En la jornada de hoy, en otra sesión de la Legislatura de CABA en favor de los capitalistas y de espalda a los intereses de los trabajadores, se aprobó una ley impulsada por el gobierno de Larreta cuyo nombre plantea la “integración productiva e impulso al trabajo en barrios populares”. Lo que en realidad implica son beneficios impositivos para empresas que se instalen en los barrios en proceso de urbanización (Villa 31, Playón de Chacarita, Villa 20 y Rodrigo Bueno) y para las que en el futuro se encuentren en esta situación.

Por un lado, se reconoce que solo 4 de los 48 barrios populares que figuran en la ciudad según el RENABAP  están en proceso de urbanización. Por otro lado, oculta que incluso la urbanización en esos 4 barrios es meramente cosmética y no se les da una solución habitacional definitiva a sus vecines.

Este proyecto solo beneficiaría a las grandes empresas que se instalen en el barrio pero no redundará en la generación de puestos de trabajo genuino ya que, como explicamos anteriormente en Prensa Obrera, el proyecto plantea un piso de 30% de trabajadores a contratar del barrio pero con la excusa de que de no encontrar trabajadores capacitados este número podría ser menor, como se observa ya con el banco Santander o el McDonalds que allí se encuentran. Además perjudica a quienes trabajan actualmente en el barrio con sus propios comercios o en ferias ya que deberán competir con empresas de un tamaño mucho mayor y con exenciones impositivas.

De hecho, ya se encuentran preadjudicadas licitaciones para empresas como Farmacity S.A., GIRE S.A y NOBS S.A., a la espera de que esta ley se apruebe, demostrando hacia quiénes está orientado su beneficio. Así como se aprobó de manera casi exprés en el recinto, no pasó por ninguna de las Mesas de Gestión Participativa donde se deberían discutir los proyectos que atañen a los barrios implicados.

Gabriel Solano planteó que entre los rubros que podrán obtener estas ventajas impositivas según la ley aparecen establecimientos educativos y de salud, abriéndole la puerta a las escuelas y clínicas privadas, en muchos casos confesionales, en barrios donde no se lleva adelante la construcción de escuelas y se vacían los Cesacs y los hospitales.

Ahora, desde las bancas del PO-FITU tampoco estamos de acuerdo con la “fetichización de la economía popular” como también expresó Solano en su intervención. El rechazo al proyecto parte de que este no generará igualdad de oportunidades como lo presenta el oficialismo de la ciudad. Por el contrario, persigue una política de expulsión de los vecinos a través de la valorización de la tierra y del hecho de que les trabajadores del barrio que tienen sus comercios no compiten de igual a igual con estas empresas.

Rechazamos este proyecto entendiendo que no va a generar nuevos puestos de trabajo sino que es en beneficio de las empresas que se instalen. Frente a la imposibilidad del capitalismo de garantizar los derechos laborales no nos resignamos a que se le den, bajo el nombre de la “economía popular”, algunos beneficios a los trabajadores informales y no registrados. Desde el Partido Obrero y el Polo Obrero seguimos peleando por trabajo genuino, bajo el convenio colectivo de trabajo correspondiente, y por la urbanización real de los barrios.