El gobierno envió al Congreso el proyecto de ley para canjear los títulos de deuda en dólares emitidos bajo ley local. Como Martín Guzmán había prometido, el trato que recibirán estos bonos será similar a la última oferta de reestructuración para la deuda externa y hasta incluye una “zanahoria” para quienes se pasen a bonos en pesos.

Se trata de la deuda cuyo pago ha sido “reperfilado” hasta el 31 de diciembre de 2021. En total sumarían unos 46.000 millones de dólares, de los cuales más de 25.000 millones estaría en manos de privados (el resto se halla en posesión de organismos públicos como la Anses). Guzmán aseguró que esperan un sencillo trámite parlamentario y una “adhesión masiva” de los bonistas al canje. Veamos por qué.

Los acreedores podrán elegir canjear sus tenencias por bonos en dólares o en pesos. En el caso de los nominados en moneda estadounidense, no sufren quita alguna de capital los títulos que vencen en 2038 y 2041, mientras que sufrirían un recorte de 3% del capital los que vencen en 2030 y 2035. Los intereses serían progresivos hasta alcanzar el 5%, y comienzan a cobrarse a parir del 4 de septiembre del año que viene.

La oferta es aún más jugosa para quienes acepten pasarse a títulos en moneda nacional. Serían dos bonos con vencimientos más cortos, amortizables a 2026 y 2028. No tienen quita de capital, y cuentan con una cláusula que ajusta el valor de los intereses conforme a la inflación y a otras variables de la economía (el llamado coeficiente de estabilización de referencia -CER), más una sobretasa de entre 2 y 2,5%, Los vencimientos empiezan a cobrarse desde el 4 de mayo de 2021.

Con una cotización oficial del dólar contenida a fuerza de cepo cambiario, el ajuste por CER implica un jugoso rendimiento en moneda dura para los bonistas. Gracias a ello el gobierno festeja el “éxito” del primer test en este rubro, el pasado viernes 17, cuando logró canjear títulos por más de 4.000 millones de dólares por este tipo de bonos en pesos con vencimientos en 2023 y 2024, es decir que serán amortizados casi íntegramente durante el mandato de Alberto Fernández.

Este tipo de cláusulas habían sido incorporadas en el canje de 2005, capitaneado por Néstor Kirchner y Roberto Lavagna. En aquella ocasión, entre otros “endulzantes” como el cupón PBI, también se emitieron bonos ajustables por inflación, mecanismos que compensaron con creces las quitas sobre los bonos reestructurados. Según una columna que el propio Guzmán publicó en 2016 junto a su maestro Joseph Stiglitz, “los acreedores que aceptaron la reestructuración inicial obtuvieron el valor principal del total y hasta 40 por ciento más” (New York Times, 1/4/2016). Para ilustrar, menos de medio año después de aquel “canje más exitoso de la historia” el ajuste por CER ya había acrecentado la deuda cerca de 1.500 millones de dólares.

Otra zanahoria es la emisión de un cupón que capitaliza los intereses corridos desde la última fecha de pago hasta el 4 de septiembre, que terminará de cancelarse en 2030 y que a su vez pagará un interés del 1%. Si faltaba algo, el proyecto incluye una cláusula que establece que si en los próximos cinco años el gobierno sigue reculando ante los bonistas tanto en la oferta por la deuda externa como en la deuda bajo ley local “la mejora se hará extensiva a los tenedores de los nuevos títulos”.

Esta leonina propuesta de reestructuración tiene como objetivo primordial aumentar el atractivo de los bonos del Tesoro nacional para encontrar una vía de financiamiento y sacar así de circulación los pesos que se emiten para cubrir el déficit fiscal, que suman en lo que va del año nada menos que 1,35 billones de pesos. Esto, en medio de una escalada que llevó el dolar blue a cotizar a 130 pesos.

Este rescate íntegro, sin embargo, agrava la “insustentabilidad” de la carga de la deuda. Recordemos además que a los grandes acreedores de la deuda en pesos, como Pimco, se le ofrecerá a su vez una serie de bonos en dólares para que puedan realizar en divisas las ganancias de la “timba financiera” del macrismo. Mientras cede ante los BlackRock -la última concesión ronda los 16.000 millones de dólares- y ofrece “zanahorias” a los bonistas de títulos locales, el gobierno de Alberto Fenández acumula desde su asunción un incremento de la deuda pública de 11.000 millones de dólares, sin contar que siguió creciendo la bomba de las Leliqs hasta superar los 1,72 billones de pesos. La factura de esta hipoteca es el brutal ajuste contra la población trabajadora.

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