El dato político de la visita del presidente Alberto Fernández a la ciudad de Rosario fue la nutrida manifestación que llegó hasta el expredio de la Sociedad Rural para señalar la responsabilidad política del mandatario en torno a dos graves problemas sociales que se viven en la región. En primer lugar, la catástrofe ambiental que se expresa localmente en las quemas de las islas del Delta del Paraná y el humo tóxico que invade la ciudad –los investigadores lo igualan a estar encerrado en una habitación con cuatro fumadores de forma permanente-, las vueltas en torno a la sanción de una Ley de Humedales, y también el acuerdo porcino con China.

En segundo lugar, la movilización -que no pudo llegar a las puertas del Hipódromo porque se lo impidió un grueso cordón de Gendarmería exhibiendo sus armas- impulsó el reclamo de les docentes reemplazantes, que previo a confluir con los ambientalistas venían de realizar un acto en Gobernación para rechazar el veto del gobernador Omar Perotti a la ley que establece un salario de emergencia para quienes son hoy les desocupados del sistema educativo. Este ataque artero contra quienes ni siquiera pudieron cobrar el IFE (porque tuvieron algún tipo de ingreso en blanco durante el año 2019) es la muestra más elocuente de que el Frente de Todos en Santa Fe está dispuesto a llevar el ajuste educativo hasta el final. El abandono completo de la burocracia de Amsafe ante este reclamocontrasta con la manifestación sumamente genuina de trabajadores indignados antes tantos atropellos.

Es interesante que dos sectores que desenvuelven luchas reivindicativas en apariencia separadas hayan confluido en un  “escrache” a Alberto Fernández, que realizó anuncios de maquillaje en compañía de Perotti y del intedente Pablo Javkin, un radical de Franja Morada que en los hechos está integrado al oficialismo. Esta mancomunión se escuchó en la voz de les luchadores docentes que se manifestaron por el fin de las quemas y en les ambientalistas que vocearon que sin trabajo ni vivienda no hay cuidado de la salud posible. Unes y otres destacaron su apoyo a la lucha de Guernica y cantaron “el clásico” de las marchas populares: “¡unidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode!”

Esta coordinación no fue pensada ni resuelta en ninguna instancia previa. Alberto Fernández logró unir la bronca popular contra un humo político asfixiante, mientras las condiciones de vida de las mayorías se agravan día a día y los gobiernos miran para otro lado.

 

Mucha represión

Centralmente, el presidente vino a anunciar un refuerzo de 3.000 millones de pesos para el aparato represivo, cuando en Rosario ya se cuentan 155 homicidios en su mayoría ligados al ajuste entre bandas que controlan el crimen organizado, en primer lugar el narcotráfico. El tema corroe a la sociedad y al aparato del Estado, que tiene que procesar purgas permanentes de altos mandos policiales y judiciales por proteger y participar directamente de estas organizaciones delictivas.

Recordemos que Victor Sarnaglia, jefe de la Policía de Santa Fe, renunció hace no más de un mes por haber participado de una red de encubrimiento que favorecía a un capitalista del juego asociado a Los Monos, como parte de un entramado que llegó hasta al Ministerio Público de la Acusación, ya que el fiscal general de Rosario y el fiscal encargado de la Unidad Covid-19 de la ciudad eran miembros activos en la protección de esa banda delictiva. Por estos delitos están tras las rejas los fiscales más importantes de la provincia, quienes tienen la responsabilidad de acusar por el Estado los delitos contra el pueblo. Como se ve, la crisis es muy honda.

Todo el tema de la corrupción del aparato de represión estatal está al rojo vivo. Una reforma votada en la Legislatura de la provincia, que venía a darle a ese poder del Estado la facultad de revisar la actuación de los fiscales y el poder de desplazarlos, acaba de recibir un revés judicial en un tribunal de primera instancia, y el propio gobernador ha dicho que recurrirá al Tribunal Supremo de Justicia para que se restituya la normativa. Existe una lucha intestina entre las facciones políticas y estatales por el control del territorio. El anuncio de Fernández no puede resolverla, porque solo abona a favorecer a una contra otra, mientras que no toca ninguno de los resortes que hoy maneja el crimen organizado: rutas, puertos privados, campos, silos, Bolsa de Comercio, casinos y bancos.

La anunciada partida económica especial servirá sí para estimular la represión a las luchas, en una provincia donde los índices de desocupación son de los más altos del país. En el Gran Santa Fe y el Gran Rosario el índice de desempleo ronda el 18%, ocupando dos escaños dentro de los cuatro conglomerados urbanos con mayor desocupación del país. La presencia de Gendarmería y de la Policía Federal en Rosario y Santa Fe no van a resolver nada, porque las fuerzas represivas son parte del problema y no de la solución al delito.

“Plan Detectar”: la perfidia

Hoy en Rosario las personas con fiebre, diarrea o tos que llaman al 0-800 habilitado para informar que tienen síntomas compatibles con el Covid-19 y piden ser hisopadas obtienen como respuesta el abandono del Estado. Esto es estrictamente así, porque no hay testeos a domicilio pese a que el Plan Detectar se anuncia una y otra vez. La respuesta es siempre “que van a enviar un equipo a domicilio” pero nunca llega. Los que consiguen ser testeados por motivos laborales o por ser contactos estrechos de casos confirmados pueden llegar esperar hasta 12 días a que le den el resultado.

El personal de salud del Hospital Roque Saénz Peña viene de denunciar esto, como parte de un cuestionamiento a la inexplicable apertura de gimnasios, bares y restaurantes anunciados hace apenas siete días por Perotti, Javkin y Emlio Jatón, el intendente de la Capital (del PS), cuando Santa Fe está superando a la Ciudad de Buenos y a Córdoba en cantidad de casos. “Que no están habilitadas las juntas médicas que permiten a los pacientes con discapacidad renovar sus certificados y así poder acceder a sus prestaciones de salud. Que tampoco están normalizados los trámites de documentos de identidad que permiten a las personas con mayor vulnerabilidad acceder a la asistencia social. Más la saturación de los servicios. Más la precarización, de diferentes formas a nivel municipal, provincial y también en el sector privado. Más la sobrecarga y el cansancio. Más los seis meses de aislamiento. Los médicos quieren que les expliquen por qué abren bares y no oficinas para DNI” (La Capital, 29/9).

En la conferencia de prensa, Alberto Fernández dijo que “a nadie le va a faltar una cama para ser atendido por coronavirus”. Sin embargo, la semana pasada un jubilado docente murió porque no consiguió una cama en el hospital de Villa Constitución -ciudad que fue la primera parada de la visita presidencial. Con 1.900 casos diarios y un aumento vertiginoso de muertos, que se acumulan desde que se dispararon los contagios, los 3.000 millones de pesos para reforzar el aparato de inseguridad, mientras todo el personal de salud cobra salarios de miseria no puede ser calificado más que un acto de perfidia política.

Perotti, Fernández y Javkin: socios en el agronegocio

Todos los funcionarios se excusan en que no está en su poder detener las quemas, sino que debe actuar el Poder Judicial. El juez federal de Paraná, donde tienen asientos los numerosos expedientes judiciales para investigar a los responsables de las quemas que se hacen para ganar terrenos para el ganado y/o los negocios inmobiliarios, acaba de responder que él tampoco piensa hacer nada porque “no podemos ir deteniendo a todo el que tiene un título de propiedad”. El juez aclara, además, que “la causa está en manos del fiscal, no en manos del juez. El juez hace lo que le pide el fiscal. Hay un régimen procesal en las causas con autores ignorados, la instrucción de la causa la lleva el fiscal, no el juez (…) No tengo ninguna medida solicitada, ni de detención ni de allanamiento”.

El presidente, por su parte, le echó la culpa a la sequía, pero dijo más: “si la Ley de Humedales ayuda a controlar las quemas, bienvenida”. El escepticismo apunta a restarle peso a una medida, que en el contenido profundo que le da el movimiento de lucha, apunta a restringir o expulsar los agronegocios de los humedales. Estas declaraciones deben levantar la guardia del movimiento ambiental, en momentos en que el gobierno nacional y sus adláteres negocian con el flamante Consejo de la Agroindustria una serie de estímulos, entre ellos la rebaja de las retenciones a las exportaciones de soja y maíz para favorecer la liquidación de la cosecha retenida a la espera de una devaluación.

Ni Fernández, ni Perotti, ni el gobernador entrerriano Gustavo Bordet ni el ministro de Ambiente Juan Cabandié piensan frenar el formato destructivo que hoy tiene la explotación capitalista del “campo”, por el contrario se aprestan a profundizar ese camino para conseguir las divisas que le exigen el FMI y los acreedores de la deuda externa. Esperarán las lluvias y el nuevo ciclo de crecimiento de los pastizales, para patear el tema al 2021. Mientras tanto, para quienes respiran el humo tóxico y para el personal de salud que debe atender en el marco de un colapso sanitario por la pandemia, agua y ajo.

La lucha es ahora

Impulsamos las autoconvocatorias y todos los procesos de lucha obreros y populares, que establezcan una línea de defensa ante tantos atropellos capitalistas, de los que los gobiernos son responsables y las burocracias son cómplices.
Desde el Partido Obrero desenvolvemos un programa integral de salida a la crisis, que parte de centralizar el sistema de salud, nacionalizar los puertos privados, la propiedad terrateniente y el comercio exterior, expulsando a los depredadores capitalistas; establece un impuesto a los capitalistas y el no pago de la deuda. El desmantelamiento de las fuerzas responsables del delito, el juicio y castigo para los responsables del gatillo fácil.

Basta de quemas. Basta de inseguridad. Basta de muertes evitables por Covid-19. Luchemos por una salida de les trabajadores a la crisis.