Las empresas distribuidoras y transportadoras de gas natural, como Naturgy y Metrogas, exigen, de cara a las audiencias públicas que comienzan el 8 de enero, aumentos de hasta 700% (distribuidoras) y 570% (transportadoras) y  en sus componentes de la boleta durante el 2024. Se está gestando un nuevo golpe al bolsillo de los usuarios, en pos de premiar a las empresas del sector, que desinvierten y precarizan trabajadores.

El gobierno convocó a audiencias públicas donde se definirá un nuevo esquema de aumentos en los servicios. En primer lugar, le concederá subas a las empresas transportadoras y distribuidoras de gas a libro cerrado, sin siquiera constatar cuáles son los costos reales ni verificar que los subsidios indirectos que reciben se hayan destinado a mejorar la calidad del servicio.

Se trata de un premio a la desinversión y a la precarización laboral. Tanto Naturgy como Metrogas escamotean recursos a la hora de extender la red de gas o reemplazar caños en mal estado. A su vez, se ahorran un dineral en salarios y cargas sociales tercerizando a gran parte de su mano de obra; sin ir más lejos, el 60% del personal de Naturgy está tercerizado. Las normas de seguridad e higiene y los elementos de protección brillan por su ausencia en esas contratistas, causando numerosos accidentes de trabajo. En 2020, tres operarios tercerizados de Naturgy sufrieron graves quemaduras mientras reparaban un caño de gas; y, en 2016, un obrero tercerizado de Metrogas murió producto de una fuga de gas mientras hacía arreglos.

A su vez, no es cierto que necesiten aplicar aumentos para evitar la quiebra. Lejos de eso, Metrogas cerró el balance anual de 2022 con una ganancia de $5.814 millones, mientras que Naturgy a nivel mundial obtuvo beneficios por 1.649 millones de euros en ese mismo año. En cambio, el derruido ingreso de la población trabajadora no soporta nuevos ataques.

Además de los aumentos en la distribución y transporte de gas, resta añadirle el del precio de gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (Pist). Los incrementos en el mismo aún no se definieron pero todo indica que pegará un salto como consecuencia de la reciente megadevaluación (se trata de un precio dolarizado) y la reducción de subsidios estatales a ese eslabón de la cadena, contemplado en el plan motosierra.

Debemos enfrentar los tarifazos en las calles. Exigimos la apertura de los libros de las empresas en función de evaluar los verdaderos costos, verificar que no padecen pérdida alguna y fijar tarifas acordes a las necesidades sociales. Esto, con la perspectiva de nacionalizar bajo control obrero toda la industria energética para ponerla al servicio del desarrollo nacional y las necesidades sociales.

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