El allanamiento que se desarrolló a principios de julio contra 23 merenderos y comedores de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) en La Matanza, San Martín y CABA terminó por confirmar una vez más que existe una política conspirativa y persecutoria contra las organizaciones sociales y piqueteras, cuyo fin es sacar de la calle a los trabajadores que luchan contra el ajuste. Las requisas que ordenara la jueza federal Alicia Vence tienen sus raíces en una causa armada en 2019 bajo el gobierno de Mauricio Macri, la cual está caratulada como “averiguación de delito”. Estas han tenido lugar, asimismo, en el marco de un avance represivo de carácter general, con 16 allanamientos a diversas agrupaciones ordenados por Gerardo Morales en la provincia de Jujuy y con imputaciones federales contra dirigentes del Polo Obrero y del Partido Obrero.

La irrupción de la Policía en los comedores, con episodios que se caracterizaron por el mayor despotismo represivo, fue precedida por escuchas ilegales en tiempo real a militantes de la CCC. Desde la organización social han denunciado que se ha tratado de procedimientos que se utilizan en casos de cariz criminal, como los referidos al narcotráfico. Las figuras de asociación ilícita aplicadas para algunos de estos casos (Página 12, 25/7) tienen como propósito ilegalizar el funcionamiento de las organizaciones sociales y piqueteras; desde el régimen político todo y alentado por los grandes medios de comunicación se ha utilizado el autofinanciamiento de las organizaciones como argumento para profundizar la persecución política, presentándolo como un modus operandi extorsivo mediante el cual se le roba dinero a los desocupados.

Los ataques contra el autofinanciamiento de las organizaciones sociales y piqueteras persiguen el objetivo de desarmar la organización de los desocupados, que deben costear con fondos propios los gastos que supone sostener los comedores populares, algo que los trabajadores tienen que realizar debido a que el gobierno ni siquiera destina partidas para mantener aquellos lugares donde se agrupan quienes son hambreados por su política de ajuste.

El procedimiento con el cual se ha avanzado para llegar a la etapa actual está plagado de irregularidades y de maniobras turbias. La causa tuvo su origen en octubre de 2019, cuando el entonces abogado del Ministerio de Desarrollo Social, Patricio Martínez, denunció ante la Secretaría General de la Cámara de Apelaciones del Fuero Federal presuntas irregularidades en el programa Proyectos Productivos Comunitarios. Martínez utilizó el testimonio de un elemento que dijo haber sido forzado a realizar aportes y participar en movilizaciones hasta que le quitaran el plan a él y a dos de sus compañeras. Sin embargo, desde Desarrollo se ha informado que esas personas continúan cobrando el plan social y que no fueron dadas de baja.

Nicolás Tauber, abogado de los militantes allanados, ha indicado al periódico Página 12 que la jueza Vence prefirió desestimar los informes del ministerio y seguir con su plan; y denunció que las tareas de inteligencia desenvueltas sobre los afectados son ilegales y que no existen pruebas o elementos para llevar adelante una empresa de ese tipo. “Las tareas de inteligencia se centran en su militancia política y no en posibles hechos delictivos que hayan cometido”, señaló (Página 12, ídem).

Los abogados que intervienen en esta causa han definido la movida judicial como un típico caso de“excursión de pesca”, un método que consiste en buscar por distintas vías, ante la falta de pruebas, material ilegal para avanzar en una judicialización que termine revistiendo las características que tiene el proceso de marras. Paula Quinteros, abogada de una de las militantes de la CCC , solicitó hace poco que se declare “la nulidad absoluta de la instrucción y que se devuelvan los bienes y dinero secuestrados”; y que la persecución contra la CCC “obedece a la estigmatización, etiquetamiento y persecución política, mediática y judicial que marca la ‘agenda’ contra los movimientos sociales”.

En efecto, la embestida judicial apunta a asestarle un golpazo a las organizaciones que nuclean en su seno a los sectores más golpeados por la política ajustadora del gobierno y por la crisis económica. Su fin último es ilegalizarlas, en función de satisfacer los intereses del FMI y de las patronales que operan en el país. Estamos ante una orientación defendida por todos los partidos de la burguesía, la cual tuvo este último tiempo a la vicepresidenta Cristina Kirchner dándole un fuerte respaldo ideológico e impulsando a través de sus declaraciones el ataque contra las organizaciones piqueteras.

Este 28 de julio, la Unidad Piquetera se movilizará a Plaza de Mayo y a todas las plazas del país contra el ajuste y contra la criminalización de la protesta. Será una gran jornada de lucha que debemos apuntalar.

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