Un artículo de BAE Negocios (31/5) destaca que las provincias lograron reducir a la mitad el déficit de sus cuentas públicas en el primer año de la pandemia. Esto, a pesar de que los primeros meses de 2020 la cuarentena pulverizó tanto los recursos propios como los provenientes de la coparticipación. Según un artículo del mismo medio publicado en diciembre, “las cifras muestran que los gobernadores lograron contener sus gastos en empleo y obra pública a lo largo de 2020” (31/12/20), es decir que el mayor desempleo y la desinversión no encuentra grietas entre los partidos patronales.

De acuerdo a los últimos datos actualizados del Ministerio de Economía, el resultado primario sumado de las 24 jurisdicciones fue un saldo favorable de $75.500 millones el doble del superávit de 2019, que al contabilizar el pago de intereses de deuda se transforma en un déficit financiero de $65.000 millones, la mitad del rojo total registrado durante el año anterior.

El artículo mencionado muestra en el podio a las provincias de Mendoza (163.000 millones de pesos), Córdoba (21.000 millones) y Santa Fe (17.000 millones), cuando en 2019 habían registrado déficits de 10.900, 4.000 y 16.000 millones de pesos respectivamente. A la lista hay que sumar a Entre Ríos (que pasó de un rojo de 8.000 millones de pesos a un resultado positivo de 4.000 millones), a Misiones (de -3.300 millones a 721 millones de pesos), La Rioja (de -1.800 a 2.000 millones), y Salta (de -1.100 a 459 millones de pesos).

Santiago del Estero, por su parte, más que duplicó su superávit de 2019 con un saldo de 21.000 millones de pesos. Catamarca redujo su déficit de 3.800 a 163 millones de pesos, mientras que Jujuy y Chaco lograron reducirlos de 5.300 a 311 millones, y de 5.400 a 400 millones respectivamente. San Juan bajo su resultado fiscal negativo de 1.145 a 700 millones de pesos. La provincia de Buenos Aires, administrada por el cristinista Axel Kicillof registró un déficit de 36.000 millones de pesos, equivalente la mitad de lo que figuraba en su Presupuesto. Como se ve, tenemos a todo el espectro político de los partidos patronales comprometidos en equilibrar los números mientras se saturaban los sistema de salud por la falta de recursos y crecía la pobreza, mientras renegociaban con sus acreedores para rescatar el pago de las deudas provinciales.

“Los gobernadores lograron surfear la ola del Covid sin un descalabro en sus cuentas, con licuación del gasto en sueldos y obra pública”, señala el portal. La desinversión y el vaciamiento del sistema de salud y educación generaron problemas muy visibles en la pandemia. Pero también son clarificadores las estimaciones de la consultora Aerarium, que relevó que “las partidas destinadas al personal -las más significativas para las provincias- retrocedieron un 7% en términos reales al término del tercer trimestre”.

Al momento de negociar salarios o ante los reclamos de inversión en infraestructura, los gobernadores manifiestan que tienen problemas financieros. Las conducciones de los sindicatos estatales, aliadas a los gobierno de turno, han permitido esta situación aceptando sumas fijas no remunerativas que achatan la escala salarial y firmado paritarias por debajo de la inflación en cómodas cuotas. Recientemente ATE y UPCN cerraron con el gobierno nacional de Alberto Fernández un 35% en seis cuotas que se terminarán de cobrar en marzo de 2022, consolidando un desplme del poder adquisitivo en los últimos años.

Las consecuencias del ajuste las vemos hoy en día en el colapso sanitario que afecta a varias provincias en plena segunda ola, o en la ausencia de preparación tanto de las escuelas para una presencialidad segura como de recursos para garantizar las clases virtuales. Por eso asistimos a un ascenso de luchas de los trabajadores de la salud, a un rechazo muy extendido a las paritarias firmadas por la burocracia sindical, y a movilizaciones de docentes y estudiantes para defender la educación y su salud.

La necesidad de una alternativa independiente, que ligue las reivindicaciones más inmediatas a un programa orientado a la defensa de los intereses de la clase obrera, partiendo del no pago de las deudas usurarias y fraudulentas, aumentos de emergencia de salarios y jubilaciones para que ninguna esté por debajo de la canasta básica familiar, y un seguro al desocupado de 40.000 pesos mensuales. Es una pelea frontal contra el ajuste fondomonetarista del gobierno nacional y los gobernadores, en complicidad con la burocracia sindical

https://prensaobrera.com/salud/ocupacion-de-camas-el-record-de-mayo-anticipa-un-aumento-en-las-muertes/

https://prensaobrera.com/politicas/la-crisis-en-la-cresta-de-la-segunda-ola/