Políticas
10/9/2026
La trampa de la "equidad" jubilatoria en Córdoba
La lucha por la derogación de la ley debe vincularse a un programa que incluya salario igual a la canasta familiar. El impacto sobre la docencia.
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La sanción de la llamada ley de "Equidad Jubilatoria" aprobada a finales del año pasado en la Unicameral representa una nueva vuelta de tuerca en la política de ajuste que el peronismo cordobés descarga sobre la clase trabajadora provincial. Disfrazada de justicia redistributiva, la norma impulsada por la gestión de Martín Llaryora constituye un ataque directo al salario de bolsillo de empleados públicos, docentes, trabajadores de la salud, bancarios y viales.
Bajo el argumento de "equilibrar las cuentas", el Ejecutivo reemplazó el aporte adicional fijo del 4% a la Caja de Jubilaciones por una escala progresiva que incrementa significativamente los descuentos sobre los salarios más altos. Esta jugada no es casual: se enmarca de lleno en el pacto derechista entre Llaryora y Javier Milei para acelerar el ajuste brutal contra los trabajadores y el pueblo.
Una reforma hecha para descargar el déficit de la Caja sobre los trabajadores
Antes de la reforma, los trabajadores realizaban un aporte extraordinario uniforme del 4%. Con la nueva ley, las franjas salariales inferiores pasan a aportar entre 2% y 3%, mientras que quienes superan determinados niveles de ingresos pasan a tributar 6% y hasta 8% adicional. La principal afectada por este esquema es la docencia cordobesa. Mientras una parte minoritaria de trabajadores con cargos iniciales accede a una reducción marginal de aportes, más de un tercio de los docentes queda alcanzado por las alícuotas más elevadas. El problema radica en que miles de docentes se ven obligados a acumular cargos, funciones y horas cátedra dentro del propio sistema educativo, desempeñándose simultáneamente como maestros, profesores, preceptores o directivos en distintas escuelas para alcanzar un ingreso que les permita llegar a fin de mes.
Al computarse conjuntamente esos ingresos, muchos trabajadores pasan automáticamente a los tramos superiores de la escala. De esta manera, el Estado castiga económicamente a quienes sostienen jornadas extendidas dentro de la propia educación pública. Lejos de cualquier criterio de equidad, la medida funciona como una transferencia de recursos desde los trabajadores hacia las finanzas provinciales. La supuesta progresividad de la norma es engañosa. Lo que el gobierno deja de recaudar en los tramos más bajos queda ampliamente compensado por el incremento de descuentos sobre quienes acumulan cargos para sobrevivir.
El vaciamiento de la Caja y la respuesta de los trabajadores
Detrás del discurso de la "sostenibilidad" se encuentra el problema de fondo: el vaciamiento sistemático de la Caja de Jubilaciones de Córdoba. Durante décadas, los gobiernos de De la Sota, Schiaretti y Llaryora administraron el organismo, mientras el propio Estado provincial impulsaba mecanismos de precarización laboral, contratos irregulares y modalidades de empleo que redujeron la base de aportantes. A esto se suman beneficios otorgados a patronales privadas y políticas que contribuyeron al deterioro financiero del sistema previsional. Ahora, frente a ese déficit, el gobierno pretende que sean los trabajadores quienes paguen la cuenta mediante mayores aportes. Es la vieja lógica de socializar las pérdidas mientras se preservan los intereses patronales.
En este cuadro, tuvo un papel decisivo la pasividad de las conducciones sindicales burocráticas. Esta inacción responde directamente a que están alineadas con el PJ provincial, compartiendo intereses que defienden activamente en contra de la docencia y los trabajadores. La reforma se inscribe además en un cuadro general de ajuste sobre las jubilaciones y los salarios. El traslado de los costos fiscales a los trabajadores constituye un denominador común de las distintas variantes de los partidos patronales, que buscan preservar los beneficios del gran capital.
Organizar la resistencia desde abajo
Sin embargo, hay una alternativa real en marcha. Sectores como UEPC Capital y judiciales vienen impulsando acciones de lucha independientes para quebrantar el pacto de ajuste sobre salarios y jubilaciones. La clave para superar la parálisis burocrática está en construir la unidad de los trabajadores en la perspectiva de un Plenario Provincial de Estatales, para votar de forma democrática un plan de lucha unificado y el paro provincial. Frente a esta ofensiva, no hay lugar para aceptar la premisa de que los trabajadores deban financiar el déficit de la Caja. Hacerlo implica convalidar el vaciamiento y abrir la puerta a nuevas reformas contra el régimen previsional.
Por eso, la lucha por la derogación de la ley debe vincularse a un programa que incluya salario igual a la canasta familiar por un solo cargo, restitución efectiva del 82% móvil, eliminación del diferimiento jubilatorio e incorporación al básico de todas las sumas no remunerativas. Al mismo tiempo, resulta necesario abrir los libros de la Caja para auditar el destino de los fondos y terminar con una intervención estatal que se prolonga desde hace décadas. La administración del organismo debe quedar bajo control de representantes electos por los propios trabajadores activos y jubilados, para que el sistema previsional deje de funcionar como una variable de ajuste y vuelva a ser un derecho garantizado para quienes sostienen con su trabajo la riqueza de la provincia.
