De cara a las audiencias públicas de mayo que definirán el segundo aumento de tarifas del año, la Secretaría de Energía acaba de publicar cuáles serán los criterios para definir la quita de subsidios en la boleta a ciertos usuarios. Vemos cómo el gobierno utiliza la mentada “segmentación” como recurso para aplicar un tarifazo a gran escala, al servicio de cumplir con las metas del FMI.

Recordemos que el grueso de la población tendrá una suba del 20% en la luz y del 17% en el gas, sumándose al incremento del 20% en marzo, y ya comenzó a regir la fórmula de actualización basada en el 80% de Coeficiente de Variación Salarial, lo cual asegura que los ajustes sean periódicos, horadando más aun los ingresos populares. Por otro lado, quienes reciben la tarifa social deberán pagar un 6% más. Por su parte, el 10% con mayor poder adquisitivo pasará abonar la tarifa plena, donde los aumentos rondarán entre el 200% y el 400%, generando un gasto extra anual para estos usuarios de al menos $73.000.

Los criterios escogidos para definir quiénes integran este grupo poblacional de mayores ingresos son, por un lado, vivir en ciertos barrios de alta capacidad de pago según el ENRE -aún no se sabe cuáles-, residir en barrios privados, que el ingreso del hogar equivalga a 3,7 Canastas Básicas Totales que hoy suman $314.000, tener tres o más inmuebles registrados, poseer tres o más vehículos con antigüedad menor a los cinco años, tener aviones o embarcaciones de lujo. Si se cumple con alguno de estos parámetros comienza a correr la tarifa plena, que, en el caso del Amba, abarcará 921.778 usuarios de energía y 760.600 de gas residencial.

No solo que este esquema compuesto por criterios geográficos y socioeconómicos es de difícil aplicación a nivel nacional y puede prestar a un sinnúmero de arbitrariedades, sino que además, el comunicado oficial publicado luego de cerrar el acuerdo con el FMI indicaba que la segmentación de tarifas estará sujeta a variaciones a lo largo del tiempo. Es decir, que puede ser rediseñada en función de incorporar más usuarios la tarifa sin subsidios, de acuerdo a la regulación del ajuste fiscal que vaya haciendo el organismo en cada una de sus revisiones trimestrales. Por lo tanto, esta primera clasificación demográfica es el puntapié para que los mayores aumentos en los servicios alcancen a una porción cada vez más amplia de la población.

El gobierno intenta disimular esta política de tarifazos permanentes con mecanismos como la segmentación o los aumentos acordes al índice salarial, en un cuadro de miseria creciente y amplio descontento popular. En ese sentido, pretende mostrar que los subsidios energéticos serían “pro ricos” al estar incluidos en la factura de usuarios con distinto poder adquisitivo. En realidad, el carácter “pro rico” de los mismos consiste en que están dirigidos a las empresas distribuidoras y a las petroleras, sin un correlato en el nivel de inversión de estos capitalistas y desconociendo cuáles son los costos reales. Y, al momento de proceder a una reducción de dichas transferencias para complacer al FMI, el oficialismo decide mantener intactas las ganancias del sector, compensando este recorte con subas de tarifas que pagan los consumidores.

Ahora bien, la reducción de subsidios energéticos acordada con el FMI, del 0,6% del PBI para le 2022, está seriamente cuestionada por el encarecimiento de la energía que importamos, cuyo precio internacional pegó un salto tras el estallido bélico en Ucrania y que requerimos en mayor cantidad fruto del déficit energético que transita Argentina. Así las cosas, lo devengado en subsidios energéticos varió un 76,7% en términos reales entre marzo 2021 y marzo 2022 según los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Con lo que el gobierno se haya en la disyuntiva de incumplir con las metas fondomonetaristas asumiendo el riesgo de ir al default o soliviantar a la pueblo trabajador descargando tarifazos de mayor envergadura.

Por el momento, Federico Bernal (titular de Energas) y Federico Basualdo (subsecretario de Energía), pertenecientes al riñón kirchnerista, vienen acompasando el cronograma de tarifazos dispuesto por el gobierno y han ratificado el llamado a nuevas audiencias públicas. Ambos funcionarios posan de críticos en el discurso pero convalidan desde las dependencias que dirigen la política de ajuste dictaminada por el FMI.

A los trabajadores nos toca derrotar este nuevo golpe al bolsillo popular. En primer lugar, exigiendo una recomposición del ingreso sobre la base de un salario mínimo de $180.000 y aumentos salariales indexados a la inflación. Por otra parte, es necesario proceder a la apertura de los libros de toda la cadena energética a fin de evaluar los costos reales, verificar a dónde fueron dirigidos los subsidios estatales y fijar tarifas acordes a las necesidades sociales; en el camino de nacionalizar bajo control obrero toda la industria energética y posibilitar así un horizonte de desarrollo nacional al servicio del pueblo. Fuera el FMI, abajo el ajuste.

 

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