La gira europea de Alberto Fernández y Martín Guzmán, cuyo eje es buscar una postergación del vencimiento del Club de París y sumar apoyos para sellar una renegociación con el FMI, empezó con una agenda de reuniones oficiales en Portugal. Además de mostrar un respaldo político del gobierno centroizquierdista de Antonio Costa, el mandatario argentino volvió a presentar al país lusitano como el ejemplo a seguir de un “caso exitoso” de acuerdo con el Fondo Monetario que no habría obstaculizado un crecimiento económico ni requerido austeridad fiscal. ¿A qué se refiere?

Fernández y Guzmán se muestran críticos de los clásicos programas fondomonetaristas de ajuste, y bregan por un acuerdo de repago de la deuda que no limite la posibilidad de una “política fiscal expansiva”, es decir de volcar recursos del Estado para impulsar el consumo y la producción. También reclaman que se reduzcan las sobretasas de interés que cobra el organismo, y el mayor plazo posible de repago. Esto es presentado como una vía indolora de honrar la deuda, o al menos que no se descargaría sobre las familias trabajadoras.

¿Cómo se compatibiliza ese discurso con el hecho de que en plena segunda ola y ascenso de la pobreza el gobierno se jacte de haber logrado en el primer trimestre el menor déficit fiscal en seis años? Veamos. El mayor rubro de recorte fueron las jubilaciones y prestaciones sociales, que -por el robo de la movilidad- variaron de un año a otro 28,7% contra una inflación del 42,6%. Lo mismo vale para los gastos corrientes, entre los cuales se cuentan los salarios, entendible si observamos que este mes vence la paritaria de los estatales nacionales dejando las remuneraciones más de 15 puntos por debajo de los aumentos de precios.

La respuesta a la pregunta anterior la tenemos en los últimos papers del propio Fondo Monetario para América Latina. En su página oficial, el organismo advierte sobre “la necesidad de mejorar la focalización de las transferencias sociales para asegurar el apoyo a los grupos vulnerables”, lo cual sería obstaculizado por el “gasto corriente muy rígido” que implican sueldos y jubilaciones. De esta manera la liquidación de los sistemas previsionales y el achique del empleo público serían condiciones para toda “política fiscal expansiva” como la que pregona el gobierno del Frente de Todos. Es notorio, cuando las empresas han sido eximidas en masa de los aportes patronales a la seguridad social en reiteradas oportunidades, y hasta el IFE fue ejecutado de la caja de la Anses.

Como se ve, los deberes que se encuentra cumpliendo el gobierno argentino para lubricar un acuerdo son un golpe a la población trabajadora, y las políticas expansivas no pasan de una redistribución de la pobreza, cuando no una transferencia lisa y llana a los capitalistas. Es además lo que sacó a la luz la crisis del tarifazo eléctrico y el debate por una enorme masa de subsidios que van a parar a los bolsillos patronales. ¿En qué consiste entonces la salida portuguesa?

Portugal accedió a un crédito del FMI por 38.000 millones de dólares en 2011, y suscribió con ello una agenda que tenía su centro en una reforma laboral precarizadora y recortes drásticos del gasto público. El Estado redujo salarios hasta un 25%, ejecutó despidos masivos y extendió la jornada laboral. En el sector privado se abarataron los despidos, restringieron los seguros al desempleo (mientras las desocupación pasó del 7% en 2008 al 18% en 2013), redujeron los días de vacaciones y los pagos por horas extra, e incluso se liquidó la jornada de ochos horas para imponer duraciones flexibles. El posterior “crecimiento” se concentró en el turismo y los rubros de exportación hacia otros países de la Eurozona, valiéndose de los menores costos de producción por el abaratamiento de la mano de obra, lo cual originó además el desembarco de capitales extranjeros de trabajo precario como los call centers.

Si bien Costa, del Partido Socialista, asumió en 2015 prometiendo revertir las políticas de austeridad, lo cierto es que tres años después celebraba haber alcanzado el menor déficit fiscal en cuatro décadas, unas 20 veces más reducido que el 10% del PBI que registraba antes del préstamo del FMI. Fue entonces cuando canceló por anticipado la deuda gatillando en efectivo 4.700 millones de euros, luego de haber honrado las sobretasas usurarias impuestas por el organismo financiero (similar a lo que hizo Néstor Kirchner en 2006). Para la juventud en particular, Portugal es ciertamente un reino de la precarización laboral. Por eso este progresismo debió reprimir importantes luchas obreras, al punto de movilizar al Ejército contra una huelga de transportistas en 2019.

El camino del “milagro portugués”, entonces, no implicó ninguna flexibilidad ni con los ataques a los trabajadores ni en la carga usuraria de la deuda, como la que reclama Alberto Fernández. El punto es que se trata de una carga impagable para nuestro país; economistas calculan que deberían pagarse 15.000 millones de dólares al año si se firma un acuerdo de repago a 10 años con el Fondo, sumando también los vencimientos con los bonistas y el resto de los organismos internacionales, y de las provincias. Habría que rematar la nación. Lo más probable es que esto derive en nuevas renegociaciones, que extiendan la tutela del FMI por varias décadas.

Para concretar semejante rescate de la deuda externa el presidente bregó desde Lisboa por un “cambio en las reglas de sistema financiero internacional”, lo cual no pasa de una impostura. El eje de la gira por Europa es lograr la postergación del vencimiento de 2.400 millones de dólares con el Club de París, que ya ingresa en período de gracia (un default dejaría a Argentina fuera del único acceso al crédito que le queda, que es el de organismos internacionales). Se trata del reconocimiento de un enorme fraude contra el país: una deuda original de menos de 5.000 millones de dólares que luego de ser renegociada por Kicillof (cuando era ministro de Economía) quedó -contando intereses y punitorios- en 9.700 millones de dólares, con tasas que llegaban al 9% anual. El “puente de tiempo” que pide Guzmán convalidaría esta usura y seguiría incrementando el monto final.

Por último, digamos de pasada que lo que tiene de expansiva la política fiscal termina acicateando… las ganancias financieras. Es lo que pasa con la emisión monetaria, que -como no se invierte productivamente- termina siendo reabsorbida por el Banco Central mediante instrumentos como las Leliq y pases pasivos, alimentando una bola de nieve que ya cuesta más de 100.000 millones de pesos al mes en intereses. Para desarmar esa bomba de tiempo y cubrir el déficit fiscal con deuda en pesos (en lugar de emisión) subieron las tasas de los bonos del Tesoro, que ya se ajustan por inflación y cuyo plazo promedio no supera el medio año, de manera que se arma otra bola de nieve. Como a su vez facilitaron que los bancos puedan invertir en esos bonos los encajes (lo que se guarda como garantía de los depósitos), al final del camino esos pesos vuelven a recalentar la inflación.

La única salida a esta encerrona es adoptando un rumbo opuesto, empezando por la ruptura con el Fondo Monetario y la investigación y el no pago de la deuda fraudulenta y usuraria. Una prueba de ello es que en pleno boom exportador de la soja, con precios récord, las reservas internacionales del Central se consumen en el pago religioso de los vencimientos al FMI. La “salida portuguesa” que pregona el gobierno debe encender las alarmas del movimiento obrero, porque implica una ofensiva en regla a las conquistas laborales; no por nada Guzmán planteo incluir en las mesas sectoriales con empresarios y gremios el debate sobre esquemas para atar el salario a la productividad.

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