Alberto Fernández dejó en claro, y fue muy explícito, que estuvo siguiendo paso a paso el operativo de desalojo de las 1.400 familias que requerían un pedazo de tierra para poder vivir. Alberto habló en defensa de la “acción de la justicia” y sobre todo aportó las fuerzas de la Gendarmería Nacional para coordinar el operativo, aunque aclaró que fue el gobierno provincial el que decidió cómo resolver el “conflicto”. Los medios se hicieron eco también de que Cristina le transmitió a Axel Kicillof su apoyo mientras se desarrollaba el operativo (por último tanto este como Berni son considerados “hombres” de la vicepresidenta).

Es el gobierno “nacional y popular” del Frente de Todos del gobernador Kicillof el que militarizó la ciudad de Guernica, reprimió con saña a vecinos y organizaciones y destruyó sus casillas y pertenencias. Las imágenes explícitas de represión a los vecinos del asentamiento precario de Guernica han abierto una amplia crisis en sectores de izquierdistas que apoyan el gobierno del Frente de Todos. Si bien lo venía haciendo en muchas otras tomas de tierra, pero estas no fueron televisadas para todo el país y no pudieron elegir ignorarlas y no pronunciarse al respecto.

Militantes de movimientos sociales, ambientales o de la mujer han argumentado su integración como funcionarios al gobierno en que desde allí tendrán un mejor lugar para impulsar las reivindicaciones populares. También han destacado que reforzar el ala “popular” de los partidos capitalistas sería necesario para enfrentar a la derecha ajustadora y represora, el enemigo principal de las aspiraciones populares.

Si bien alguna declaraciones jugaron con la ambigüedad que el gobierno planteó entre la responsabilidad judicial del desalojo y la política del gobierno, las cabezas políticas del Frente de Todos han achicado el margen para la ambigüedad.

El ministro de seguridad Sergio Berni hace un festejo de los desalojos, diciendo en la televisión que él hubiera deseado que el desalojo se hiciera “el primer día” que la gente estuvo en el predio. Centró su discurso en reivindicar que “Hoy defendemos la propiedad privada”. Se suma contentísimo a la campaña macartista promovida por Larroque, tratando a los militantes de izquierda que apoyan la toma como infiltrados llevados a chocar con la policía. Que el ministro sostenido por la supuesta “ala izquierda” del gobierno, que serían Kicillof y Cristina Kirchner desarrolle los temas clásicos de la justificación derechista de la represión ha sacudido a más de un simpatizante del gobierno. Berni es hoy el émulo local del discurso de “ley y el orden” de Bolsonaro y Trump con más tiempo de aire, muy por encima de Patricia Bullrich o Miguel Pichetto, que tienen un discurso muy similar. El desalojo de Guernica, en simultáneo del Proyecto Artigas en Entre Ríos, fue saludado en las redes por todos los sectores de la derecha.

La funcionaria feminista Mercedes D´Alessandro dijo que las imágenes del desalojo eran “desgarradoras” y declaró su solidaridad con las familias.  ATE Capital, dirigida por el kirchnerista Daniel Catalano, emitió un repudio al desalojo, considerando que incompatible un “Estado democrático” con la represión a los más vulnerables, y al mismo tiempo reivindicando las supuestas gestiones del gobierno bonaerense. Las contradicciones de esta política son violentas y dejan a estos sindicalistas kirchneristas al borde de considerar antidemocrático al gobierno que defienden.

Juan Grabois del MTE y la UTEP, que ha hablado poco y nada de la situación de Guernica, se refirió ayer al tema en una carta donde amalgamó el desalojo bonaerense con el desenlace de su intervención en la sucesión de una familia aristocrática de Entre Ríos mediante el llamado Proyecto Artigas. “Al presidente Fernández, al gobernador Bordet, al gobernador Kicillof, a los poderes institucionales de la democracia, les pedimos que dejen de ceder ante el poder fáctico”, dijo para tratar de construir una agenda del gobierno que tendría que ver no con la especulación inmobiliaria y los agronegocios sino con el acceso de la tierra para las grandes masas de trabajadores sin acceso a la tierra. Esto es una fantasía, que solo existe en el discurso de grupos de izquierdistas cooptados al Frente de Todos. La agenda de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Axel Kicillof es reactivar los negocios capitalistas a costas de las penurias populares. Esto no es una concesión, sino una convicción profunda.

Ofelia Fernández, legisladora porteña que comparte el Frente Patria Grande con Grabois, tuiteó sobre su decepción y repudio, rematando su mensaje con un “¿Me explico?” que evita dar definiciones políticas sobre el Frente de Todos que integra y lleva adelante esta acción.

Otros integrantes del Frente Patria Grande, como Martín Ogando, Federico Fagioli del MP La Dignidad y Federico Orchani de la escisión del Frente Popular Darío Santillán integrada al gobierno repudiaron también el desalojo.

Daniel Menéndez, funcionario en el ministerio de Desarrollo Nacional que proviene de Barrios de Pie-Somos, dijo en una entrevista que “la protesta social no se reprime”, aunque aseguró que no renunciará a su cargo por este desacuerdo con el gobierno.

La comisión directiva nacional de ATE, en un comunicado firmado por Cachorro Godoy, incluso dice “rechazamos toda estigmatización de quienes luchan por condiciones de vida dignas, como también su criminalización y judicialización”, aunque no llegue a denunciar a los funcionarios del gobierno que apoyan como los que la llevan adelante.

En un comunicado conjunto, el Serpaj y el Cels este último profundamente entrelazado con el kirchnerismo, denuncian que fue el Ministerio de Desarrollo de Larroque el que bloqueó el diálogo con versiones falsas sobre la cantidad de vecinos y que fueron los funcionarios de Kicillof y Larroque los que, desconociendo el censo del que estos organismos de DD.HH. fueron veedores, informaron al fiscal de la interrupción de la mesa de diálogo, llevada adelante por ellos, para dar pie a que se realizara el desalojo.

Mucho más contundente fue la presidente de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Nora Cortiñas, que en una entrevista con el programa “Pasaron cosas”, en el que aclaró que votó a este gobierno porque tenía esperanzas pero nunca se consideró kirchnerista, dejó conclusiones de fondo. Relacionó la presencia de 4 mil agentes represivos en Guernica a la votación de un presupuesto 2021 centrado en imponer el pago de una deuda externa infame, que no hay que pagar. Consideró a Larroque un experto en desalojos, por sus antecedentes, echando al acampe Qom de la Avenida 9 de Julio durante la presidencia de Cristina Kirchner. Pidió la renuncia inmediata de Sergio Berni. Consideró que el gobierno ha mostrado que va a cuidar los intereses de los ricos y que pueden estar tranquilos. Que el intento de demonizar a la izquierda es “lo que dicen los fachos” y que “El Estado es responsable. El presidente, Kicillof, Larreta, Larroque”. Una claridad política y entereza moral de la que muchos podrían aprender.

Como lo resaltó en su intervención en el recinto del Congreso que se aprestaba a votar el presupuesto mientras comenzaba la represión nuestra diputada nacional del Partido Obrero-Frente de Izquierda, Romina Del Plá, la represión brutal en Guernica marca el fin de cualquier ilusión sobre el carácter progresista que pudiera quedar, luego de un año de una política sistemática de entrega nacional y avance contra los derechos de trabajadores, jubilados, mujeres y el ambiente.

Solo la construcción de una alternativa independiente de los gobiernos que han presidido por décadas la caída catastrófica de las condiciones de vida de las masas puede abrir una perspectiva nueva para estas.