El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) dio a conocer un informe en el que constató que, por cuarto año consecutivo, las provincias tuvieron superávit fiscal primario, en un cuadro de ajuste contra la población trabajadora. Al mismo tiempo, detalló que el gasto del conjunto de las mismas fue el menor de los últimos nueve años, lo que va en línea con las metas fiscales que impone el FMI. Esto se debe puntualmente al recorte en áreas específicas, como el gasto en personal y las prestaciones de la seguridad social, lo que conforma un golpe contra los salarios, los puestos de trabajo, y aquello que debería responder a cubrir contigencias sociales de los trabajadores asociados a la vejez, la invalidez laboral, las cargas de familia y el desempleo.

Explicaron que, en términos del PIB, se observa que en el 2021 el gasto total perdió peso en la economía con respecto a los dos años anteriores, pasando del 17,5% en el 2020, al 16,2% verificado para el 2021, siendo este último menor también que el del 2019. Hubo una reducción de -0,6 p.p. respecto al 2019 y de -1,3 p.p. respecto al 2020, lo que constata una orientación de gran ajuste fiscal que se manifiesta en una reducción en las erogaciones de dinero del Estado.

Por su parte, la reducción del gasto en personal fue la más significativa por su gran participación en la estructura del gasto (43,7% en 2021) alcanzando los $179.867 millones constantes de 2021, informó Iaraf. Esto significa que la principal contracción de la erogación se produjo sobre los salarios, es decir que son los trabajadores quienes están financiando el superávit fiscal que exige el FMI, a costa de un ajustazo sobre sus ingresos. Por este motivo se han movilizado 30 mil docentes en Mendoza y otros 30 mil en Santa Fe, al que se han sumado miles de estatales, entre otras luchas en curso.

Le sigue en importancia la reducción en las prestaciones de la seguridad social, que alcanzan los $55.195 millones, e impacta directamente sobre las pensiones, prestaciones económicas y familiares que perciben las familias trabajadoras y los haberes previsionales, que permanecen por debajo de la línea de indigencia.

A su vez se realizó también un gran recorte sobre la obra pública, puesto que las transferencias de capital se redujeron $57.188 millones y la inversión real directa cayó $8.546 millones constantes en 2021, lo que significa una retracción en la inversión productiva por parte del Estado. Esto en un cuadro donde las necesidades populares se agravan constantemente, como la necesidad de vivienda, de construcción de cloacas, escuelas, etc. Además, acicatea una recesión que ya se encuentra propulsada por el cepo a las importaciones y el aumento constante de las tasas de interés, en el marco de una huelga de inversiones por parte de los capitalistas, y que pagan los trabajadores con cierres, suspensiones y despidos.

El gobierno nacional se vale de estos números para justificar mayores recortes. Es lo que vemos en la poda de las partidas de la Administración Central para lo que queda del año por un total de $128.000 millones, y los trascendidos del proyecto de Presupuesto 2023. De hecho, en el acumulado del año las transferencias a las provincia para obra pública sufrieron un derrumbe del 22,7% respecto de 2021. Esto refuerza las presiona por mayores ajustes en cada jurisdicción.

Esto suma elementos a la crisis política. Los gobernadores del norte se reunieron con Manzur en Jujuy y protestaron contra el impacto del recortes de los subsidios energéticos y del transporte. No actúan en defensa del pueblo trabajador de sus provincias, sino como voceros de las demandas de las oligarquías y las pretendidas “economías regionales”. Los menores giros de Nación redundarán a su vez en mayores impuestazos, como los autorizados por el Consenso Fiscal votado por unanimidad en el Senado, empezando por Ingresos Brutos, lo que se trasladará a los consumidores.

El sendero de austeridad fiscal, que busca el gobierno y que impone el FMI, no hará más que deteriorar las condiciones de vida de la población trabajadora y que sea ésta quien pague la crisis. Se vuelve prioridad enfrentar en las calles este pacto de ajuste, repudiar la deuda usuraria y dirigir el ahorro nacional a resolver las necesidades populares.

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