Un nuevo decretazo del gobierno establece que, a partir de este mes, las empresas dejarán de aportar a la seguridad social por los salarios que paguen a los trabajadores que, por razones de salud, por tener más de 60 años de edad o las mujeres embarazadas, estén exceptuados de concurrir a sus lugares habituales de tareas.

Según estiman las propias patronales, se trata de entre el 25 y el 30 por ciento de los trabajadores del comercio y de la industria los que pasarán a cobrar ya no un salario sino “una compensación no remunerativa equivalente a su remuneración habitual, neta de aportes y contribuciones al sistema de seguridad social” (Ámbito, 4/11).

La medida tiene una tremenda gravedad porque no solo supone seguir vaciando a las cajas en beneficio directo de los capitalistas, sino que, al caer la recaudación, automáticamente se reduciría el porcentual de los próximos aumentos de las jubilaciones y pensiones, si es que se aprueba el proyecto de “reforma previsional” que el gobierno quiere que le vote el Parlamento antes de fines de año.

Es que uno de los dos elementos que incluye el proyectado índice de incremento de los haberes es, justamente, el de la recaudación previsional (el otro es el de la variación salarial, que también cae en picada porque las paritarias que está firmando la burocracia son masivamente a la baja). Recaudación previsional que, en el curso de los últimos meses, ha sido brutalmente reducida por los centenares de miles de despidos y por las suspensiones masivas sin aportes y con ingresos salariales reducidos, acordadas entre la CGT y la Unión Industrial Argentina (UIA).

Pero, además, no solo exceptúa a las patronales de su obligación de sostener a las jubilaciones, que son un salario diferido de los empleados, sino que también las habilita a embolsarse el porcentaje que aporta el trabajador a las cajas, que las patronales retienen (descuentan de los salarios) para luego girarlo a la seguridad social. Un verdadero saqueo.

Además, la medida perjudica a los trabajadores que, en esa franja de exceptuados de trabajar mayores de 60 años, están cerca de la edad jubilatoria, ya que les reduce los aportes que se computan a los efectos de realizar el cálculo de la jubilación inicial. Es decir que al trabajador le roban sus aportes y luego, por ese hurto, le reducen el haber jubilatorio.

El decreto, que es del 12 de octubre último, profundiza la destrucción de los haberes, que ha sido una política de Estado de los distintos gobiernos que se sucedieron en las últimas décadas y que han llevado a que, hoy, la inmensa mayoría de los jubilados y pensionados, tenga ingresos menores a los $22.000, equivalente a menos del 40% de la canasta de pobreza.

La administración K actual pretende “legalizar” esta orientación con la reforma previsional en proceso, que incluirá un índice de aumento totalmente desvinculado de la inflación y de un valor similar al del salario en actividad, para “garantizar” a los acreedores externos y al FMI que las jubilaciones y pensiones van a seguir deteriorándose hasta convertirse en una mísera asignación a la vejez.

Contra este despojo han comenzado a organizarse los jubilados que ganan las calles en todo el país, aún en medio de la pandemia, para rechazar el destino de hambre y miseria al que se quiere empujar a la masa de obreros y empleados que, habiendo trabajado toda su vida, el capitalismo no quiere garantizarles siquiera la subsistencia cuando llegan a la edad de jubilarse.

La movilización nacional de hoy, 4 de noviembre, se enmarca en este camino.

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