Sindicales
9/12/2025
La reforma laboral ataca la organización gremial y limita a sindicatos, delegados y activistas
El gobierno quiere maniatar a los trabajadores y imponer la dictadura patronal.
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Conflicto Garrahan.
El borrador con el proyecto de reforma laboral del gobierno, que viene circulando desde hace algunos días, plantea una serie de reformas que buscan limitar la actividad gremial de los sindicatos, delegados y trabajadores y subordinar a las organizaciones gremiales a las presiones y deseos de los capitalistas, tornando irrisorio todo derecho laboral, para que las patronales dispongan a su antojo.
El espíritu de este proyecto de reforma es el debilitamiento de la organización gremial de los trabajadores, con el favorecimiento de la aparición de sindicatos “amarillos” por empresa y el establecimiento de todo un procedimiento jurisdiccional para forzar a las representación sindical a negociar con las patronales reformas en las condiciones de trabajo que de seguro impliquen una mayor flexibilización y precarización, bajo el eufemismo de la “modernización” de los convenios colectivos de trabajo.
El borrador de proyecto de reforma plantea la simplificación del proceso de obtención de personería para sindicatos de primer grado, allanándole el camino a los sindicatos “amarillos” y por empresa promovidos por las patronales –aunque esta solución pueda generar dudas entre los capitalistas por los antecedentes fallidos.
No solo esto sino que el gobierno pretende limitar y desnaturalizar la actividad gremial de los sindicatos, con una batería de reformas que condicionan y suprimen gran parte de los derechos gremiales de los trabajadores, partiendo de las limitaciones para la realización de asambleas de los trabajadores, la cuales podrán convocarse “siempre que ello no afecte el normal desarrollo de las actividades de la empresa ni cause perjuicio a terceros”, contando con autorización previa respecto a la fecha y hora y al tiempo de duración y con el agravante de que “el trabajador no devengará salarios durante el tiempo de la misma”.
La actividad de los delegados gremiales, a su vez, también se vería drásticamente afectada con un crédito mensual límite de 10 horas retribuidas para su actividad sindical y modificaciones en los términos de la tutela sindical para exponer a los activistas gremiales.
Respecto a las medidas gremiales se agregarían formulaciones que buscan ampliar la discrecionalidad patronal señalando que las mismas no podrán “afectar la libertad de trabajo de quienes no adhieran mediante actos y/o hechos y/o intimidaciones o amenazas (...) provocar, instar, u organizar el bloqueo o la de un establecimiento; impedir u obstruir total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y/o cosas al establecimiento”, donde las patronales suelen encuadrar las acciones disuasivas en los portones de fábrica, atacadas y judicializadas por los capitalistas, al punto de la emergencia de grupos de lobby patronales para tal fin. Además de un procedimiento exprés ante la Justicia para en 5 días obtener la suspensión de todo activista o delegado que incurra en prácticas sancionadas por la patronal.
El carácter antisindical del borrador en cuestión no puede disimularse, al punto que entre la lista de las “prácticas desleales” que las patronales podrían achacarle al trabajadores se menciona “Intervenir o interferir intencionalmente afectando el desenvolvimiento de la actividad de la empresa mediante la convocatoria a asambleas (..) promover la afiliación compulsiva e involuntaria de trabajadores (...) rehusarse a negociar colectivamente con los representantes de la parte empleadora”. Para esto último se instituye, incluso, la promoción de una acción judicial concreta para forzar a la representación gremial a negociar condiciones laborales y salariales a la baja. Un intento desesperado por hacer valer la voluntad patronal a toda costa y de regimentar las paritarias, imponiendo la negociación a una de las partes.
Uno de los propósitos fundamentales de la reforma laboral antiobrera es atar de manos y pies a los trabajadores para que no puedan reclamar por mejores condiciones salariales ni laborales, ni puedan reaccionar ante los atropellos y avanzadas patronales, dándoles mayor discrecionalidad a los capitalistas para que adapten sus negocios a sus necesidades.
Esto plantea un retroceso en los derechos sindicales de los trabajadores, al mismo tiempo que se plantea la supresión de decenas de conquistas obreras en un cuadro donde los capitalistas gozan de la existencia de una burocracia sindical que aísla las luchas y las lleva a su derrota, garantizando así los intereses de las patronales.
Esto se da en el marco del intento de reforma punitivista del Código Penal, con el endurecimiento de las penas en muchos de los tipos penales utilizados por las patronales y el Estado para perseguir y criminalizar la lucha de los trabajadores.
La reforma antiobrera busca también regimentar a los trabajadores y al activismo que lucha contra las patronales y el Estado, y que ha arrancado importantes conquistas, como los trabajadores del Hospital Garrahan y los obreros del neumático del Sutna, con el método de las asambleas generales y el plan de acción discutido y aprobado por los trabajadores, hasta obtener los reclamos. Un esquema que solo plantea ampliar las potestades patronales y la dictadura de los capitalistas en los lugares de trabajo. Hay que derrotar cualquier intento de imponer una regimentación como esta, que busca prohibir la organización gremial en los lugares de trabajo y perseguir a los activistas y luchadores.
