

 

Desde ya, no faltaron los recuerdos de “desaceleraciones” de la crisis (un término repetidamente de uso, del mismo diccionario que el “reperfilamiento”).

 

El bochorno de la conferencia oficial pinta de cuerpo entero la debacle del gobierno.

 

La situación acuciante de la pobreza y la indigencia no tiene salida de la mano de los acuerdos con el FMI, que tanto Macri como Alberto Fernández han prometido respetar y que preparan mayores ajustes. Es preciso ganar las calles por el salario, el trabajo y todas las reivindicaciones populares, por la ruptura con el Fondo y una salida de los trabajadores a la crisis nacional.