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Las sucesivas postergaciones impuestas por la cuarentena hicieron que el XXVII Congreso del Partido Obrero, que debía reunirse el 25 de mayo, termine realizándose el fin de semana pasado, entre los días 9 y 12 de octubre. El debate precongresal, que había comenzado en marzo pasado, se extendió así durante casi todo el año en curso. Esto permitió ir captando las modificaciones del cuadro político nacional e internacional, poner a prueba nuestros pronósticos y consignas, balancear los resultados de nuestra intervención y también hacer del debate mismo del congreso un instrumento central de reclutamiento de nuevos compañeros y compañeras que se sumaron a militar en el PO.

Como varios delegados y delegadas lo señalaron, la realización del XXVII Congreso coincidió con el momento más agudo de la crisis del gobierno, cuando desde todos los sectores se caracteriza un temprano agotamiento y la necesidad de un viraje. Como lo afirma la resolución política, la premisa inicial del gobierno referida a que la reestructuración de la deuda sería el punto de partida de un relanzamiento económico que permita dejar atrás la recesión se mostró por completo infundada. Llevamos ya varias semanas de que concluyera dicha reestructuración y la crisis ha pegado varios saltos: la fuga de capitales se intensificó; la brecha cambiaria supera el 100%; las presiones devaluatorias son cada vez más intensas; el pequeño rebote económico logrado por el relajamiento de la cuarentena quedó atrás y ha vuelto a caer la producción industrial, la construcción y el consumo; la situación social se siguió agravando, con un salto descomunal de la desocupación, la pobreza y la indigencia. Tomados de conjunto todos estos factores, la conclusión unánime a la que arribaron los delegados y delegadas fue que estamos ante la inminencia de una megadevaluación, cuyo impacto inicial agravará todas las contradicciones planteadas en materia económica y social.

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El debate de la situación internacional fue de mucha utilidad para poder analizar con mayor panorama los distintos escenarios que se presentan para la Argentina. En el documento presentado por la comisión Internacional y luego aprobado por el congreso se caracteriza que la pandemia aceleró el pasaje de la recesión preexistente a una depresión económica mundial, que afecta con principal fuerza a Estados Unidos. La situación actual es el resultado de la falta de resolución de la crisis de 2008/9, pues en aquella oportunidad los Estados recurrieron a una emisión monetaria desenfrenada para salvar a los grupos capitalistas de sus respectivos países. Por esa vía bloquearon el trabajo de depuración de capitales sobrantes que toda crisis capitalista debe llevar adelante, para permitir retomar una tasa de beneficio adecuada que habilite un nuevo proceso de acumulación. Ese salvataje, además, endeudó fuertemente a los Estados, que pasaron a tener deudas superiores a sus PBI. Así, al estallar esta nueva crisis, los recursos económicos de los Estados ya no son los mismos que los del pasado y la capacidad de evitar una ola de quiebras se ha reducido significativamente. Un punto que se destacó en el documento, y fue luego retomado por varios delegados y delegadas, es que una diferencia significativa con la crisis de 2008/9 es que China no podrá jugar el papel de locomotora de la economía mundial, porque su Estado está sobreendeudado, lo mismo que una parte importante de sus corporaciones industriales y bancarias. Esta depresión económica agudiza la guerra comercial y, desde ya, también es el combustible que explica el crecimiento de los conflictos bélicos en distintos puntos del planeta. Pero para Argentina en particular, la importancia inmediata que tiene es que inviabiliza una salida vía las exportaciones, anulando la parte “positiva” que suelen tener las devaluaciones. De este modo, la tentativa de repetir la experiencia del kirchnerismo de 2003 carece de sustento, porque las condiciones internacionales tienen un signo distinto.

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En el debate también se destacó que la aceleración de la crisis económica va de la mano de una crisis política en el seno del gobierno. Mientras se desarrollaban las deliberaciones del XXVII Congreso, los diarios hablaban de la inminencia de un cambio de gabinete que, por ahora, el gobierno resiste por sus propias pujas internas. Sin embargo, esa resistencia a operar un cambio ministerial no refleja una fortaleza sino una tendencia a la parálisis. El desarrollo de los acontecimientos permitió evaluar con mayor precisión las caracterizaciones formuladas en los documentos de convocatoria al congreso partidario y actualizaciones posteriores que realizó el Comité Nacional del PO. En estos se afirma que el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner representa un nuevo intento de establecer un gobierno bonapartista para arbitrar en los choques de intereses al interior de la clase capitalista y entre ésta y las masas. Pero este intento bonapartista es muy peculiar: por un lado, carece de caja, es decir, es un bonapartismo en default; y por el otro, carece de una cabeza excluyente, podría denominarse un bonapartismo bicéfalo o tricéfalo -si además de Alberto y Cristina sumamos a Massa. Esto agrega un factor de crisis al bloque de gobierno, pues en él conviven expresiones de intereses opuestos, como ser la presión de sectores directos del capital yanqui u otros que canalizan intereses de otras potencias como China. Estos choques nada tienen que ver con quienes afirman que estamos ante un gobierno en disputa, donde habría un ala progresiva que habría que apoyar en detrimento de otros sectores. Esta reedición de la teoría del “cerco” es la excusa de sectores de la izquierda para capitular ante el gobierno.

Un avance en la compresión de la situación fue caracterizar más en general el régimen político del país y encuadrar en dicha caracterización la crisis política actual. En el documento de la comisión Política se señala que luego de la crisis de 2001/2, que llevó a la casi desaparición del radicalismo, hubo un período de vacancia de sectores más vinculados con la derecha por fuera del peronismo. Esa situación se fue modificando con el fortalecimiento del PRO, que dejó de ser un partido reducido a la Ciudad de Buenos Aires, y más adelante en la formación de una coalición entre este, la UCR, la Coalición Cívica y otras fuerzas menores. Así quedó establecido un régimen con dos bloques que, más allá de sus choques y precariedades, otorga un fenómeno de polarización política permanente. En buena medida, además, repite una situación parecida en América Latina. En el medio, fracasaron los intentos de establecer un centro político, como fue el frustrado ensayo de la candidatura de Lavagna, y luego de las elecciones de una alianza transversal entre Alberto Fernández y Larreta, en oposición a Cristina Kirchner y Macri. Los límites de las divergencias entre ambos bloques, a la vez, son claros. Ambos apoyaron la restructuración de la deuda, mostrando que la burguesía nacional prioriza antes que nada su acceso al financiamiento internacional, en parte porque es necesario para proseguir con la fuga de capitales; todos quieren un acuerdo con el FMI, a sabiendas de que conllevará más ajustes contra el pueblo y más condicionamientos a un desarrollo nacional autónomo.

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A partir de esta caracterización de conjunto, el debate de las consignas centrales ocupó un lugar destacado. El planteo resuelto fue “No al pacto con el FMI. Abajo el régimen de hambre y saqueo de los que gobernaron en las últimas décadas. Por una alternativa obrera y socialista”. Con estas consignas precisamos un cuestionamiento inmediato al gobierno y a la oposición, que buscan un acuerdo con el FMI, y a la vez planteamos un cuestionamiento integral al régimen, a la clase social que gobierna y a sus representantes políticos. La consigna busca dar expresión a un sentimiento popular creciente de frustración y fracaso del país, que con sus crisis recurrentes afecta de modo insoportable a capas populares cada vez más amplias. Argentina aparece como un país cuya economía está en una profunda decadencia y con un empobrecimiento generalizado. Algunos delegados llamaron la atención en seguir atentamente fenómenos como los sucedidos en varias ciudades de Salta, donde se desarrollaron manifestaciones populares con consignas del tipo “que se vayan todos”, ante el desborde del sistema de salud y el crecimiento de los contagios y los muertos.

El XXVII Congreso lanzó una campaña política con estas consignas y aprobó un manifiesto para hacer un trabajo político durante las próximas semanas. Se consideró fundamental complementar este planteo integral con las consignas y reivindicaciones más acuciantes del momento, como ser la lucha por la tierra, la vivienda, el salario, el trabajo, la salud para combatir la pandemia, etc. Estos planteos ocupan un lugar central porque son la vía por la cual se va procesando la ruptura de las masas con el gobierno nacionalista burgués y permite el surgimiento de nuevas camadas de luchadores. El método de acción del frente único fue colocado como un eje de la política de la etapa porque, a través de una acción unitaria, la izquierda revolucionaria debe tomar contacto estrecho y hasta cierto punto fusionarse con los sectores de las masas que salen a luchar. El plenario que impulsamos por la vivienda en Guernica durante el propio congreso y que contó con la participación de 30 tomas de tierras de la provincia de Buenos Aires; el plenario antirrepresivo, que concretamos hace un par de semanas con organizaciones y familiares de las víctimas de la violencia institucional y que votó también un plan de lucha; el plenario nacional de organizaciones de jubilados, que votó una marcha nacional para las próximas semanas; el llamado a todos los sectores educativos a realizar una marcha al Congreso contra el ajuste presupuestario que impone el proyecto de Presupuesto 2021, son todos ejemplos de acción del PO en defensa del frente único. Un debate especial ocupó el Plenario del Sindicalismo Combativo, que también lo defendemos en tanto instrumento de frente único de los trabajadores para enfrentar el ajuste en marcha. En su propio desarrollo interno, esa defensa del frente único implica que sean las organizaciones obreras quienes tengan la preeminencia en el Plenario y combatir todo intento de transformarlo en una rueda auxiliar de la política electoralista de parte de la izquierda.

Esta política de frente único debe ser intensificada para ayudar a generalizar las experiencias parciales de ruptura de la contención impuesta por la burocracia sindical. Se destacó la paritaria obtenida por el Sutna, del 37% anual, mostrando que aún en un cuadro de recesión y depresión económica es posible obtener reivindicaciones en tanto se desarrollen luchas. En los informes de la comisión Sindical se llamó la atención sobre un proceso subterráneo en muchos sindicatos, como es el caso de Comercio, donde hay un verdadero polvorín que se manifiesta en agrupaciones antiburocráticas, debates, etc. Las luchas en curso en muchos casos cobran la forma de autoconvocatorias, como sucede muy habitualmente en el sector de la salud, pero también en la docencia y otros gremios.

Consideramos fundamental colocar la situación de Argentina con las rebeliones de América Latina y de Estados Unidos. El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner se dio por misión evitar que esas rebeliones se repitan en nuestro país. Más aún, reclaman el apoyo del imperialismo para que financie este trabajo de bombero continental. Sin embargo, la capacidad de que logre esa misión auto-impuesta está cuestionada por la envergadura de la crisis y la marcada incapacidad del gobierno para enfrentarla y, más en general, por las tendencias a la lucha que anida en nuestro pueblo.

A partir de estas conclusiones se desprenden las tareas que debe llevar adelante el Partido Obrero y también el Frente de Izquierda-Unidad. El congreso debatió largamente las propuestas que hemos realizado al FIT-U para una acción política sistemática y consideró que el rechazo a encarar un plan político integral es el resultado de una adaptación al nacionalismo burgués y, de modo general, al electoralismo. La defensa del FIT-U requiere luchar para que encabece una campaña política contra el conjunto del régimen sobre la base de un programa definido de independencia de clase y para que ese programa cobre influencia directa en las masas. A partir de estas definiciones, el XXVII Congreso redobló el llamado a los partidos del FIT-U a realizar en las próximas semanas un acto político de masas. Para el Comité Nacional electo quedó el mandato de impulsar esta campaña, y en el caso de que persista una negativa, a convocar un acto del propio Partido Obrero. En la misma línea, el llamamiento incluye la necesidad de convocar a la II Conferencia Latinoamericana de la izquierda revolucionaria, para intervenir en el segundo proceso de rebeliones que está comenzando en nuestro continente.

Un lugar importante ocupó el debate sobre el desarrollo partidario y las tareas específicas que hacen a la construcción del PO. Un punto que se destacó fue el avance en la Prensa Obrera, donde en la actualidad hay más de 400 compañeros y compañeras que están colaborando con artículos. Por primera vez en la historia de nuestro partido estamos logrando que la prensa sea el instrumento central de todo el trabajo, con una participación creciente del conjunto de la militancia. También se llamó a profundizar las tareas de formación y de lucha teórica, como la salida de la revista En defensa del marxismo y de varios libros que hemos publicado en las últimas semanas. Se aprobaron también medidas para profundizar el reclutamiento, que viene creciendo en los últimos meses. El masivo Congreso de la UJS, con más de 1.600 participantes, el funcionamiento de 40 agrupaciones sindicales, el crecimiento enorme del Polo Obrero, la intensa actividad del PdT y la muy resaltada actividad internacional que ha cobrado nuevos bríos en el último período son todas expresiones de la vitalidad política del Partido Obrero.

El XXVII Congreso coronó un trabajo extraordinario de toda la militancia del Partido Obrero a lo largo y ancho del país. Fue este gran trabajo y militancia el que ha permitido superar el liquidacionismo del grupo de Altamira, no solo organizativamente sino también políticamente, desenmascarando su involución política en todos los planos.

Entre todas las iniciativas aprobadas, una fundamental e inmediata es la campaña por el 10° aniversario del asesinato de Mariano Ferreyra. En los próximos días, el PO realizará una enorme cantidad de iniciativas para rendirle homenaje a Mariano y a la vez denunciar al régimen responsable político de su asesinato, que tiene en la tercerización y precarización laboral, así como en la burocracia sindical a sus pilares fundamentales. Nuestro homenaje a Mariano será luchando por construir su partido, el Partido Obrero.

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