El proyecto que no fue tratado ni analizado en comisiones consiste en la implementación de un Seguro Provincial de Salud (Seprosa) obligatorio para el acceso a la salud, eliminando así la gratuidad y el acceso universal a este. El principal fundamento del proyecto es que, como toda asistencia sanitaria, posee un costo del que se hace cargo el Estado Provincial y que por los “cambios” en la economía nacional las provincias han dejado de recibir el financiamiento habitual. Y que, según datos de la Dirección Provincial de Atención Primaria de la Salud, dependiente del Ministerio de Salud, “el sistema público brinda cobertura al 50% de la población jujeña”. De ese porcentaje, la mitad se encontraría en condiciones de vulnerabilidad social y económica, pero el resto, tendría capacidad de pago y se encontraría en condiciones de aportar ingresos al sistema de salud mediante el Seprosa.

Es decir, el ajuste y el desfinanciamiento en la salud pública que lleva adelante el gobierno de Milei se transfiere y lo tenemos que pagar nosotros. Todo aquel que requiera asistencia médica y no cuente con obra social deberá obligatoriamente abonar este seguro. El proyecto señala que solo quedan exceptuadas aquellas personas que acrediten no superar dos salarios mínimos, el que los supere, que estamos hablando de aproximadamente de 600 mil pesos, deberá afrontar el gasto indefectiblemente. 

La aplicación de esta medida estará a cargo del Instituto de Seguros de Jujuy, que constantemente se ve envuelto de quejas por las prestaciones y señalada como una de las cajas recaudadoras más importantes de la provincia. Por otro lado, el proyecto establece que los prestadores del Seguro Provincial de Salud “podrán ser del sector público provincial como del sector privado, quienes,deberán inscribirse como prestadores al presente sistema, cumpliendo y haciendo cumplir las disposiciones establecidas al efecto”. No solo convierte a los hospitales en prestadores y facturadores de servicio, sino que además la cobertura es la mínima obligatoria, sin especificar qué patologías y niveles de complejidad serán cubiertos y cuáles no.

A su vez la opción de prestadores privados, también impulsa la ampliación del mercado de salud y negociados con el Estado, ya que el pago del seguro te convierte en un cliente de la clínica privada. El Estado provincial se corre de la responsabilidad del financiamiento de la salud pública y gratuita aniquilando el derecho universal y nos convierte en contribuyentes de empresas privadas. Nunca mejor dicho: donde ven una necesidad, ven un negocio. 

Fue Gerardo Morales quien insistió con el arancelamiento instalando discursos xenófobos contra extranjeros, el gobierno de Milei anunciando la reforma de la Ley de Migraciones para restringir el acceso a la salud, pero este proyecto de concretarse significaría un retroceso enorme en materia de derechos, por eso es necesario impedir su aprobación. El desfinanciamiento en salud es producto del ajuste brutal, y si Estado Provincial quiere cobrar para financiar la salud pública que sea en base impuestos a los que más tienen, a los grandes empresarios. 

Nuevo rechazo a las pruebas que presenta el Polo Obrero

La sistemática negativa a las pruebas de la defensa deja claro que se trata de una persecución política. –

prensaobrera.com