Sin dudas, la “recuperación” de los puestos de trabajo de la cual se jacta el gobierno se ha montado en la más absoluta precarización laboral. Lo único que crece es el empleo no registrado y las changas, donde se perciben ingresos mucho más bajos que en el sector formal, acrecentando así el bolsillo de los capitalistas a costa de los trabajadores.

Un informe elaborado por el Centro de Estudios Metropolitanos en base a datos del Indec, correspondiente al segundo trimestre 2022, da cuenta que el 45% de la población ocupada trabaja en condiciones precarias, dado que el 28% está conformado por asalariados informales y el 17% por cuentapropistas de baja calificación, entre ellos quienes se desempeñan como changarines. Un universo compuesto por nueve millones de trabajadores completamente desamparados, sin aportes jubilatorios, licencias, ni cobertura médica, y con ingresos de hambre en medio de la escalada inflacionaria.

El fraude laboral en Argentina, avalado -y muchas veces protagonizado- por los sucesivos gobiernos, llega a tal punto que el 37,6% de los asalariados son informales. A su turno, el 78% de los cuentapropistas realiza tareas precarizadas, lo cual evidencia que de la destrucción del empleo ha emergido una capa de trabajadores que se las rebusca todos los días en la calle para ganarse el mango, sin un salario fijo y con la incertidumbre que genera no contar con más capital que un carro para cirujear o una manta para vender en la vereda.

Por otra parte, el sector cuentapropista también comprende en muchos casos relaciones de dependencia veladas bajo la figura del monotributo, como ocurre en todas las dependencias estatales o en las aplicaciones digitales que ofrecen distintos servicios, por ejemplo las de reparto a domicilio.

De un cuatrimestre a otro avanzó un 8% el número de trabajadores no registrados y un 2% el de cuentapropistas de baja calificación. En cambio, la cantidad de asalariados formales se mantuvo sin variación y la de cuentapropistas de alta calificación retrocedió 8%. Lo anterior se combina con un incremento de las horas trabajadas para poder llegar a fin de mes (4,8% interanual en el caso de los asalariados y 9,4% en el caso de los no asalariados). Como vemos, solo aumenta el trabajo precario y la sobrecarga laboral, lo que significa una mayor explotación de la mano de obra en beneficio de las patronales; la reforma laboral en los hechos.

Incluso, entre 2020 y 2022 subió dos puntos el porcentaje de trabajadores precarizados sobre el total de los ocupados. Así las cosas, el gobierno peronista, que prometía priorizar “a los de abajo”, permitió que los empresarios se valieran de la pandemia para hacer retroceder las condiciones laborales de la clase trabajadora, despidiendo a quienes se encontraban bajo convenio y recontratando de manera informal.

Ahora bien, la clase capitalista pretende ir más a fondo en esa orientación, destruyendo el conjunto de las conquistas obreras. La oposición patronal recoge ese guante de forma más explícita; sin embargo, el oficialismo no se queda atrás, ofreciendo la vía de atacar convenio por convenio con el concurso de la burocracia sindical, como ocurrió en el caso de Toyota o como intentan hacer en la provincia de Buenos Aires reemplazando el Estatuto Docente por un encuadramiento flexibilizador.

El gobierno no solo no genera trabajo genuino, sino que además se niega a abrir nuevos programas sociales que permitan paliar el hambre de los sectores más vulnerables, en función de acatar las metas fiscales del FMI. En ese sentido, cada vez más trabajadores precarizados y desocupados se suman a las filas del movimiento piquetero independiente, que enfrenta de manera infatigable estas políticas de ajuste.

Una perspectiva que debemos enfrentar ganando las calles y peleando por un paro nacional y un plan de lucha, mientras nos organizamos para echar a todos los políticos capitalistas que nos hunden en la miseria y la precarización, en favor de una minoría parasitaria.