El gobierno, a través de Cammesa, viene acumulando una deuda con las generadoras de electricidad y las petroleras que abastecen con gas a las centrales termoeléctricas que supera los U$S 2.000 millones. Para saldarla, Luis Caputo les ofreció pagarles en junio con bonos cuyo valor de mercado llega a la mitad de esa cifra, lo cual es rechazado por buena parte de las empresas del sector. Esta crisis intentará ser descargada directamente sobre los usuarios, por medio de tarifazos aún mayores a los previstos.

Los choques mencionados revelan la inviabilidad del esquema energético del país, donde los contratos con las generadoras y productoras de gas están fijados en dólares, con precios que no guardan relación con los costos reales y solo obedecen al ánimo de lucro de los capitalistas que intervienen en esos eslabones. Este régimen insostenible fue criticado por Cristina Kirchner en su último discurso, sin embargo, lo mantuvo inalterable cuando le tocó gobernar, en beneficio de los monopolios involucrados, y hasta incluso fue artífice de los plan gas que garantizan el precio sostén del gas en boca de pozo.

Sucede que, desde que asumió Javier Milei, el Estado nacional redujo drásticamente las transferencias a Cammesa -la empresa estatal encargada de los despachos de energía eléctrica- impidiendo que esta cumpliera sus compromisos con las generadoras y las productoras de gas. Lo hizo para alcanzar el superávit fiscal del cual tanto se jactó el gobierno -sobrecumpliendo la meta del FMI-, que de otra manera no hubiera sido posible dado que la megadevaluación de diciembre hizo saltar los precios dolarizados de la generación eléctrica y el gas en boca de pozo.

La idea original del gobierno era que la reducción de subsidios estatales fuera compensada con tarifazos sobre los usuarios, y, con estos, llegar a cubrir todas las compras de Cammesa. Sin embargo, aún no pudo aplicarlos en la magnitud esperada en pos de evitar que la inflación de marzo se disparara.

El gobierno está tironeado entre su compromiso con el ajuste fondomonetarista y el temor a la reacción popular que pueden despertar los tarifazos. Esta “sábana corta” desató problemas en la cadena de pagos y la oferta del oficialismo para saldar la deuda de Cammesa con las generadoras de energía eléctrica y productoras de gas no conformaron a las empresas involucradas. El conflicto escaló a tal punto que están en riesgo la continuidad de algunos contratos.

Por ejemplo, se oponen a la quita de capital ofrecida la petrolera Tecpetrol (del grupo Techint) y Pampa Energía (de Marcelo Mindlin), que, además de extraer gas de Vaca Muerta, monopoliza el segmento de generación y transporte de electricidad, ya que integran el holding numerosas centrales térmicas, hidráulicas y eólicas y las redes de alta tensión (Transener S.A).

Finalmente, está reservada para los trabajadores cuando lleguen al poder político la tarea de nacionalizar bajo control obrero toda la cadena energética, en función orientarla al desarrollo nacional y a la satisfacción de las necesidades populares. Mientras peleamos por esa perspectiva, organicemos la lucha contra los tarifazos en curso y venideros.

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