La salida de Guzmán del ministerio de Economía no trajo una ralentización del ajuste, sino por el contrario una aceleración en la reducción del déficit fiscal para cumplir con las metas del FMI. En julio, el gasto corriente del Estado cayó un 10,6% en comparación con el año anterior, y el déficit primario lo hizo un 73,6%. Estos datos surgen del análisis de la ejecución presupuestaria realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

La fuerte contracción del rojo primario se dio a pesar de que en el mes los ingresos mermaron un 2% con respecto al año pasado. Esto porque el gasto primario (que no contempla los intereses de deuda) cayó un 11,5%.

Entre los ítems que más sufrieron la poda, en plena crisis social, se encuentran la Asignación Universal por Hijo, perdiendo un 29,5% real con la inflación interanual y acumulando en los primeros siete meses de 2022 una caída del 10,7%. También se contrajeron las denominadas “políticas alimentarias” un 13,7% interanual, y las transferencias a las universidades se redujeron un 2,1%.

De mayor impacto aún es el ajuste contra los jubilados, que ha adquirido características brutales. Lo ejecutado en el pago de jubilaciones cayó en julio un 0,8% interanual, y la participación de estas en las erogaciones totales del Estado se desplomó al 35%, marcadamente por debajo del 52,7% que tenían cuando asumió el Frente de Todos; es decir que redujo esa proporción del presupuesto público de más de la mitad a poco más de un tercio.

La obra pública ha caído un 9% en comparación con el séptimo mes del 2021. Esto se inscribe en una política de subejecución en el rubro, ya que en lo que va del año se ejecutó tan solo un 39,8% del presupuesto asignado. Es un recorte que tiene en el centro las transferencias a las provincias para gastos de capital, cuyos montos sufrieron un derrumbe del 22,7% en el acumulado del año. Esto profundiza las tendencias a la recesión económica, ya que deprime entre otras la actividad de la construcción, e incrementa la desocupación. Es también motivo rispideces entre el Ejecutivo nacional y los gobernadores.

Como vemos, el paso fugaz de Silvina Batakis por el Palacio de Hacienda ya indicó una orientación de “orden fiscal”, que Massa se propone profundizar. La exministra de hecho adelantó que lo no ejecutado por las dependencias estatales sería engullido por el Tesoro para aliviar el déficit, cuando el informe de la OPC muestra que a julio absolutamente todos los ítems del gasto público llevan un nivel de ejecución menor al del 2021. Incluso, cuando la actualización presupuestaria (menos del 60%) corrió muy por debajo de la inflación estos doce meses.

De hecho, el concepto que está al borde de agotar en su totalidad el presupuesto asignado es el destinado al Potenciar Trabajo, que se encuentra en un 83,6%. Esto explica el cepo al salario mínimo que el gobierno quiere imponer, unos 20 puntos por debajo de la inflación proyectada, ya que el monto del programa equivale a la mitad de este. Es una decisión mantener estos ingresos en niveles de indigencia.

En cambio, a los acreedores de la deuda se les ha pagado en los siete meses 664.395 millones de pesos en intereses, casi el equivalente a la suma de lo que se ha gastado en el mismo periodo en transferencias a universidades, asistencia alimentaria y Potenciar Trabajo. Es un gasto que se está disparando, en la medida en que siguen subiendo las tasas de interés y los bonos están indexados a la inflación y al dólar.

El presupuesto 2023, cuya elaboración se está realizando entre bastidores, tendrá la misma orientación. Ha trascendido que Massa se comprometió a respetar la meta de bajar el déficit fiscal al 1,9% del PBI que fijó el Fondo.

Sin embargo, el fracaso del programa al que se ha llegado con el FMI es evidente, y la tentativa de cumplirlo es pagada por los trabajadores con un retroceso de sus condiciones de vida. Cobra cada vez más importancia la necesidad de pelear por un paro nacional y un plan de lucha para tirar abajo este ajuste.

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