Con la aprobación en la Legislatura porteña y un inminente decreto del gobierno bonaerense se concretaría finalmente el traspaso de la jurisdicción sobre las empresas de energía Edenor y Edesur, que prestan servicios en Capital y el Conurbano. La transferencia del control y gestión del servicio eléctrico en el área Metropolitana, antes bajo la órbita del Estado nacional, había sido acordada entre Macri y los gobernadores en el Pacto Fiscal y el Presupuesto 2019, a pedido del FMI, para contribuir al “déficit cero”.

La concreción del traspaso implica un nuevo regalo para las privatizadas, cuando todavía suena el eco del masivo apagón que afectó a 50 millones de personas. Resulta que estas empresas adeudaban cifras multimillonarias: $21.189 millones en el caso de Edenor (controlada por el Grupo Mindlin) y $21.399 por el lado de Edesur (en manos de la italiana Enel), según denuncias recogidas por El Cronista (4/7). Sin embargo, de todo eso sólo quedaría en pie una compensación que deberá pagar Edesur por $3.858 millones, y otros $7.000 millones entre ambas firmas que serán… “invertidos para mejorar el servicio” de acá a 5 años.

Estamos ante un acuerdo infame por donde se lo mire. La mayor parte de dicha deuda corresponde a sanciones por cortes en el suministro y mala calidad del servicio, y por lo tanto debía resarcir a los usuarios. Para trocar la compensación a los usuarios por inversiones de dudosa concreción, el gobierno se valió del acta acuerdo firmada en 2006 por el ex ministro de Planificación Federal de Kirchner, el convicto Julio De Vido, que modificó el contrato de privatización de 1992.

Esta condonación de deudas multimillonarias, en momentos en que todo el sistema eléctrico debería estar bajo la lupa, es un escándalo si consideramos que los subsidios a la energía eléctrica se incrementaron en 2018 un 39% respecto del año anterior, hasta superar los 100.000 millones de pesos. Con el actual traspaso las empresas no pierden nada, ya que ejecutaron en lo que va del año tarifazos del 40%, recibirán según lo presupuestado para este año por la Provincia y la Ciudad unos 12.000 millones de pesos, mientras el Estado nacional continuará desembolsando unos 2.500 millones de dólares (más de 90.000 millones de pesos) para la generación eléctrica.

Estas cifras alcanzan para esclarecer la pantomima montada por el secretario de Energía de la Nación, Gustavo Lopetegui, que fue a posar de duro en el Senado anunciando que por el apagón histórico multarán a Transener por 400 millones de pesos como máximo, lo cual será pagado a medias entre Mindlin… y el propio Estado.

No es la primera vez que, a pesar de los incesantes aumentos de tarifas y de los subsidios millonarios que continúan percibiendo, las privatizadas de energía eléctrica son premiadas con condonación de deudas. A fines de 2017, Cammesa (la compañía mayorista estatal) perdonó más de 17.000 millones de pesos a distintas distribuidoras, en primer lugar las propias Edesur y Edenor.

Todo esto echa luz sobre cómo ha construido el Grupo Mindlin (Pampa Energía) su verdadero imperio del servicio eléctrico, ya que controla parte del proceso de generación, de transporte y de distribución. El empresario compró en 2016 los activos de Petrobrás en nuestro país por 150 millones de dólares, luego de haber percibido en 2015 unos 140 millones en concepto de subsidios.

Esto fue denunciado en forma contundente por el legislador del Partido Obrero, Gabriel Solano, en la sesión de la Legislatura porteña que el jueves 4 de julio aprobó tamaño fraude. El precandidato a Jefe de Gobierno del FIT – Unidad expuso cómo los que llegaron al gobierno cuestionando el “capitalismo de amigos” de la época de los K, ahora montan todo tipo de maniobras que favorecen en gran medida a los mismos capitalistas: los Mindlin, los Caputo, los Lewis, es decir el “círculo rojo” del macrismo. También cuestionó la farsa de los legisladores oficialistas, que fundamentaron que con esta iniciativa la Ciudad iba a ganar “autonomía”; la comparó con la autonomía de las provincias que alegaba el gobierno de Menem en los ’90, cuando transfirió a las quebradas arcas provinciales los sistemas de salud y educación, con las desastrosas consecuencias que hoy todos conocemos.

Una vez más estamos ante una política de Estado que beneficia a los vaciadores. La única oposición real a esta infamia es el Frente de Izquierda, cuyo programa plantea la apertura de los libros de las empresas, terminar con las privatizadas nacionalizando el sistema energético bajo control obrero, como parte de un plan económico dirigido por los trabajadores.