18/11/2021

Las jubilaciones en caída, ocupan la agenda judicial y se negocian con el FMI

Han ido prosperando en diversas cámaras judiciales (Córdoba, Bahia Blanca , Mar del Plata) fallos en los que se ordena a la Anses el pago de la diferencia entre lo percibido y lo que hubiera correspondido en caso de haberse aplicado en 2020 la fórmula de la movilidad jubilatoria, que fue suspendida por el gobierno de Alberto Fernández apenas asumió la presidencia en diciembre del 2019.

Los fallos toman dos elementos. Uno es lo perdido en 2020 con la suspensión de la movilidad, fijando en cambio las actualizaciones trimestrales por decreto y por detrás de la fórmula existente. Los aumentos fueron de 35,3% para la jubilación mínima y de 24,3% para los haberes por encima, bonos mediante, cuando con el cálculo vigente (basado en el 70% de variación de los precios al consumidor y 30% de RIPTE -promedio variación salarial-) hubiera correspondido el 42,1%.

El otro es que, en la medida que se perdió durante 2020 por la suspensión de la fórmula, el monto de los haberes sobre los que se aplicó la nueva fórmula en 2021 son menores (en un 7% para la mínima y de hasta el 18% para las jubilaciones mayores). Este punto es fundamental, porque expresa la caída histórica y permanente de los básicos, que sólo fueron disimulados en la jubilación mínima por los bonos que se pagan por única vez.

El valor de estos fallos, aunque parciales y testimoniales, es que ratifican que efectivamente los jubilados han sido objeto de medidas arbitrarias, contrarias a los derechos en materia previsional, por parte del gobierno.

 

En medio de la campaña electoral y de las negociaciones con el FMI llegó la confirmación del índice de movilidad jubilatoria para la última cuota del 2021. El 12,11% para diciembre-febrero llevará el haber mínimo que cobran unos cinco millones de trabajadores jubilados o pensionados a $29.062, por debajo de la línea de indigencia, y pondrá el tope de la máxima en $195.557.

Se trata de un hundimiento categórico de los haberes previsionales a lo largo de los dos años de gobierno del Frente de Todos. A pesar que punta a punta en 2021 el aumento estará cercano a la inflación, no se recupera lo perdido y el futuro pinta negro. Porque este año y quizás los primeros meses de 2022 pesa todavía el rebote de la brutal caída del PBI durante la pandemia y debido a la recaudación por exportaciones -cuyos precios fueron muy altos- la fórmula nueva empardó la subas de precios. Pero en perspectiva hacia adelante las jubilaciones tienden a perder valor histórico porque no se actualizan por inflación sino por recaudación, y se ajusta cada año por el índice menor.

Los haberes jubilatorios decrecieron en los últimos gobiernos consolidando el ajuste fiscal que unos y otros garantizaron a costa de las jubilaciones. La condena a César Arakaki y Daniel Ruiz pretende, justamente, aleccionar sobre las consecuencias a quienes lucharon en 2017 contra una reforma previsional a la baja.

Fernández, el robo a los jubilados y el FMI

El punto de la recomposición jubilatoria fue tomado especialmente por el Frente de Todos en la campaña electoral de 2019. El no cumplimiento de esta promesa electoral es uno de los componentes de la derrota del peronismo en la reciente votación.

Mientras el gobierno durante estos dos años saqueó a los jubilados, mantuvo las jubilaciones de privilegio para los cargos ejecutivos, los jueces, los altos mandos castrenses, los diplomáticos y los obispos. Han presentado la “reparación histórica” para Cristina Kirchner por lo que pasará a cobrar mensualmente dos millones quinientos mil pesos y su correspondiente retroactivo como un derecho, mientras al resto de los adultos mayores se les niega el 82% móvil y hay un tope para recibir las pensiones que obviamente no rige para los del privilegio.

La cuestión previsional forma parte principal de las negociaciones con el FMI: “licuar jubilaciones, tal vez a través de una devaluación…”, sugiere Pagni en su columna de La Nación (18/11).

Las nuevas negociaciones con el FMI, luego de terminada la campaña electoral, traen la exigencia de un mayor ajuste en el “gasto” del Estado. La jubilación no es tomada como un sistema financiado con aporte patronal, sino que al contrario se busca reducir esos aportes ya menguados por sucesivas reformas y por el enorme sector informal de la economía. Milei y Espert lo han llevado al extremo poniéndolo por escrito: terminar con la jubilación pública y reemplazarla por un “seguro que contrata cada trabajador”, las AFJPs agravadas. Nuestro planteo estratégico es el opuesto, basar la jubilación en el aporte patronal y el fin del trabajo en negro a la par de la recomposición de los salarios de los activos al nivel de una canasta familiar que será consistente con el 82% del salario testigo en actividad.

El Plenario de Trabajadores Jubilados planteará a todas las organizaciones de lucha de los jubilados, en particular las que compartieron nuestras autoconvocatorias a movilizarnos contra el plan que el gobierno prepara para pactar con el FMI lo que será una década de ajuste, en particular a las y los jubilados.

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