La Unión Industrial Argentina presentó este martes su “Libro Blanco” de propuestas para el “desarrollo industrial federal” que hará llegar a distintos funcionarios del gobierno nacional para su discusión. Su propuesta de política industrial incluye simplificación tributaria, incentivos fiscales, incentivos económicos, tratar las “nuevas realidades laborales”, el “fortalecimiento de la relación aprendizaje-trabajo” y el fomento para el desarrollo de las exportaciones. En criollo, ante un cuadro de inflación fuera de control y crisis energética, las patronales proponen una reforma tributaria, una reforma laboral y la preservación de sus ganancias por parte del Estado.

El titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, realizó además algunas declaraciones sobre la importación de gas “las empresas también se enfrentan a un invierno difícil, donde puede faltar gas. La importación del mismo está -por ahora- fuera de lo que puede pagar el país”. Busca cubrirse tanto de mayores tarifazos sobre la industria como incluso queda indemne frente a un escenario de posibles cortes de energía durante el invierno. A esto vienen también sus dichos acerca de la alta inflación ya que compromete los planes de inversión, lo cual más allá de las extorsiones revela que la política fondomonetarista es marcadamente recesiva

A la par, como la hoja de ruta acordada con el Fondo para eliminar el déficit fiscal incluye acrecentar la carga impositiva, la política de “alivio fiscal” hacia las patronales que exige la UIA apunta a preservarse de una mayor tributación. Las tensiones del gobierno con el capital agrario por las retenciones a las exportaciones de los derivados de la soja es parte de esta pulseada, y adelanta los choques que se vienen, agudizados por el carácter incumplible del programa del FMI.

Todo el plan de la cámara empresaria se reduce a tratar de salir ilesa de las consecuencias del acuerdo con el Fondo, especialmente en un cuadro de inflación galopante y crisis energética. Esta crisis es aprovechada por las patronales para insistir, en medio de una tendencia alcista récord en los precios de los alimentos, en poner como primera condición flexibilizar la legislación laboral y las condiciones de trabajo.

De todas maneras la inflación, los impuestos y el precio de la energía afectarán principalmente a los trabajadores, puesto que los capitalistas a su vez trasladan los mayores costos al precio final del producto que pagan las familias al momento de hacer las compras. Esto sumado a los impuestos al consumo (además de a la vivienda única o a las Ganancias que sigue gravando al salario), y a que la clase obrera es ajena a los regímenes de “alivio fiscal”. Son también quienes sufren la mayor evasión, que es la que se ahorra los aportes previsionales mediante la precarización laboral.

Si bien las patronales ya se valen de todos los vericuetos de la propia ley para hacer pasar situaciones de fraude laboral por medio de contrataciones basura, tercerización y encuadres en el régimen de monotributistas, la adaptación de la jornada laboral a la falsa “modernización” de los convenios colectivos implica las “facilidades” para contratar y despedir trabajadores, la polifuncionalidad del empleo y el vínculo estrecho entre el salario y la productividad por medio de premios y/o trabajo a destajo. El gobierno ya viene trabajando la discusión sobre la productividad y “modernización” de los convenios colectivos de trabajo, en línea con los objetivos pactados con el FMI

El acuerdo inflacionario y recesivo con el Fondo va a traer nuevos choques y conflictos con la propia clase capitalista. La reducción de subsidios, el aumento de impuestos y la falta de importaciones son motivo de tensión. Las crisis serán también el escenario para hacerle pagar a la población trabajadora el ajuste pactado con el Fondo. Queda en manos de los trabajadores defender sus condiciones de vida, con el método de la organización y la movilización. Ningún plan de desarrollo industrial real puede encararse sin romper con el FMI y el repudio de la deuda externa.

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