La ruta de la efedrina y del triple crimen de General Rodríguez, como la valija de Antonini Wilson, deja al descubierto la inquietante presencia del Estado argentino en un amplio entramado de actividades mafiosas y delitos gravísimos contra la salud del pueblo, sin olvidar que toda esa porquería se ramifica en un extendido “mercado de derivados”.

En estos días prosigue la pelea de perros entre la ministra de Salud, Graciela Ocaña, y Héctor Capaccioli, el patotero que Alberto Fernández puso al frente de la Superintendencia de Seguros de Salud. Pelean para salvarse, por ver quién de los dos hizo poner a Sebastián Forza en una comisión de acreedores del Hospital Francés, entre otras perlas. Forza había hecho ventas millonarias de medicamentos adulterados, tanto a ese sanatorio como al sistema estatal de salud.

Mientras el intercambio de acusaciones se vuelve cada vez más ácido y repugnante, los contendientes siguen bajo el mismo techo: el gobierno nacional. Eso no puede suceder sin provocar una crisis, y para tratar de acotarla Néstor Kirchner se ha reunido en estos días con su ex jefe de gabinete, aunque también están peleados. Buscan anudar un pacto mafioso, temerosos de los ventiladores que pueda prender contra todos quien salga perdedor en esa pugna.

En este punto se hace necesaria una aclaración: no usamos el término “mafia” o “mafioso” ligeramente, sino en su sentido más estricto: el referido a organizaciones de grandes delincuentes vinculadas en su actividad con los poderes del Estado. Eso fue la mafia desde que surgió en Sicilia con ese nombre, como la camorra napolitana y otras.

La cuestión política

Por un momento puede dejarse a un lado toda la trama tenebrosa que los asesinatos en General Rodríguez han dejado entrever, para observar una arista política más elemental y contundente. Esos crímenes pusieron al descubierto, otra vez, la operatoria de un enorme mercado negro de medicamentos que incluye la venta a organismos oficiales, para ser distribuidos entre la población, de remedios vencidos, adulterados o robados. El propio Forza dio un testimonio alucinante de ese negociado, que involucra a grandes laboratorios, obras sociales e instituciones como el Pami, entre otros.

Eso es así desde siempre, pero empeoró desde el dictado del decreto menemista 2284/91, que desreguló el mercado de medicamentos y convirtió la salud de los argentinos en tierra arrasada. Pues bien: ese decreto sigue vigente y se lo aplica todos los días porque le hace la vida muy cómoda a Ocaña, a Capaccioli, a tipos como Forza (hasta que quieren pasarse de vivos con narcos mexicanos, claro está), a los laboratorios y al cartel de Sinaloa.

Ocaña clama inocencia y acusa a otros, pero el 15 de febrero de este año recibió una resolución de la Defensoría del Pueblo de la Nación, firmada por Eduardo Mondino, que le recomendaba, con mucha moderación y prudencia, dictar “alguna norma reguladora” para las diferentes etapas de la comercialización de medicamentos, porque ese mercado -decía- así como está constituye un peligro para la salud pública.

Esa resolución no proponía ninguna medida de fondo, nada que pudiera atacar la base del problema y menos que fuera capaz de solucionarlo. De haberse aplicado, como mucho se habría “regulado” la actividad delictiva sin suprimirla, más allá de las intenciones de Mondino. Pues bien: Ocaña cajoneó la resolución y no hizo nada de nada. No puede extrañar, porque después de todo, la Defensoría no decía nada que ella no supiera.

Mientras tanto, duerme en el Senado un proyecto de ley para ordenar el ejercicio de la farmacia. Es un proyecto reaccionario, que deja la comercialización de medicamentos en manos de pulpos privados pero, al mismo tiempo, introduce algunas cláusulas que producirían ciertas molestias a los traficantes. Y los señores, está visto, no quieren ser molestados y el Senado ni siquiera se toma el trabajo de emitir un voto “no positivo”.

Hasta Carlos Fernández, presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina, dice al respecto: “¿Es necesario esperar que se produzcan casos masivos de intoxicaciones y muertes, como ocurrió con el Yectafer y otros productos adulterados y falsificados?” (La Nación, 29/9).

Si no hubiera nada más (lo cual, por cierto, no es el caso porque todo esto parece una gran novela negra), eso sólo sería suficiente para tomar medidas elementales en defensa de la salud del pueblo: fuera Ocaña; fuera Capaccioli; nacionalización inmediata y sin pago de los grandes laboratorios y cadenas de farmacia y de todo el proceso de elaboración y distribución de medicamentos; control de trabajadores y usuarios al sistema de salud; determinación y ejecución del presupuesto del área por organismos populares.

La salud pública no puede estar en manos mafiosas.