Políticas
10/12/2025
Largan al único empresario que estaba detenido en la causa Andis
El gobierno y la Justicia garantizan la impunidad de funcionarios y laboratorios por la corruptela con los fondos de discapacidad.
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Pablo Atchabahian.
La Cámara Federal ordenó la liberación del médico Pablo Atchabahian, uno de los principales implicados en la causa que investiga la operatoria fraudulenta y cartelizada de compras de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Se trata de un expediente que compromete directamente a exfuncionarios del gobierno libertario y destapa una red de negociados en torno a insumos críticos para personas con discapacidad.
Atchabahian —exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud y referente del programa Incluir Salud— permanecía detenido luego de que se estableciera que intentó eludir a la Justicia y buscar asistencia para sustraerse del accionar judicial. Las intervenciones telefónicas revelaron que mantenía contactos para garantizar su fuga y que actuaba como jefe político–empresarial en las sombras de Daniel Garbellini, el hombre que manejaba las compras dentro de la agencia.
Garbellini aparece en los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, extitular de la Andis, como un cuadro colocado allí por Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei. En esas grabaciones —que desataron el escándalo— Spagnuolo describe con crudeza el armado de una estructura para “chorear”, señalan interferencias políticas en cargos clave y destapan un régimen de sobornos y retornos en plena gestión libertaria.
A pesar de este cuadro, los jueces Irurzun, Farah y Boico aceptaron el planteo de la defensa y ordenaron la excarcelación de Atchabahian, sosteniendo que ya no existen riesgos procesales ni posibilidad de entorpecimiento. Una decisión que contrasta con la gravedad de los hechos y con el rol determinante que el propio imputado ocupaba en esta trama de negociados con la salud y la vida de miles de personas.
Atchabahian no es un actor secundario. Según la fiscalía, lideraba el llamado “Grupo Museo”, un grupo de WhatsApp integrado por empresarios y operadores vinculados a droguerías como Suizo Argentina, desde donde se proyectaban negocios y desembarcos en organismos estatales. “Es importante tener gente con la bandera correcta”, escribió en un chat en 2022, acompañando el mensaje con la bandera suiza, en alusión directa a esa firma.
La causa investiga cómo esta red fue abriéndose paso dentro de la Andis hasta controlar la operatoria de compras, con vínculos fluidos entre funcionarios, empresarios y laboratorios. Atchabahian —que ya había ocupado cargos similares en 2018 y tuvo vínculos laborales con Roche, LKM y Raffo— aparece en los mensajes como un articulador entre intereses privados y puestos estratégicos dentro del Estado.
Su liberación, entonces, no es un dato menor: expone nuevamente el carácter de clase de la Justicia Federal, siempre diligente cuando se trata de proteger a los funcionarios, empresarios y lobbies capitalistas que lucran con fondos públicos, incluso en áreas tan sensibles como la discapacidad.
Mientras el gobierno libertario descarga un ajuste brutal sobre las personas con discapacidad —recortando programas, negando prestaciones y paralizando la entrega de medicamentos—, los responsables de montar un esquema de corrupción sobre esos mismos recursos son beneficiados con medidas de excepción.
Además este escándalo expone nuevamente el carácter profundamente fraudulento de la reforma del “Consejo de Mayo” que el gobierno acaba de presentar, donde incorporan un capítulo entero supuestamente dedicado a penalizar la corrupción y el uso indebido de fondos públicos. Mientras redactan artículos pomposos sobre transparencia y responsabilidad fiscal, los mismos funcionarios libertarios protagonizan negociados millonarios y garantizan impunidad para las camarillas políticas y, sobre todo, para los capitalistas beneficiados por el saqueo. La “lucha contra la corrupción” que pregonan no es más que un fraude ideológico para seguir desmantelando derechos y blindar a quienes lucran con ellos.
La salida de Atchabahian anticipa nuevos intentos de blindaje político y judicial en un expediente que compromete al propio círculo íntimo de la familia Milei y a sus operadores dentro del Estado. Es fundamental que la investigación avance sin privilegios y que se abran los libros completos de la Andis y de todos los organismos involucrados. La salud y la vida de miles de personas no pueden seguir siendo el botín de guerra de camarillas políticas y negociados empresariales.
