Tras el impacto político causado por el pedido de la Corte Suprema de la causa Vialidad, que planteaba la posibilidad de una postergación del juicio contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, finalmente el máximo tribunal aclaró no se había dictado la suspensión  del juicio y el expediente se devolvería a tiempo, que debería empezar el próximo martes, en lo que se interpretó como un recule de los cortesanos.

El macrismo atribuyó el paso atrás a la “reacción popular”, un argumento a todas luces insostenible si se considera que sólo un puñado de personas participaron de los cacerolazos contra la decisión de la Corte. Desde la vereda contraria, el kirchnerismo denunció aprietes contra el máximo tribunal.

El modo en que se procesa la disputa desmiente las patrañas sobre la independencia del Poder Judicial. Si la decisión inicial de la Corte fue un gesto político hacia la ex mandataria (algunos vieron detrás de ella la mano de Alberto Fernández), el recule obedece al mismo cuadro de operaciones cruzadas. Este traduce las presiones políticas de un sector del establishment político que fogonea las causas contra CFK, quien, pese a sus insistentes aclaraciones de que pagará la deuda y su buena letra, aún es vista con recelo por un sector de la burguesía como potencial relevo ante el derrumbe de Cambiemos. Todas estas divisiones tienen su correlato en el Poder Judicial, que se encuentra fracturado.

Un columnista de La Nación (17/5) recoge inclusive la versión de posibles aprietes y carpetazos sobre los jueces, lo que da cuenta de la podredumbre del sistema político. “[Los jueces supremos] conversaron varias veces sobre el rebote mediático de su decisión y de un dato que les preocupó especialmente: la difusión vía redes sociales de datos personales de algunos de ellos. Hablaron de operaciones de inteligencia que solo por elegancia evitaron atribuir al Gobierno”.

La decisión de la Corte de pedir el expediente de Vialidad (que examina un posible direccionamiento de la obra pública hacia empresarios amigos por parte del kirchnerismo) había recalentado la crisis política. Expuso que un sector del tribunal simpatiza con un relevo pejotista, y en ese sentido no quiere perjudicar ni la candidatura de CFK ni las tratativas de las que participa la ex mandataria con el peronismo federal.

El choque de la Corte con el gobierno tiene capítulos previos, como el fallo contra la aplicación de Ganancias a jubilados y la ratificación del fiscal Alejo Ramos Padilla al frente de la investigación que compromete al fiscal Carlos Stornelli en una trama de extorsiones. El gobierno fracasó en su propósito de dominar al tribunal con el reemplazo en la presidencia del mismo de Ricardo Lorenzetti por Carlos Rosenkrantz, que ha quedado aislado como único respaldo nítido del oficialismo. Al contrario, ha desatado las operaciones del primero.

Las crecientes disputas de Macri con la Corte pueden llevar a que ésta reactive una agenda de temas que preocupan al gobierno, lo que agravaría la crisis política.

Un punto a tener en cuenta es que la Corte analizará ahora el expediente (debe resolver ocho recursos presentados por la defensa de los imputados), con la posibilidad de que haga lugar a alguna de las nulidades planteadas. De resolver conforme a lo planteado por la defensa, la consecuencia jurídica podría ser retrotraer el proceso y/o efectivamente suspender el juicio. Así las cosas, el macrismo habría ganado la foto el próximo martes de CFK encausada junto a Lázaro Báez y Cristóbal López (por ahora, la ex mandataria dice que asistirá), pero sólo eso.

Las maniobras de la Corte expresan el alcance de la crisis de régimen. El máximo tribunal de la Justicia, cinco personas ajenas a todo mandato popular, se colocan en posición de potencial arbitraje ante un agravamiento de la crisis económica y política que puede acabar con Macri aún antes de terminar su mandato.

El Frente de Izquierda tiene el desafío de incidir en esa crisis con un planteo de reorganización social en beneficio de los trabajadores.