Políticas
3/4/2025
La prohibición de los centros de estudiantes en las cárceles
Una medida reaccionaria.
Seguir
Protesta.
El 20 de marzo pasado, en el boletín oficial se publicó que, por orden del Ministerio de Seguridad, es decir de Bullrich, quedaban prohibidos los centros de estudiantes en las cárceles federales afectando distintas unidades penitenciarias pero golpeando centralmente a Devoto y Ezeiza. El boletín plantea que si bien la educación es un derecho legalmente garantizado, los centros de estudiantes no lo son y por ende se los puede prohibir, señalando que estos se arrogan la representación de todos los presos que estudian como si eso en sí mismo fuese algo negativo y desconociendo que fue la lucha de los propios presos la que dio el puntapié inicial para que la universidad llegue a las cárceles, como es el caso del CUD de la cárcel de Devoto. Se llamaran o no centro de estudiantes, fue su organización la que inició todo hace exactamente 40 años.
Por otro lado, también se limita el tiempo que los estudiantes privados de la libertad pueden permanecer dentro de los espacios educativos. El argumento para restringir solo al momento de las clases la permanencia en los centros educativos es que se le estaría quitando tiempo al cumplimiento de tareas obligatorias para los detenidos, tareas que tienen que ver con el mantenimiento de los espacios de detención y tienen carácter obligatorio desde diciembre del año pasado, además de que dichas tareas resultarían fundamentales para el tratamiento penitenciario y la progresividad de la ejecución de la pena.
Hablando en criollo, para Bullrich el acceso a la educación no tiene ningún impacto en el tratamiento que deben recibir los presos para reinsertarse de nuevo en la sociedad, sino que, además, según lo expresado en un boletín oficial del 16 de diciembre del 2024, garantizar que las cárceles sean sanas y limpias como establece el art 18 de la Constitución es una responsabilidad que recae en los presos y no sobre el Estado. Según la ministra, el hecho de que los estudiantes pasen largas jornadas en los espacios educativos y no realizando las tareas de mantenimiento no repara el daño causado a la sociedad. De más está decir que todos los presos contribuyen al mantenimiento e higiene de los espacios que habitan, por lo que lo de la ministra es una impostura más para negar lo obvio.
Para quienes estudian en la cárcel, y mucho más para quienes lo hacen en el exigente nivel universitario, pasar horas en los centros educativos es clave, así como también el acceso a biblioteca y las computadoras; y para poder leer y estudiar es importante tener un ambiente ordenado y silencioso. En los pabellones, que en general están superpoblados y con ruidos constantes, la tarea del estudiante es casi imposible.
Si bien la educación es un derecho y no parte del tratamiento penitenciario, es claro que contribuye como nada a esto último; la reincidencia de quienes estudian en la universidad intramuros es casi nula, pero también sabemos que tanto la ministra Bullrich como así también el ministro de Justicia Cúneo Libarona son negadores de las estadísticas que contradicen sus medidas y proyectos, como sucede con el de la baja de edad de punibilidad.
En este contexto es que se produjo una jornada de protesta durante la noche del 1 de abril en los pabellones 1 y 5 del penal de Devoto, con colchones incendiados, batucadas y una enorme bandera que dice “La universidad es de todos”.
Estas medidas del gobierno deben leerse no solo en el marco de una escalada represiva y de mano dura como es la ley de reiterancia recientemente aprobada sino también en el marco del ataque a la universidad pública y sus trabajadores que debe ser defendida tanto fuera como dentro de los muros de esos centros de tortura que son las cárceles de nuestro país.
