Legislatura de Córdoba votó festival de beneficios fiscales para las patronales

La Unicameral de Córdoba aprobó por mayoría el nuevo Régimen de Incentivo a las Inversiones, la Innovación y el Empleo impulsado por el gobernador Martín Llaryora y presentado en el recinto por la legisladora oficialista Verónica Navarro Alegre. Con la excusa de "dar previsibilidad" y unificar normativas de promoción industrial, el Estado provincial pone en marcha una batería de exenciones impositivas escandalosas por hasta 15 años en Ingresos Brutos, Sellos e Impuesto Inmobiliario, además de financiamiento a medida a través del Banco de Córdoba para las empresas

La sanción de los beneficios para las patronales se produce en el marco de un cuadro recesivo que hace estragos con miles de despidos y una caída en la recaudación a lo largo del año (la última fue del 5% en octubre, según datos oficiales). La mencionada ley establece un régimen de “Promoción Industrial Simplificado” destinado a empresas cuyos ingresos brutos anuales no superen los $4.500.000.000; el beneficio establece una eximición del impuesto sobre los Ingresos Brutos por el año en curso para las actividades industriales (excepto operaciones con consumidores finales).

Además, sanciona un régimen de Promoción Industrial General, que incluye la radicación de empresas en parques industriales. Las firmas gozarán de exenciones impositivas por 10 años (100%) en los impuesto sobre los Ingresos Brutos, es decir una exención total sobre los ingresos derivados de la actividad promovida.

En lo que respecta al impuesto inmobiliario hay una exención total sobre los inmuebles afectados de manera exclusiva (o proporcional) a la actividad. El contrapunto con la carga tributaria que las familias trabajadoras deben pagar por su vivienda única salta a la vista.

También las patronales dispondrán de una “asignación estímulo a la capacitación (para PyMEs)”: un incentivo económico equivalente a un (1) Salario Mínimo Vital y Móvil por el plazo de un (1) año por cada nuevo trabajador incorporado a jornada completa y tiempo indeterminado. El estímulo a la capacitación por cada nuevo trabajador contratado se extiende a dos (2) años.

Asimismo, habrá líneas de financiamiento preferenciales. El artículo 25° de la ley faculta al Poder Ejecutivo a acordar con el agente financiero de la Provincia (Banco de Córdoba S.A.) líneas de crédito especiales a tasas preferenciales y/o subsidiadas para la ejecución de proyectos o formación. Esto mientras a las familias endeudadas le aplican una usura.

La sanción de otra Ley de beneficios para las patronales va en línea con lo dispuesto en el Presupuesto de Córdoba 2027: rebajas impositivas para patronales y ajuste salarial.

Una política inviable para reactivar la economía obrera

Con lo dispuesto, el gobierno intenta encarar un problema en ascenso: la falta de trabajo. Aunque de todos modos su política es inviable, y bien vista apunta a delimitarse de la política económica de Milei cuyos aspectos esenciales apoyó: Ley Bases, Pacto de Mayo, Reforma laboral, también acompañó al gobierno nacional en Argentina Week, y por supuesto Rigi, Súper Rigi, y todo lo que sea favorecer a las patronales, que a pesar de las prerrogativas “no sacan los dólares del colchón”. Al contrario, realizan una fuga de activos que en gran medida conquistó en la especulación financiera.

Los últimos datos difundidos recientemente por el Indec a través de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) exponen que el Gran Córdoba registró un severo deterioro en su mercado laboral, trepando la tasa de desocupación al 10,5% durante el segundo trimestre. Y todo indica que la situación no mejorará.

Es que la parálisis industrial no se revierte con planes de subsidios para las patronales. Primero porque los beneficios para patronales planeras no son nuevos en la provincia, sino que es una política de Estado. Lo que también está en el centro de la política económica del gobierno de Llaryora es su ataque al salario y jubilaciones; y en lo que respecta a los puestos de trabajo en la industria la gestión provincial tampoco los garantizan, a través de su ministerio de Trabajo van adiestrando los reclamos obreros en función del interés de las patronales.

Tal como lo reconoció la propia Unión Industrial de Córdoba (UIC), las plantas operan muy por debajo de su capacidad instalada debido al desplome de la actividad y el consumo. Lejos de absorber mano de obra, las patronales industriales descargan la crisis sobre las espaldas de los trabajadores mediante suspensiones y despidos. Como se ve la reforma laboral que los diputados de Llaryora también votaron junto a los radicales no sirvió para generar puestos de trabajo, sino todo lo contrario.

El rol cómplice de la burocracia sindical

Frente a este cuadro de desocupación, ajuste y salarios de miseria, la respuesta de la cúpula de la burocracia sigue siendo la subordinación al PJ provincial; por eso no pelean por el salario, condiciones de trabajo y hace rato que vienen entregando las jubilaciones. Y, tras la llegada del Papa, la CGT predica la "paz social" con los que nos ajustan y despiden.

La burocracia sindical, de todos los colores, está metida de lleno en la orientación de la gobernabilidad para seguir vaciando los bolsillos del pueblo trabajador, mientras el Estado subsidia con exenciones millonarias a los mismos empresarios que suspenden y echan trabajadores a la calle.

La ley de Llaryora demuestra que para los gobiernos los recursos públicos y las rebajas impositivas están al servicio de engrosar las ganancias empresariales, mientras el pueblo trabajador paga el costo de la crisis con hambre, precarización y desocupación. Frente a la complicidad de la burocracia sindical de la CGT y los planes de ajuste de las patronales y el Estado, es urgente organizar la lucha en cada lugar de trabajo, estudio y barrio. Ni despidos, ni suspensiones, reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, reagrupemos fuerzas en el camino de la huelga general, y el fuera Milei.

Luchemos por un programa que verdaderamente defienda el trabajo y el salario, junto a una alternativa política propia de lxs trabajadores. Sobre esta base si se puede desarrollar una economía que defienda el interés obrero y popular.