Apurado por ofrecer garantías de pago al FMI cuando el Banco Central agotó sus reservas, el gobierno se encuentra en un verdadero raid para promover los grandes rubros de exportación. Apeló el fallo que suspendía la exploración petrolera offshore e intenta destrabar leyes de beneficios impositivos a los hidrocarburos y el agro en el Congreso, firma convenios para la radicación de plantas de multinacionales automotrices y de celulares, y especialmente remata las reservas de litio a los grandes pulpos mineros. Es una política que refuerza la presiones del gran capital por una mayor devaluación, para abaratar los costos en pesos e incluso liberar parcialmente el cepo cambiario.

Por lo pronto, ha encendido alarmas el acopio de soja, maíz y trigo por parte de los productores, incluso a pesar de los altísimo precios internacionales. El hecho es que por la sequía y el conflicto en Ucrania estiman que las commodities no van a bajar, y se relamen con las ganancias extra derivadas de la aceleración devaluatoria que viene ejecutando el gobierno. Según releva un periodista de Página 12 (16/2) las ventas a la industria molinera cayeron un 50% en las últimas semanas, y ya en enero se había registrado una caída en la liquidación de las exportaciones. Además de un menor ingreso de divisas, su resultado será un encarecimientos de las harinas, que es el insumo básico de la industria alimenticia.

Esto genera más presión sobre los precios de los alimentos, que orillando un 5% de aumento en enero explicaron nada menos que la tercera parte del índice inflacionario. El caso sirve para mostrar que los capitalistas encuentran mecanismos para compensar la depreciación de sus ventas en el mercado interno por la devaluación del peso, y por ende cómo la misma golpea en esencia el poder adquisitivo de los trabajadores. Como veremos más adelante, es el abaratamiento de la mano de obra argentina el principal anzuelo con el que el gobierno busca tentar inversiones de grandes multinacionales en ramas de exportación.

Mientras esto sucede los despachos oficiales intentan destrabar el tratamiento legislativo de las leyes de incentivos a los pulpos de los agronegocios. Sergio Massa viene de recibir en Diputados a representantes del Consejo Agroindustrial para prometerles que una vez conformadas las comisiones buscarán avanzar con la sanción de la norma que otorga todo un régimen de exenciones tributarias y regímenes de amortización acelerada. Así reforzará el predominio de los grandes jugadores del sector, incluida la promoción del uso de semillas fiscalizadas que favorece la dependencia de los productores respecto de Monsanto-Bayer y Syngenta (y sus agrotóxicos).

A la par trascendió en el portal especializado en asuntos energéticos Econojournal (15/2) que la secretaría de Energía trabaja en una ley corta de estímulos impositivos a las petroleras, que vendría a subsanar el empantanamiento en que cayó la Ley de Hidrocarburos presentada el año pasado. El borrador contemplaría la desindexación de la inflación del gravamen a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, una reducción en los aranceles a la importación de combustibles, e incluso una actualización permanente de la escala de Ganancias para que siga al IPC. Estos caramelos vienen de la mano del reciente naftazo de hasta el 11% y los tarifazos “transitorios” del 20% en la luz y el gas (es decir solo para arrancar, porque ni siquiera permitirán comprimir los subsidios al sector), por lo que no redundará en mejora alguna para los consumidores.

Como sea, los gestos a los pulpos de la energía no alcanzan para revertir la huelga de inversiones. Las propias petroleras reconocen que los picos de producción de Vaca Muerta responden a mayor productividad por equipo y trabajador, es decir a una intensificación de la explotación. Esto porque las rebajas de impuestos no satisfacen la exigencia mayor: libertad cambiaria para poder girar dividendos al exterior al dólar oficial, como parcialmente establecía el proyecto que ahora está congelado en el Congreso. Una devaluación colaboraría a cumplir con esa condición, a la par que abarataría los costos internos de producción cuando se está armando un negocio de exportación con precios internacionales por las nubes. Apuntemos que ello redundaría en mayores incrementos de naftas y tarifas.

Esta orientación oficial se ve también detrás de la defensa cerrada a la explotación petrolera offshore frente a la costa atlántica bonaerense, con la apelación del Ejecutivo nacional al fallo que hizo lugar a una cautelar y suspendió la habilitación para que la noruega Equinor comience sus trabajo de exploración sísmica. Como sucede con el impulso a la megaminería, el gobierno no ahorra choques al movimiento ambiental y los repudios de las poblaciones locales para avanzar en grandes emprendimientos de alto impacto sobre la calidad de vida y las actividades económicas de las regiones en cuestión.

En efecto, recientemente el ministro Matías Kulfas fue a Santa Cruz a reivindicar el “modelo” de las megaexplotaciones de minerales metalíferos en la provincia de los Kirchner, y en simultáneo la secretaria de Minería de la Nación, Fernanda Ávila, viajó al Reino Unido a buscar inversiones de empresas británicas en emprendimientos de oro, cobre y litio. Según los dichos de la funcionaria, el 80% del territorio nacional se encuentra inexplorado, por lo que apuestan a promover una gigantesca extracción minera en todo el país cuando atravesamos una crisis hídrica de magnitud.

Claro que este saqueo se promueve en nombre de colaborar con la transición energética y asociada a la difusión de la electromovilidad. En este terreno se viene de anunciar que la canadiense Daymak fabricará en Córdoba un modelo de auto eléctrico de alta gama que tendrá un precio en torno a los 200.000 dólares y destino exclusivo de exportación hacia Canadá, Estados Unidos y Europa; con mayoría de componentes importados. Esta función de armaduría de piezas extranjeras redunda en una industria automotriz que si bien exporta fue deficitaria en más de 3.600 millones de dólares en 2021, según cifras del Banco Central relevados por al Fundación Fada. No hay desarrollo productivo nacional por esa vía, sino solo un aprovechamiento de las multinacionales de los bajos costos en dólares de la fuerza de trabajo.

Este carácter colonial de simple factoría de ensamble de firmas extranjeras reviste toda la industria criolla. El mismo informe de Fada registra que todos los rubros industriales demandan más dólares en importaciones de los que generan en exportaciones, de manera que el intercambio comercial de la industria dejó un saldo negativo superior a los 11.000 millones de dólares. La política oficial profundiza esta situación, como se expresa en el anuncio de instalación de una planta del gigante chino en fabricación de celulares Xioami en Tierra del Fuego. El resultado será una mayor dependencia de las exportaciones primarias.

Así las cosas, el gobierno refuerza con su desesperación por el ingreso de dólares el remate de los activos nacionales a las multinacionales, y con ello alimenta el lobby del gran capital por una devaluación más brusca. Finalmente, insistimos, ello incrementa el principal atractivo para que inviertan en el país, que es la depreciación de los salarios, mientras que los precios de los productos de consumo masivo se indexarán por una u otra vía al dólar. Si algo de “crecimiento” depara este plan para ofrecer garantías al FMI, es solo sobre las ganancias de los pulpos que saquean las riquezas del país.

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