Políticas
6/10/2026
Tras el fallo de la Corte, tiremos abajo el DNU 70/23
Editorial de 14 Toneladas.
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La semana pasada la Corte Suprema emitió un fallo que le da legitimidad al decreto 70/23, especialmente en un capítulo clave que es el referido a la venta de tierras a extranjeros. Un tema que venía a ser muy debatido en Argentina cuando el gobierno quiso, en esa ley que se le llamó pomposamente de “inviolabilidad de la propiedad privada”, modificar la Ley de Tierras que viene en la época del kirchnerismo y quitar todo tipo de límite a la venta de tierras a los capitales extranjeros. En el medio había pasado el partido de Argentina con Inglaterra y la famosa bandera que levantaron los jugadores que decía que las Malvinas son Argentinas, y eso generó una ola de tipo antiimperialista que llevó a que se produzca una gran movilización popular ante la cual el gobierno tuvo que retirar ese y otros capítulos.
La Corte aparece llamativamente. De acuerdo a información periodística, el gobierno no estuvo directamente detrás de este fallo que rechaza una medida cautelar que había dictado un juez de primera instancia y luego una cámara federal de La Plata. Le habían dado la razón a un centro de excombatientes de Malvinas, que presentó un pedido de inconstitucionalidad del decreto. La Corte ahora dice que no va a fijar una posición de fondo sobre la constitucionalidad o no del DNU, sino que ese centro de excombatientes no tiene legitimidad para llevar adelante el pedido que realizó. Por lo tanto da por caída la cautelar, y no habiendo ninguna legislación distinta queda vigente el DNU en ese capítulo: puede comprarse toda la tierra que quiera por el capital extranjero.
Uno tiene que preguntarse quién estuvo detrás de este fallo, porque es claro que la Corte tiene muchísimos pedidos de inconstitucionalidad en relación específicamente al DNU 70. Y se van a cumplir ya casi tres años, porque fue emitido en diciembre de 2023, y en estos tres años la Corte no se pronunció sobre nada.
Existen muchos pedidos desde diferentes ángulos, porque el decreto 70/23 es un gigantesco y abarcó muchas áreas del Estado. Por ejemplo, modificó relaciones laborales, el Código Civil y Comercial, anuló la Ley de Alquileres, modificó las leyes de manejo del fuego, desreguló la tasa de interés, la ley de góndolas, ante lo cual se presentó una andanada de pedidos de inconstitucionalidad. La Corte no dijo nada, y eligió particularmente tomar esta presentación de la sociedad de excombatientes y no los demás.
Es interesante el problema porque el decreto 70/23 es manifiestamente inconstitucional, ya que el Poder Ejecutivo se arroga derechos directamente legislativos, anulando una cantidad de leyes votadas oportunamente por el Congreso. Y frente a algo que es manifiestamente inconstitucional la Corte, que tiene como función principal velar por la vigencia de la Constitución en el país, no toma ninguna medida y falla con una provocación, porque dice que este centro de excombatientes no tiene legitimidad para plantear un problema de soberanía nacional. Ellos le responden, con mucha razón, que su legitimidad está dada porque arriesgaron la vida en su momento por la soberanía nacional, cosa que ninguno de los tres miembros de la Corte Suprema hizo ni hará nunca.
Ahora aparece un problema enorme. ¿Qué se va a hacer? Porque el planteo de la Corte abrió una crisis. Aparece en el Parlamento un pedido de varios bloques para que sesione la Cámara de Diputados y se declare la nulidad del decreto 70/23. ¿Por qué Diputados? Porque hace un año y pico atrás el Senado lo votó. Y de acuerdo a una ley vigente de la época del kirchnerismo, los DNU están vigentes si no lo rechazan ambas cámaras.
¿Por qué no lo rechazó también la Cámara de Diputados, que nunca puso en tratamiento el DNU? Es llamativo, porque aunque las cámaras no son exactamente iguales y no tienen la misma composición, los bloques políticos son bastante similares. Entonces uno debe llegar a la conclusión que cuando el Senado votó la anulación del DNU no lo hizo con el propósito de que lo haga también Diputados, sino con el propósito de amenazar al gobierno para forzar una negociación sobre diferentes puntos. Todos los bloques políticos se hicieron los giles frente a ese hecho.
El tiempo transcurrido ha agravado la crisis, porque se desarrollaron determinados hechos en la economía capitalista amparados en esa legalidad del decreto 70. Por ejemplo, la Ley de Alquileres hoy no está vigente. ¿Si se voltea el DNU qué pasa con los contratos firmados? ¿Qué pasa con la desregulación de la medicina prepaga, por la cual aumentó sus aranceles por encima del promedio inflacionario? ¿Qué pasa con la tasa de interés, que también fue desregulada para el sistema financiero? En un país en el cual tenemos la morosidad que todos conocemos y una causa justamente son los altos costos de los préstamos, esto abre una crisis.
Hacia la sesión convocada para el 15 de octubre en la Cámara de Diputados uno tiene que prever, de acuerdo a todos los intereses capitalistas que están en juego, que va a haber muchísima presión para que finalmente el Decreto 70 quede en pie. Si no hay una gran movilización popular que presione fuertemente a la Cámara de Diputados lo más probable es que falte quórum, o falte un voto, o pasen algún tipo de hechos de este tipo.
¿Qué anticipa esto? Las maniobras que están haciendo los bloques que se pueden llamar intermedios en el Senado: los Pichetto, los Massot, los Mayans, que están buscando salvar la situación para evitar que este decreto caiga. Presentan por ejemplo una propuesta que no es claro que sea legalmente viable, que es que ahora el Senado se reúna y vote en contra solamente del artículo de la Ley de Tierras del decreto 70. En principio la Constitución no habilita eso, porque uno tiene que rechazar o aprobar en bloque el decreto entero y no puede rechazarlo parcialmente. Es decir que habría incluso un debate judicial si eso es legal o no. Una serie de maniobras que buscan salvar los intereses capitalistas que serían afectados si este decreto finalmente cae.
En el fondo, si uno tiene que preguntarse quién es el que se beneficia con esta medida de la Corte Suprema de Justicia da la impresión que es el gran capital extranjero y de Estados Unidos que ha presionado para que este fallo salga. Porque los que se pueden beneficiar son los Peter Thiel que estaban buscando quitar todo tipo de límite a la compra de tierras para establecer determinados negocios, especialmente en la Patagonia con los centros de datos que requiere la inteligencia artificial. Si no hay ningún tipo de límite a la compra de tierras se permitirían inversiones importantes en tierras baratas pero que tienen el beneficio de acceso al agua y el clima frío para llevar adelante este tipo de emprendimientos.
Es interesante tener en cuenta lo que el gobierno está armando ante las dudas de que pueda haber una irrupción popular como la hubo el 6 de agosto y lo obligó a recular. Por si al Congreso no le queda otra que aprobar la caída del DNU, el gobierno está buscando darle a los Peter Thiel algún tipo de salida para que continúen con sus planes de negocios en Argentina. En un hecho insólito, aprobó un programa de ciudadanía a cambio de inversión.
Si uno no tiene dos años de residencia en el país puede comprar la ciudadanía con 350 mil dólares. Para Peter Thiel no es nada; el tipo vino y se compró una casa en Palermo Chico para él y su familia, que habrá pagado arriba de un millón de dólares. O, si no, puede comprar títulos públicos de la deuda argentina por 800 mil dólares, que aparte dan un beneficio -es decir que tampoco sería muy costoso. Es un escándalo.
Caputo se encargó de explicar de dónde sale esta idea Se enmarca, dice, en algo que surgió como debate en los primeros viajes del presidente Millei a Silicon Valley, donde vimos a los más importantes popes de la industria tecnológica y surgió de parte de ellos la idea de comprar ciudadanía argentina. Caputo confiesa abiertamente que tiene un plan B o un plan C si es que finalmente el decreto cae.
Recordemos que las instituciones jurídicas argentinas, y la Corte Suprema en primer lugar, están bajo una enorme influencia del imperialismo norteamericano. Los jueces se la pasan viajando a Estados Unidos y el Departamento de Justicia estadounidense maneja en buena medida la Justicia de América Latina, más ahora con el Escudo en las Américas.
Por eso no podemos confiar en que el Congreso termine volteando este decreto, porque es cómplice. No lo quisieron tratar, por lo que de alguna u otra manera avalaron que continúe. Defienden los intereses capitalistas, a los grandes dueños de la medicina prepaga, de los bancos, las cámaras inmobiliarias, que van a presionar para que este decreto siga; y esos intereses tienen terminales en todos los grupos políticos capitalistas que están en la Cámara de Diputados, incluido el peronismo.
El 6 de octubre vamos a una marcha a Tribunales, convocada por quienes estuvimos en la Marcha de la Bronca, y convocamos a movilizarnos en todo el país para voltear este decreto en su totalidad, no solamente un artículo. Para el 15 aparecen otros temas importantes, porque ya estaba convocada previamente una marcha de las universidades nacionales, cuando el gobierno se niega a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario mientras la Corte mira para otro lado.
Porque la Corte solamente opina sobre una cautelar pero se resiste a tomar la medida que debería, que es confiscar el dinero de las cuentas públicas para pagar los salarios a los docentes y no docentes de las universidades de acuerdo a la ley vigente. Por ejemplo, en el caso de Fate la Justicia laboral intervino las cuentas de la empresa y está pagando (ahora reclaman por las quincenas que todavía no se pagaron, pero habría una predisposición a que se paguen entre 6 y 9 quincenas más a los trabajadores). ¿Por qué la Justicia, la Corte Suprema, no hace lo mismo con las cuentas del Estado nacional? Mira para otro lado, y lo mismo hace con otras leyes que incumple el gobierno.
El 15 está planteada una gran marcha sobre el Congreso, que tenemos que tratar de convertir en una gigantesca movilización. Lo que hemos visto en Brasil es todo un aprendizaje, porque la forma de combatir a la ultraderecha es en la calle; cosa que en Brasil no pasó, en ningún caso, y acá tenemos que lograr que pase. Es la mejor forma de golpear y terminar de una vez por todas con el gobierno de Milei.
