La eyección de Paula Español de su cargo al frente de la Secretaría de Comercio Interior, y su reemplazo por Roberto José Feletti, se suma a la lista de recambios que ha experimentado el Gabinete tras la derrota electoral del gobierno, con el objetivo de “airear” la imagen oficial de cara a los comicios de noviembre. En este caso, el “fusible” es nada menos que la funcionaria a quien le había sido encomendada la tarea de implementar las políticas relativas al control de precios, área en el cual el fracaso gubernamental ha sido más ostensible.

¿Qué significado tiene, entonces, el nombramiento de Feletti, un hombre del mismo riñón cristinista al que pertenece Español, para encabezar dicha cartera? En principio, en sus primeras declaraciones se encargó de despejar que fuera a impulsar iniciativas más radicalizadas para contener los precios. Por el contrario, habló en todo momento de que era partidario de generar consensos con las patronales. Incluso, se mostró afanoso de un pacto social en Argentina, como vía para bajar la inflación, donde se congelen precios y salarios, basándose en la premisa de que el salario es inflacionario. Lo cierto es que el índice de inflación ha trepado al 51,4% interanual -y del 53,4% en el caso de los alimentos- mientras los ingresos de los trabajadores se mantienen deprimidos.

“Yo creo en un acuerdo social, en un pacto social, no creo que en el conflicto. Creo que hay que convocar a empresarios, a productores y comercializadores y hacer un acuerdo racional donde se respeten los márgenes de ganancia, donde se respete la posibilidad de expandir la producción y el consumo” sostuvo. A su vez, se negó por el momento a anunciar nuevas medidas.

El exsecretario del Senado hace alusión a “respetar los márgenes de ganancia”, sin embargo, se trata de una mera “carta de intención” ya que no plantea para ello abrir los libros de las empresas involucradas en la cadena comercial. Por lo tanto, el mentado “pacto social” que pregona solo servirá para pisar los salarios, mientras las empresas incumplen con todo tipo de acuerdos y continúan remarcando los precios.

Por otra parte, Feletti afirmó que “yo creo que la fiscalización de precios es territorial. Creo que hay que estar en acuerdo con intendentes y sindicatos, y organizaciones sociales que colaboren”, desentendiéndose así de la tarea de controlar las regulaciones vigentes. A su turno, apuntó contra los monopolios de la alimentación que imponen los precios y enfatizó en la importancia de reducir el peso que tiene la Canasta Alimentaria en el salario, sin embargo, se limitó a diagnosticar un cuadro de situación que conocemos todos sin anunciar cómo pretende revertirlo, más allá de apelar a un refrito de medidas que se han mostrado infructuosas.

Lo evidencia el hecho de que todas y cada una de las políticas desplegadas en la materia resultaron inocuas a la hora de amainar la escalada inflacionaria que pulveriza día a día el bolsillo popular. Ni Precios Cuidados, ni el programa Súper Cerca, ni Cortes Cuidados, ni la Ley de Góndolas, ni el sistema de fiscalización de rótulos y etiquetas (SIFIRE), ni el régimen informativo de precios y cantidades vendidas (SIPRE) ponen en cuestión la raíz de los sobreprecios, que es en definitiva el secreto comercial capitalista. En ningún momento el gobierno estableció la apertura de los libros de toda la cadena de valor, en función de evaluar los costos reales, y, como consecuencia, ha fracasado rotundamente en el intento de contener el alza inflacionaria.

Como se trata de un gobierno incapaz de tocar la ganancia capitalista perpetúa además el dominio de un puñado de multinacionales sobre el comercio exterior local, razón por la cual el incremento de los precios de las commodities del agro impactó de lleno en el mercado interno encareciendo los alimentos. A su vez, la gestión de Alberto Fernández echa mano de una emisión monetaria exorbitante principalmente para subsidiar a los pulpos petroleros y cancelar intereses de la deuda nominada en pesos, es decir, para fines completamente parasitarios. También estableció aumentos en el combustible y tiene en agenda mayores tarifazos en los servicios públicos, y, para coronar, pavimenta el drenaje de reservas del BCRA, por medio del pago de intereses al FMI y la fuga de capitales, fuente de sucesivas devaluaciones. Es decir, no solamente las medidas impulsadas por Comercio Interior han sido estériles para combatir el carácter especulativo de la formación de precios, sino que además todas las políticas que desenvuelve el gobierno al servicio del capital echan leña al fuego del espiral inflacionario.

Como podemos ver, los reemplazos en el elenco oficial no modifican la naturaleza del gobierno, cuyo “relanzamiento” posderrota electoral no está direccionado hacia los intereses de las mayorías, sino hacia reforzar la agenda de la clase capitalista. Por lo tanto, queda en manos de una intervención obrera y popular proceder a abrir los libros de la cadena comercial para evaluar los costos reales, así como también pelear por recomponer el ingreso del pueblo estableciendo un salario mínimo de $100.000, paritarias indexadas a la inflación, la abolición de impuestos al consumo como el IVA, prohibir los despidos y suspensiones y repartir las horas de trabajo para que no haya desempleo. A su turno, es fundamental emprender un rumbo de reorganización del país sobre nuevas bases, nacionalizando bajo control obrero los resortes de la economía -comercio exterior, banca, industria energética-, rompiendo con el FMI y repudiando la deuda usuraria. Lo anterior permitirá avanzar en un plan de desarrollo nacional y satisfacción de las necesidades sociales, para que, entre otras cosas,  “llenar la olla”  deje de ser una tarea imposible para millones de familias trabajadoras.

 

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