El enfrentamiento entre la ministra de Seguridad del gobierno nacional, Sabina Frederic, y el ministro de Seguridad de Axel Kicilof, Sergio Berni, se viene desarrollando desde antes de que ambos asumieran sus funciones por las pretensiones frustradas de Berni de ocupar el lugar que ocupa Frederic. Ahora ese enfrentamiento involucró al propio presidente de la Nación, que salió a defender a su ministra. La pelea quiere ser presentada como la disputa entre dos concepciones de la seguridad: una “garantista” y la otra de mano dura. Berni es considerado el Bullrich del kichnerismo. A pesar de ello el 9 de enero ambos funcionarios de seguridad anunciaron la creación de un comando unificado para coordinar las tareas de la Gendarmería y la Bonaerense, es decir, la militarización de barrios enteros del conurbano.

La realidad es otra; la política de seguridad está dictada por lo que es la orientación central del gobierno de Fernández: la necesidad de llegar a un acuerdo con los usureros acreedores de la deuda. Esto se expresa en la eliminación de la movilidad jubilatoria, en las medidas de depreciación del salario frente al aumento del costo de vida, en el pacto social, etc. Llevar adelante tamaña confiscación a los trabajadores, además en un marco de derrumbe de la economía, requiere de un aparato represivo capaz de hacer frente a las luchas que se desencadenarán. La gran pueblada de Mendoza lo vivió en carne propia. El espejo de Latinoamérica convulsionada por la irrupción de pueblos enteros no admite un “relajamiento” y mucho menos abre la posibilidad de un imperio de las libertades democráticas.

Todos son Bullrich

La resolución del Ministerio de Seguridad del pasado 24 de diciembre (Decisión 1231/19) sobre las pistolas Taser, la doctrina Chocobar y la identificación en trenes y estaciones, entre otras, se colocó en el terreno de reclamos que se vinieron desarrollando, movilizaciones incluidas, desde las organizaciones populares y derechos humanos. Lo concreto es que mediante esa norma las pistolas Taser, que habían sido compradas por el gobierno de Macri, serán entregadas a las fuerzas de seguridad con un protocolo y una formación para su uso.

En el caso de la Doctrina Chocobar, el Ministerio deroga el “Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego por parte de los Miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad” (Resolución 956 de 2018), pero el Estado sigue poniendo a las abogados que defienden a los agentes llevados a la Justicia y tampoco derogó el “Programa Restituir”, creado por el macrismo, que consiste en una serie de medidas que respaldan a los miembros de las fuerzas de seguridad que hayan sido absueltos en procesos judiciales.

Para completarla Frederic coincidió con Bullrich, que la acusó de querer “tirar a los gendarmes por la ventana”, en que “no corresponde en absoluto… Lo que hay son procedimientos administrativos y disciplinarios que hay que seguir, desarrollar, sostener y perfeccionar inclusive… sobre todo, atendiendo a las condiciones de trabajo de las fuerzas de seguridad efectivamente” (Perfil, 11/12).

Trump ordena las prioridades

El verdadero espíritu de la política de seguridad del nuevo gobierno fue dado cuando Frederic propuso retirar a Hezbollah de la lista de organizaciones terroristas. Frederic consideraba que sostener la lista “es comprarnos un problema que no tenemos. Fue una exigencia de Estados Unidos al Gobierno (de Macri). El terrorismo es un problema de los países de la OTAN, no es nuestro”, declaró a los medios antes de asumir. Rápidamente el canciller (con el aval de Alberto F.) salió a desautorizarla. Solá sostuvo que no había que hacer “nada que nos provoque problemas” con Estados Unidos. Allí Frederic guardó violín en bolsa y declaró exactamente lo contrario de lo que había dicho.

Toda la política del gobierno está dominada por “no provocar problemas” en la relación con el gobierno de Trump y lograr el apoyo de este en las negociaciones con el FMI y los tenedores de bonos de la deuda. ¿Cómo se debe caracterizar si no el vergonzoso comunicado de la Cancillería frente al asesinato de Soleimani o el que sacó ante los acontecimientos en Venezuela, calurosamente festejado por el gobierno yanqui y por Guaidó? El gobierno de Alberto Fernández se ha colocado abiertamente en el terreno de las exigencias de Trump.

Al servicio de inteligencia también

En el loteo del gobierno el kirchnerismo puro se quedó con el control, entre otras, de las áreas de seguridad, defensa e inteligencia, además de un fuerte peso en el manejo de la justicia, no solo por su papel en el Senado y el tener a alguien de su confianza como segundo en el Ministerio de Justicia, sino también en el Consejo de la Magistratura.

CFK se reservó sectores claves del Estado, en parte para garantizar su impunidad en las causas de corrupción que ella y parte de su entorno directo están imputados. En su discurso Alberto F. salió del tono monocorde del mismo para entusiasmarse con un “nunca más” a las operaciones judiciales que sonó como la confirmación de un compromiso que luego se materializó en los nombramientos de funcionarios.

En un terreno de disputa entre las distintas facciones que confluyen en el gobierno, las operaciones de los servicios jugarán un papel . La guerra de espionaje marcó el último tramo del gobierno de Cristina Kirchner entre el antiguo jefe de la Side Jaime Stiusso, y César Milani y Berni que armaron aparatos paralelos de inteligencia desde el Ejército y Gendarmería. Atrás de ello está el imperialismo con sus agentes; Stiusso era un hombre de la CIA y el Mossad , y estos dos servicios estuvieron fuertemente involucrados en la dirección , como mínimo, que tomó la investigación y el proceso judicial en dos de los atentados terroristas más portantes a nivel mundial como fueron las voladuras de la embajada israelí y la Amia. La muerte de Alberto Nisman, un fiscal que actuaba como testaferro judicial de Stiusso y del gobierno norteamericano, está inscripta en esa guerra. La injerencia del imperialismo en los servicios de inteligencia del Estado y por lo tanto en su aparato de seguridad es directa.