El gobierno viene sentando las bases para avanzar en su política de tarifazos segmentados en los servicios públicos. En esta oportunidad, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) pidió a Edenor y Edesur que comiencen a especificar en las facturas cuál es el monto subsidiado por el Estado. De este modo, se pretende generar una idea distorsionada de la realidad, donde los usuarios son señalados como los principales beneficiarios de los subsidios energéticos, cuando en realidad estos montos millonarios van a parar a los bolsillos de las empresas distribuidoras.

En ese mismo sentido, el Enre estableció fecha límite para que todos los clientes pusieran el servicio de luz a su nombre, bajo la amenaza de avanzar con cortes en el suministro de electricidad en caso de no regularizar la situación. La idea de la segmentación de tarifas, como mecanismo para viabilizar un aumento generalizado en la boleta, responde a las exigencias del FMI -en aras de arribar a un acuerdo- de reducir el gasto público como garantía de repago de la deuda, y, por lo tanto, recortar los subsidios energéticos, cuyo monto “en el último año, acumuló un total de US$10.000 millones, según el Instituto Argentino de la energía Gral. Mosconi (IAE)” (La Nación, 19/11).

Ahora bien, los destinatarios de los subsidios -los pulpos petroleros y las empresas distribuidoras- no se verán perjudicados por esa reducción, ya que la diferencia será compensada con incrementos en la boleta de la luz y el gas, constituyendo un duro golpe al bolsillo popular. Así las cosas, se descargan tarifazos sobre la población trabajadora, sin en ningún momento proceder a abrir los libros de la cadena para evaluar cuáles son los reales costos de la producción, generación, transporte y distribución de energía.

En principio, el precio del gas en boca de pozo lo fija el Estado. El mismo se encuentra dolarizado y no guarda relación alguna con los costos de producción. Sobre esta base, el 69,5% de los subsidios energéticos está destinado a Cammesa, la empresa de control estatal a cargo de los despachos de energía eléctrica. Además, estos subsidios se ven multiplicados para compensar lo que Edenor y Edesur le adeudan a Cammesa por retirar los despachos, a la cual le pagan solo el 70% de lo que deberían, aduciendo que no llegan a financiar sus propios costos con lo que abonan los usuarios en la factura. El conjunto de las distribuidoras le deben a Cammesa más de $200 mil millones.

A todo esto, el gobierno compensa con recursos estatales la deuda de estas privatizadas sin siquiera abrir los libros de las mismas, y de este modo poder descifrar qué hicieron con las ganancias millonarias que embolsaron a lo largo de los años, en particular luego de los aumentos siderales en la luz bajo el gobierno de Macri. Por el contrario, decide cuidarles el bolsillo dando lugar a nuevos tarifazos contra el pueblo.

Como vemos, los subsidios energéticos no son receptados por los usuarios sino por los capitalistas que intervienen en la cadena energética, principalmente Edenor y Edesur. Cumplen la función de garantizar la rentabilidad de estos empresarios, configurando un esquema absolutamente inviable en detrimento de las arcas estatales, que ahora será costado con mayores aumentos de tarifas para complacer al FMI.

Los tarifazos segmentados que pergeña el gobierno sin dudas echarán leña al fuego de la inflación en ascenso. A su vez, pueden dispararse todavía más de lo planificado en el caso de una devaluación, puesto que el insumo base de toda la matriz energética -el gas en boca de pozo- se encuentra dolarizado, lo cual generaría una enorme presión sobre el precio de las boletas de los servicios públicos. Sumado a la suba del precio internacional del petróleo y gas, que pone al rojo vivo los reclamos de trasladar ese aumento al mercado local. Todas contradicciones que configuran un potencial cuadro hiperinflacionario en Argentina.

Debemos oponerle a este régimen de subsidios y tarifazos al servicio del capital, la apertura de los libros de toda la cadena energética a fin de evaluar los costos reales y fijar tarifas según las necesidades de la población. A su vez, se vuelve necesario que toda la cadena -comenzando por los hidrocarburos- pase a manos del Estado y sea puesta bajo control obrero. De esta manera, podremos direccionar este recurso estratégico a un plan de desarrollo nacional guiado por un interés mayoritario. Abajo los tarifazos, fuera el FMI, no al pago de la deuda usuraria.