Políticas

27/5/2025

NEUQUÉN

Las incógnitas del canon que Exxon pagó a la provincia para poder vender a Pluspetrol sus áreas de Vaca Muerta

Cien millones de dólares con destino incierto.

Exxon.

La venta de áreas en Vaca Muerta que realizó Exxon a favor de Pluspetrol para concentrarse en EE.UU. y Guyana, entre otras zonas elegidas por la empresa yanqui, tuvo un episodio que merece analizarse. Porque no sería una mosca en la leche, sino un modus operandi para otras ventas de áreas donde las empresas vendedoras estén asociadas a Gas y Petróleo de Neuquén S.A. (GyP). Una caja recaudatoria extrapresupuestaria que queda a merced de la voluntad del Poder Ejecutivo.

Dicho esto, mientras, las necesidades populares crecen, y también la miseria y los indicadores de un deterioro de la calidad de vida de los sectores de menores recursos, así como continúa el retaceo, al estilo de la ministra Pettovello, respecto a la ayuda social y la provisión de merenderos y comedores.

Pluspetrol adquirió seis áreas donde Exxon tenía participación. La “perla” de la media docena de áreas es Bajo del Choique-La Invernada.

Un “vuelto” con historia

Muchos años antes de que se iniciara la explotación No Convencional, en el año 2006 por el Decreto Nº 224, Bajo del Choique (aún sin que se adjunte La Invernada), fue reservada para que Hidrocarburos del Neuquén S.A. (Hidenesa) la explorara, desarrollara y explotara. En el año 2009, por el Decreto Nº 436, este área (y otras) fueron transferidas a la recientemente creada Gas y Petróleo del Neuquén con mayoría estatal.

Por este decreto GyP fue facultada a desarrollar y explotar las áreas “por sí y/o con la asistencia o asociación con terceros”. Entre este lote de áreas donde GyP se podía asociar con “terceros” figuran varias de las que hoy representan una producción importante de Vaca Muerta (Aguada del Chañar, Coiron Amargo, La Amarga Chica, Los Toldos, Mata Mora, etc.).

GyP convocó a licitación en el año 2009 para asociarse y desarrollar el conjunto de las áreas recibidas de Hidenesa. El concurso no recibió ofertas y se declaró desierto.

Pero al año siguiente, en el 2010, por el Decreto Nº 1729, GyP había constituido con Exxon una Unión Transitoria de Empresas (Expte 4803000481/2010) para desarrollar las áreas Bajo del Choique-La Invernada, ya que tras declararse desierto el concurso, Exxon hizo una oferta que fue aceptada por el directorio de GyP. El poder concedente a través de su empresa ya menciona en el 2010 el interés en explotar “los reservorios no convencionales”. Todo esto aprobado por el gobernador de aquel momento, Jorge Sapag y Zulma Reina (actualmente vicepresidenta segunda de la Legislatura).

Cuatro años antes del pacto con Chevrón en Loma Campana, ya existía esta asociación con Exxon (otra empresa yanqui) que tenían los ojos puestos en las formaciones de la roca madre, a partir de su experiencia en EE.UU.

Pero todo indica que Exxon no invirtió lo comprometido en Bajo del Choique-La Invernada, por lo que al momento de venderle sus activos allí, la provincia reclamó el pago de una especie de indemnización por la producción no ejecutada a partir del incumplimiento de compromisos de inversión. Así nace la historia de este canon que Exxon le paga al tesoro provincial de U$S 100 millones.

¿Dónde está y a qué se aplica ese canon extrapresupuestario?

Es un secreto del gobierno neuquino. Un gobierno que dijo que culminó el año 2024 con un superávit de U$S 500 millones pero nunca explicó si en ese importe se incluía el canon que pagó Exxon o esa millonada de dólares se ha colocado en algún lado.

El Decreto Nº 1512/2024 por el cual se aprueba el acuerdo entre GyP y Exxon que le permite a la petrolera yanqui vender a cambio del pago del canon dice que “Dicha suma deberá depositarse o transferirse a la cuenta de Rentas Generales de la Provincia N° 100/21 - PCIA DEL NQN - ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CBU 09700222-11000001000212, del Banco Provincia del Neuquén Sociedad Anónima” (art. 2º).

En el acto por el cual se concretó la venta de Exxon a Pluspetrol participó y avaló esa venta el propio gobernador de Neuquén como titular del poder de concesión, quien dijo que se iban a destinar esos fondos del canon a “obra pública”. Pero lo cierto es que el proyecto de presupuesto 2025 ya había sido enviado a la Legislatura y se aprobó días antes que se cerrara el acuerdo entre Exxon, Pluspetrol y el gobierno de Neuquén. En el presupuesto aprobado, entre los ingresos previstos al fisco, no está contemplado el monto del canon pagado por Exxon.

El cierre del balance del Banco Provincia de Neuquén al 31/12/2024 tampoco registra un importe equivalente a esos U$S 100 millones. Por lo que no habrían ingresado antes de esa fecha a la cuenta Nº 100/21 de Rentas Generales de la Provincia en el citado banco. ¿Habrán ingresado luego de esa fecha?¿Habrán ingresado en cuotas? ¿En tal caso, cuántas? Nada se sabe.

El secretismo fue confirmado por Exxon cuando informó el acuerdo con Pluspetrol, ya que dijo que “como práctica corporativa, Exxon no comenta sobre los detalles comerciales de las transacciones que realiza” (Infobae, 30/10/2024).

Lo que sí se sabe y es público es que por el Decreto Nº 1512/2024 la provincia eximió “del pago del impuesto de sellos” a la operación por U$S 1.700 millones de dólares (art. 3º), que a tenor de la valorización de las áreas vendidas, gran parte de ese monto corresponde a Bajo del Choique-La Invernada. O sea la provincia resignó a ingresar, como impuesto que debían pagar las empresas, una buena parte de los U$S 100 millones que recibió como canon y que no está claro por dónde andan.

La ley fiscal y un decreto flojito de papeles

La eximición de impuesto de Sellos a semejante contrato, si bien es una facultad del Poder Ejecutivo, no deja de ser un privilegio para las empresas. Privilegio que no disfruta ningún hijo de vecino cuando vende un automóvil o un bien inmueble.

La eximición decretada habla por sí sola que el pago del impuesto era un hecho exigible según el Código Fiscal de la provincia. Esto por un lado. Pero, por el otro, ese propio Código Fiscal cuando contempla, precisamente, las eximiciones posibles, tiene un título exclusivamente dedicado a los contratos de áreas hidrocarburíferas. Dice el artículo 263º para el caso que se haya declarado “la comercialidad del yacimiento y celebrado el acto por el que se otorga la concesión de explotación”, y fija una “base imponible”, que incluye “las prórrogas de dichos contratos”.

En el caso de Exxon y Pluspetrol se trata de un traspaso o compra-venta de activos, que no son otra cosa que la concesión de explotación o exploración en sí. Ni las empresas ni el gobierno pueden aludir a que se trata de una operación no contemplada en la ley.

Todo lo contrario, porque la ley fiscal en su artículo 240º contempla los “contratos de concesión” y dice que “en los contratos de concesión, sus cesiones o transferencias o sus prórrogas otorgadas por cualquier autoridad, el impuesto se liquidará sobre el valor de la concesión o de los mayores valores resultantes de las obligaciones impuestas al concesionario. Si no se determinara el valor, el impuesto se aplicará sobre el capital necesario para su explotación, teniendo en cuenta la importancia de las obras e inversiones a realizar o -en su defecto los importes representados por todos los bienes destinados a la explotación y el dinero necesario a su desenvolvimiento”.

Se use el criterio que se use para determinar la base imponible, resulta claro que la eximición ha evitado una tributación de registro presupuestario y la ha cambiado por un ingreso fiscal extrapresupuestario, que como se dice más arriba no está registrado en el presupuesto aprobado para el año 2025, ni se registra ese monto en dólares en el balance del Banco Provincial del Neuquén, entidad donde se debería haber depositado el monto de canon según el Decreto 1512/2024.

Existe suficiente terreno para una investigación del Ministerio Público Fiscal, pero no lo hace ya que dedica gran parte de su tiempo a perseguir a las organizaciones de lucha.

El celo de los “hábiles mentales” de la Legislatura no llega al terreno de estos intereses de las petroleras porque, al igual que el Poder Ejecutivo, son sus escribanos.

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